La Fiscal General María Consuelo Porras dejará el cargo, que ha ostentado por los últimos ocho años, el 16 de mayo entrante, aunque antes intentara, sin éxito, asegurar inmunidad con una magistratura en la Corte de Constitucionalidad.
Ante el fracaso de Consuelo Porras en el Consejo Superior Universitario (CSU) por el rompimiento de los lazos con el rector Walter Mazariegos, cuyas fuerzas eligieron a otra magistrada, pero también en la Corte Suprema de Justicia —que favoreció a actores que han sido impulsadas por el llamado lobby antiembajada—, ¿qué opciones podrían quedarle a la jefa del Ministerio Público al dejar el cargo?
La Hora se puso en contacto con tres analistas quienes concuerdan en que son limitadas y estrechas las opciones de la abogada nombrada en el cargo por Jimmy Morales (2016-2020) y ungida con el voto de Alejandro Giammattei (2020-2024) para un segundo periodo. Los expertos son Alejandro Rodríguez, coordinador de Litigio Estratégico del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG); Ovidio Orellana, abogado constitucionalista y expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), y Renzo Rosal, politólogo y docente.
ENFRENTAR LA JUSTICIA O SALIR DEL PAÍS
A su salida del Ministerio Público y sin alianzas fuertes en la academia o en la Corte Suprema de Justicia —a las cuales ella habría acudido para asegurar un puesto en el alto tribunal constitucional—, Consuelo Porras perdería la inmunidad y quedaría sujeta a cualquier acción legal en su contra como cualquier ciudadano. Así lo remarcó el abogado constitucionalista Ovidio Orellana.
«No tiene ninguna oportunidad, salvo que sea fiscal general, pero es completamente inviable», subrayó Alejandro Rodríguez, quien también fue secretario de Política Criminal del Ministerio Público (MP) durante la gestión de Claudia Paz y Paz (2010-2014).
Rodríguez comparó el caso de otros funcionarios que han abandonado Guatemala y han viajado a países como Panamá, por ejemplo, donde no existen tratados de extradición, en un contexto en el que hay posibilidades de que ella negocie su salida.
El analista Alejandro Rodríguez, del ICCPG, recordó entonces la reciente resolución del juez Fredy Orellana, que benefició al expresidente Jorge Serrano Elías al anular órdenes de captura en su contra. Serrano protagonizó en 1993 el rompimiento del orden constitucional, al que se le denominó «Serranazo», por intentar disolver el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
«Ya no tiene ningún respaldo político», reiteró Rodríguez.
El expresidente del colegio profesional, Ovidio Orellana, no descartó entonces la posibilidad de que Consuelo Porras deje el país, pese a que su entrada está vetada en al menos 40 países, quienes la señalan de haber sido parte del socavamiento democrático de Guatemala mediante la instrumentalización del sistema de justicia.
El politólogo Renzo Rosal descartó una salida en forma de exilio voluntario, ya que aún se está a la espera de cómo se consolidará la correlación de fuerzas con eventos próximos como la integración de la Corte de Constitucionalidad y la elección de Fiscal General, donde ella busca reelegirse pese a la postura y opinión que el presidente Bernardo Arévalo tiene hacia ella, siendo responsable de designar a su sucesor.
«Ese escenario no se está viendo. No lo está viendo ella. No lo está viendo nadie porque creo yo que los episodios previos tienen que ver con si se logra que el bloque dominante siga ostentando el poder de instituciones clave, como la Corte de Constitucionalidad y la joya de la corona (en alusión a la elección de Fiscal General). Si las coordenadas y el tablero se juega a su favor, este escenario de salir del país no tendría sentido. Caso contrario, si la correlación le es adversa», explicó Rosal.
Como lo ve el analista, Porras podría prever que en el corto plazo no sea investigada o sea sometida a un proceso que la obligue a salir del país, y en caso de serlo, está lejos de cobrar efecto.
No obstante, estableció Nicaragua como un destino posible al que podría optar. «Aunque también tiene sus propias volatilidades, pendientes de un hilo en la dictadura Ortega-Murillo», añadió.
REELECCIÓN COMO FISCAL GENERAL Y UN ENTRAMPAMIENTO DE LA POSTULADORA
El abogado, que ha sido cercano al MP, mencionó que luego de la CC, por medio de la CSJ y el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), aún le queda la reelección aunque «obviamente es cuesta arriba su oportunidad de quedar. El presidente tiene que nombrarla y sería muy improbable, pero pensar más allá es entrar en el terreno de lo especulativo», por lo cual se reservó no inferir sobre cómo Consuelo Porras podría actuar.
Alejandro Rodríguez, por su parte, manifestó la posibilidad de que se prolongue el proceso de elección de su sucesor y así la probabilidad de que Consuelo Porras permanezca más tiempo en el cargo.
El profesional penalista sustenta dicha preocupación con un amparo que ha sido promovido por Diego Sagastume, un abogado que alegó fraude en 2023 y ha sido beneficiado con amparos en contra de los procesos electorales del Colegio de Abogados. «Ya sabemos que a ellos regularmente les favorecen [los tribunales]».
Aunque «en términos generales ya no le queda ninguna opción», Rodríguez advirtió que el amparo presentado podría retroceder todo el proceso.
Esta idea de prolongar sus funciones como titular del Ministerio Público fue rebatida por el expresidente del CANG, Ovidio Orellana, quien señala que el plazo a Porras se vence el 16 de mayo, y en caso de no concretarse aún su sucesor, será relevada interinamente.
El 15 de enero de 2025, el fiscal regional metropolitano, Dimas Jiménez y Jiménez —del círculo cercano y hombre de confianza de Porras Argueta— fue ratificado como sustituto temporal de la Fiscal General en caso de ausencia, suspensión, falta o impedimento.
LAS ÚLTIMAS OPORTUNIDADES DE LA FISCAL
Para el abogado cofundador del ICCPG, existe una última posibilidad por la cual Porras podría asegurar su regreso a la Corte de Constitucionalidad —habiendo sido electa en 2016 para la suplencia hasta que Jimmy Morales la escogió para dirigir el ente investigador—, mas recalcó que caería en especulación, y sería de nuevo por el CSU.
Para ello, Porras debió haber impugnado el proceso en el cual Julia Marisol Rivera resultó electa como magistrada ante la CC con el respaldo de Walter Mazariegos y la mayoría de cargos vencidos de consejeros.
Debido al hermetismo de la Usac, únicamente se conoce de un proceso que recibió la Universidad de San Carlos para frenar la decisión de Rivera, señalando que ella habría presentado documentos falsificados.
Una denuncia fue presentada ante el Ministerio Público, cayendo en la Fiscalía contra la Corrupción. No obstante, de darse un posible caso de anulación de la magistratura de Rivera, Consuelo Porras aún debería concretar alianzas para poder ser electa, y cabe destacar que durante el proceso de votación en el CSU, ninguno de los consejeros votó por ella.
Renzo Rosal ve desde otro punto el futuro de la Fiscal General saliente, suponiendo que no todas sus puertas se han cerrado.
«De manera hipotética, una de las posibilidades de lo ocurrido en la Suprema es que haya sido una negociación. La Fiscal General podría confiar en que la correlación le va a seguir siendo positiva en la CC y que, inclusive, pudiera haber una continuidad de alguien cercano a su línea de acción en el MP. La opción B es seguir siendo protegida y blindada, continuar con respaldos. Hoy por hoy, nadie la va a perseguir, salvo que pueda darse un cambio muy abrupto en el MP. Ella confía de momento en que no va a ser perseguida. La correlación de momento está dos a dos y habrá que ver la designación del Congreso y de eso dependería que un blindaje a Porras cobre intensidad o importancia».
Diputados eligen a Molina Barreto y Rosales Marroquín como magistrados de la CC
