La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) mostró su preocupación por las diligencias del proceso de antejuicio en contra del juez.
La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) mostró su preocupación por las diligencias del proceso de antejuicio en contra del juez. Foto: La Hora / Archivo.

La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) mostró su preocupación por las diligencias del proceso de antejuicio en contra del juez Noveno de Sentencia Penal, Carlos Ruano, por lo que señaló que este procedimiento no debe constituirse en un instrumento de criminalización en represalia por denunciar un delito contra la independencia judicial.

En un comunicado compartido este jueves 27 de julio, recordó que la Relatora Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la independencia de jueces abogados, el pasado 14 de julio manifestó su grave preocupación por el proceso contra Ruano.

La Relatoría de la ONU resaltó que el proceso puede constituirse en una represalia por su labor oficial en casos de corrupción, y por el hecho de denunciarlos, lo cual se ha convertido en patrón de criminalización contra operadores de justicia anticorrupción, y por lo cual instó a las autoridades a tomar medidas para garantizar que los jueces no sufran ataques a su trabajo, según mencionó AGJI.

“Nos unimos al requerimiento de la señora relatora, para que en las diligencias de antejuicio promovidas en contra del juez Ruano Pineda, se observen las garantías del debido proceso, y no constituyan un instrumento de criminalización, en represalia por denunciar un delito contra la independencia judicial”, señaló.

SEÑALA A FUNDACIÓN CONTRA EL TERRORISMO

Asimismo, la Asociación se solidarizó con el juez Ruano, quien es vicepresidente de la AGJI, y expresó su preocupación por la promoción de las diligencias, las cuales se fundamentan en hechos espurios y se han gestionado con total inobservancia de garantías, procedimentales, a criterio de la organización.

Lo anterior, ya que se ha permitido, entre otras cuestiones la intervención de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), a la cual no le constan los hechos de manera directa, lo cual es requisito legal para admitir las diligencias, según explicó la AGJI.

Además, la Asociación hizo un llamado a la ciudadanía, organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos, a estar atentos y darle acompañamiento a la labor de jueces independientes, cuya función constituye un pilar fundamental de la democracia y del Estado de Derecho.

CONTINÚA PROCESO CONTRA RUANO

El vocal I de la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal, Jorge Valladares, citó el pasado jueves 27 de julio al togado para que declare y presente las pruebas de descargo en el caso derivado de una denuncia de la FCT por supuestamente haber cometido delitos al denunciar a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling.

La denuncia de la FCT fue presentada contra Ruano, luego que el juez Décimo de Primera Instancia Penal, Víctor Cruz decidió cerrar el proceso penal en contra de Stalling, tras declarar sobreseimiento a su favor por los delitos de tráfico de influencias y resistencia con agravación.

Según el juez Cruz, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) presentó incongruencias en la acusación y elementos de prueba en contra de Stalling, por lo cual logró ser reinstalada dentro de la CSJ.

Stalling logró ser magistrada Vocal VII de la CSJ, integrando la Cámara Civil, luego de más de 5 años de ser apartada del cargo derivado de una denuncia presentada por el juez Ruano, quien señaló que la entonces magistrada le habría presionado para beneficiar a su hijo Otto Fernando Molina Stalling con arresto domiciliario.

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