La Gremial de Pilotos del Transporte Pesado había anunciado un paro nacional en rechazo a la implementación de multas por la ausencia del Sistema Limitador de Velocidad (SLV) en unidades de transporte pesado de carga y pasajeros.
Ahora, tras la amenaza de paro, la gremial ha dado marcha atrás luego de llegar a acuerdos con diputados del Congreso de la República para prorrogar dicha aplicación y optar a otros recursos, como regular las unidades o declaraciones juradas de los pilotos.
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El presidente de la Gremial, Rony Mendoza, afirmó a La Hora que no continuará con la manifestación contra la medida del Gobierno que buscaba hacer efectiva la legislación aprobada en 2016 y que por casi 10 años su totalidad aún no entraba en vigencia.
«¿Para qué vamos a parar si ya ganamos lo que queríamos? Como dijo un amigo, se asustaron con el petate del muerto porque nosotros íbamos a parar, pero sin necesidad de hacer el paro, gracias a Dios nos escucharon», señaló.
La negativa que se tiene ante el mecanismo limitador o reductor de velocidad, como lo señala el presidente de la Gremial, es que «no sirven y era un gasto innecesario». Se puede hacer sin gastar en aparatos».
El paro estaba programado para el lunes de la próxima semana, pero después de las últimas dos reuniones que han dirigido los transportistas en la sede parlamentaria, como la última de este viernes 27 de febrero con el presidente del Congreso, Luis Contreras, se informó que de urgencia nacional se conocerá en el pleno el próximo martes para dar pie a la contrapropuesta.
La medida del Organismo Ejecutivo también surgió en un contexto donde accidentes de buses han cobrado la vida de cientos de pasajeros, uno reciente en la vuelta «el Chilero», carretera a El Salvador; «la cumbre de Alaska», Quetzaltenango; o el de hace un año en la calzada La Paz con al menos 50 personas fallecidas.
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REGULACIÓN EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE Y DECLARACIÓN JURADA
El dirigente de la gremial propone que se regulen independientemente y con la configuración de cada unidad, sumado a una declaración jurada que haga constar que el camión o camioneta ha sido modificado para no exceder los 80 km/h.
«De Q200 que vamos a gastar con un certificado de abogado, a Q5 mil que querían que gastáramos por unidad, creo que es una gran diferencia», expresó.
El presidente de la Gremial explicó que la propuesta de declaración jurada busca establecer por un medio legal el escrito donde haga constar que la unidad de transporte pesado o de carga ha sido modificada; «automáticamente va a tener presión y la multa al propietario (…) ya la unidad, hasta que se funda, va a trabajar de esa manera».
«La regulación va de que va porque estamos de acuerdo en que nos controlen la velocidad porque así vamos a evitar un montón de accidentes (…) Los limitadores no sirven porque era un gasto innecesario, porque se puede hacer sin gastar en aparatos. El regular la velocidad, sí. El aparato no, que son dos cosas distintas», añadió.
OTRAS PROPUESTAS DE LOS TRANSPORTISTAS
Mendoza compartió dos medidas que fueron propuestas desde el sector de transportistas para reducir la velocidad, y con ello un efecto positivo para contrarrestar el número de accidentes viales.
Por ejemplo, básculas a nivel nacional que verifiquen que los camiones que no sobrepasen el peso.
«Hay camiones que están capacitados para jalar hasta mil quintales pero para poder tener un frenado óptimo hay que llevar la carga que establece la ley, 440 quintales (…) Estamos buscando que las empresas que sobrecarguen las unidades sean multados. Aquellos que causen accidentes y estén sobre cargados», subrayó.
El dirigente de los transportistas consultado por La Hora y que estuvo presente en las reuniones en la sede del Legislativo, fue claro en que trabajarían con el Gobierno, o «al menos con los diputados del Congreso que estuvieron dispuestos a escuchar».
Multas a los pilotos directamente sería otra opción sobre la mesa, para que en unidades reguladas, pero cuyo conductor desconecte los frenos y excede los 80 km/h sea multado, primero llegue una sanción de Q1 mil, la segunda de Q3 mil y una última de Q5 mil con suspensión de la licencia, como lo ejemplifica el presidente.
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