Por Eder Juárez
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El presidente Alejandro Giammattei dio a conocer que por haber creado la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, tres abogados le presentaron un recurso de inconstitucionalidad, las cuales laboraban para el Ministerio de Economía y el Fondo de Solidaridad, “ve que de al pelo, díganme sino son los propios los que están metidos en actos cochinos los que no quieren que nosotros trabajemos, pues acabo de dar la orden de que los sustituyan y los saquen ahorita de sus oficinas”, señaló ayer el mandatario.
El mandatario no indicó quiénes eran los abogados que presentaron la inconstitucionalidad, sin embargo, La Hora pudo verificar que son: Beatriz del Val Herrera con el auxilio de las abogadas Karen Esther Gallo Miranda, Beatriz del Val Herrera y María Ana Paula Paz de León.
EL ARGUMENTO GENERAL
Dentro de la acción, las abogadas indican que artículos y frases del Acuerdo Gubernativo 28-2020 son inconstitucionales, porque confieren atribuciones y funciones propias del Ministerio Público (MP) a una comisión temporal, es decir, la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, que al igual que las secretarías presidenciales son instancias de apoyo para el Presidente y no pueden ejercer funciones ministeriales, señalaron las abogadas.
ABOGADAS HAN PRESTADO SERVICIOS PARA EL EJECUTIVO
Al realizar una búsqueda en el Portal Guatecompras, se verificó que la abogada Beatriz del Val Herrera, está contratada para la prestación de servicios profesionales en la Unidad de Convoyes del Fondo de Solidaridad del Ministerio de Comunicaciones, desde el 2017 le fueron adjudicados seis contratos por un monto total de Q737 mil 195.84.
En tanto la abogada Karen Esther Gallo Miranda está contratada para prestar servicios profesionales en la Coordinación Jurídica del Fondo de Solidaridad del Ministerio de Comunicaciones, desde el 2018 le fueron adjudicados cinco contratos con un monto total de Q272 mil 610.75.
Mientras que María Ana Paula de Paz de León, tuvo un contrato en el Ministerio de Economía, adjudicado en abril del 2019, por un monto de Q171 mil, para prestar servicios profesionales en el Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía. El contrato ya no se encuentra vigente.
Sin embargo, el mandatario mencionó ayer que los abogados aún laboraban en las mencionadas instituciones y que pediría su destitución inmediata.
