Por Eder Juárez
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Luego de la denuncia presentada por el exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI), Andrei González, en contra de la fiscal general, María Consuelo Porras, analistas consideran que Porras debe nombrar un Fiscal Especial que investigue la denuncia en su contra, con independencia y objetividad.
El abogado constitucionalista, Gabriel Orellana, indicó que la Fiscal General debe ser muy prudente en la forma en que maneje este caso porque obviamente lo que haga le van a enrostrar que está actuando por motivos personales.
“A mi juicio ella efectivamente debiera de tratar de hacer pública en el más alto grado posible su imparcialidad y objetividad, aunque se refiera a ella, y por lo mismo lo más prudente es que (Porras) nombre un Fiscal Especial que investigue el hecho y que sea una persona de prestigio para que no dé lugar a dudas de su imparcialidad y por supuesto su idoneidad” dijo Orellana.
Agregó que esta podría ser la oportunidad en la que Porras se pueda poner un clavel en el ojal, si logra una investigación imparcial en su contra, “pero debe ser muy serena, prudente y consciente que pesa sobre ella el prestigio de aquí en adelante de esa institución, nunca se había visto este tipo de cosas”.
Según Orellana, hay una necesidad de que el propio Ministerio Público se auto depure o que demuestre que es capaz de operar imparcialmente. “Por eso es que debe de haber una investigación muy profunda, muy seria y objetiva si es que quieren dotar de prestigio al MP, de lo contrario vamos en el camino trillado que en vez de mejorar vamos en retroceso”, anotó.
ROHRMOSER: INVESTIGACIÓN DEBE SER INDEPENDIENTE
Además, el entrevistado indicó que, en aras de buscar esa objetividad e imparcialidad, la Fiscal General, de oficio debiera pedir medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a favor de los Fiscales y que se ve que de buena fe ella (Porras) está actuando en el principio de institucionalidad.
Por su lado el abogado constitucionalista, Rodolfo Rohrmoser dijo que todo es materia de investigación, pero el MP debe hacer la investigación pues es su obligación, “para mí la Fiscal General debe de inhibirse de conocer la investigación que se realice, porque es muy lamentable que eso suceda dentro de esa entidad”.
Rohrmoser refirió que es necesario que se nombre un Fiscal Especial para investigar esta causa, “eso es lo pertinente, porque siendo juez y parte al mismo tiempo ella debe de inhibirse y permitir que se investigue”.
De acuerdo con el abogado, la investigación debe ser de manera independiente y con la objetividad necesaria, “es absolutamente necesario que la investigación sea independiente, porque si no mejor no hacer nada, porque naturalmente la Fiscal General no debe intervenir en esto más que como parte y no como investigadores, pero algo hay que hacer, ya que esto no debió haber sucedido, pero ahora que ya hay ese planteamiento, hay que investigarlo porque si es muy desagradable”, señaló.
EL FISCAL ESPECIAL EN LA LEY ORGÁNICA DEL MP
En la Ley Orgánica del Ministerio Público se contempla que entre sus funciones el jefe del MP pueda nombrar a un fiscal para asuntos especiales, en el artículo 11, inciso 8, que dice: Nombrar, de entre los miembros del Ministerio Público, fiscales para asuntos especiales. También podrá nombrar como fiscal especial a un abogado colegiado para atender un caso específico o para garantizar la independencia en el ejercicio de la función.
Asimismo, se hace mención de los Fiscales Especiales en el artículo 44, que señala que “los fiscales especiales serán contratados para casos específicos cuando sea necesario garantizar la independencia de los fiscales en la investigación y promoción de la persecución penal. Tendrán las mismas facultades, deberes y preeminencias que los fiscales de distrito o sección y actuarán con absoluta independencia en el caso que se les asignó”.
Ayer se conoció una denuncia penal en contra de Porras realizada por el exfiscal Andrei González, quien la señala de los delitos de abuso de autoridad, denegación de justicia y obstrucción de la justicia, por supuestamente haber obstaculizado la judicialización del Caso de Financiamiento Electoral Ilícito de la UNE.
