Un grupo de 14 exembajadores y altos funcionarios diplomáticos de Estados Unidos que sirvieron en Guatemala y en otros países de Centroamérica, solicitaron al presidente Alejandro Giammattei tomar las acciones necesarias para frenar los esfuerzos de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), en contra del proceso electoral y la democracia.
Los exfuncionarios norteamericanos, quienes han laborado en la región durante los últimos 40 años, pidieron al Presidente “en aras de frenar la inestabilidad política, tome definitivamente todas las medidas legales y necesarias para frenar los esfuerzos de la Fiscal General María Consuelo Porras”, ya que junto con sus partidarios, intenta continuamente subvertir la voluntad democrática del pueblo guatemalteco.
Esta noche en #Conclusiones-14 embajadores exembajadores de los EE.UU. y altos funcionarios diplomáticos estadounidenses que sirvieron en Guatemala y en otras partes de Centroamérica durante los últimos 40 años, piden a Giammattei, que detenga a la Fiscal General Consuelo Porras. pic.twitter.com/JsXMD2zChP
— Julián J. Zamora (@JulianZamoraCNN) October 19, 2023
Según mencionaron, en la segunda vuelta electoral, observada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, se produjo un resultado transparente legal, constitucional y abrumador, con la elección popular de Bernardo Arévalo como presidente.
Sin embargo, desde la victoria, los cuatro funcionarios judiciales, así como otros actores que se oponen a Arévalo han trabajado sistemáticamente para socavar y eliminar su mandato electoral con una serie de acciones que equivalen a un “Golpe de Estado postelectoral en cámara letra contra el sistema democrático”.
SEÑALAN AMENAZA CLARA DE PORRAS
Bajo esta misma línea, los exdiplomáticos estadounidenses explicaron que después de las guerras centroamericanas durante la década de 1980, se dedicaron colectivamente a sus misiones con el objetivo bipartidista de la reconciliación pacífica de sociedades, cuya democracia había sido seriamente debilitada por el militarismo, horrendas violaciones a derechos humanos y partidismo político extremo.
“Ese trabajo del pueblo guatemalteco y centroamericano y de sus líderes políticos, está hoy en grave peligro”, aseguraron, al mismo tiempo que subrayaron que desde el retorno a la democracia en 1985, los gobiernos guatemaltecos siempre han respetado los resultados de las elecciones presidenciales.
Por ello, sostuvieron que, ante la amenaza clara y presente a la democracia guatemalteca por parte de la Fiscal General, Giammattei debe actuar de manera decisiva para garantizar que la voluntad soberana del pueblo sea respetada e implementada.
“Como estadounidenses, sabemos que este trabajo para consolidar la gobernabilidad democrática nunca debe darse por sentado, ni siquiera en nuestro país. Es esencial que el presidente Giammattei y su gobierno actúen para atender el llamado de los pueblos que exigen el apartamiento del cargo de Porras para garantizar que se respete la elección democrática y soberana de los ciudadanos guatemaltecos y la transición pacífica del poder”, recalcaron.
El comunicado está firmado por los siguientes exfuncionarios estadounidenses:
Frank Almaguer, Embajador de Honduras, 1999-2002
Bernard Aronson, Subsecretario de asuntos InterAmericanos 1989-1993
Prudence Bushnell, Embajadora de Guatemala, 1999-2002
John Freely, Embajador de Panamá, 2015-2018
Lino Gutierrez, Embajador de Nicaragua, 1996-1999
John Hamilton, Embajador de Guatemala, 2003-2005
Fitz Haney, Embajador de Costa Rica, 2015-2017
John Maisto, Embajador de Nicaragua, 1993-1996
Stephen McFarland, Embajador de Guatemala, 2008-2011
James Michel, Embajador de Guatemala 1986-1989
James Nealon, Embajador de Honduras, 2014-2017
Anne Petterson, Embajadora de El Salvador, 1997-2000
Peter Romero, Subsecretario de asuntos del Hemisferio Occidental 1998-2000 y Encargado de Negocios El Salvador 1992-1995
Kevin Whitaker, Embajador de Colombia 2014-2019
SOLICITAN LA RENUNCIA DE PORRAS
Desde el pasado 2 de octubre, el país vive una serie de manifestaciones y bloqueos en diferentes puntos del país, que tienen como solicitud la renuncia de la Fiscal General, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, así como el titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana.
Dicha solicitud es debido a las constantes acciones en contra del Movimiento Semilla, y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), incluyendo solicitudes de información, allanamientos, e incluso el requerimiento del retiro de inmunidad de los magistrados del ente electoral.
Sin embargo, el punto de inflexión ocurrió el pasado 29 y 30 de septiembre, cuando entre empujones con los magistrados del TSE, la FECI decidió secuestrar las Actas No.4 y No. 8 que guardan la pureza y dan certeza jurídica al proceso electoral.
