La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se encuentra en vigilancia de los procesos de renovación de instituciones claves en el país, ahora con los ojos puestos en el órgano temporal que definirá la lista de donde saldrá el nuevo o nueva Fiscal General.
El jefe de la Misión de Acompañamiento de la OEA, Carlos Ayala Corao, remarca que se encuentran en su segunda visita al país en un contexto donde convergen el cambio de las autoridades en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Ministerio Público (MP), llamadas entonces elecciones de segundo grado.
La visita de la comunidad internacional responde a la coincidencia histórica de que en 2026 se renueven simultáneamente las altas autoridades, como lo hace ver el jefe de la Misión abordado en la entrada del Palacio de Justicia, donde se reciben expedientes de aspirantes a Fiscal General (2026-2030).
#AhoraLH | Carlos Ayala Corao, jefe de la Misión de Observadores de la OEA se refiere a la visita a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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— Diario La Hora (@lahoragt) February 19, 2026
«Vinimos a ver cómo se ha instalado la recepción de documentos de la Comisión de Postulación de Fiscal General (…). Hemos hecho una serie de sugerencias para que se pueda contar con las mejores candidatas y candidatos que cumplan requisitos y que tengan un perfil adecuado para ser Fiscal General de la Nación», explica el observador internacional.
Para Corao, la coyuntura y estas elecciones de segundo grado tendrán un efecto de contribuir al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones, pero que, de lo contrario, significaría un debilitamiento de las mismas.
«Es un año donde Guatemala se está jugando el futuro de su democracia. Los ojos del continente y del mundo están en Guatemala», advierte.
Como lo describe el jefe de la Misión, el Ministerio Público dentro de la Carta Magna es una autoridad fundamental «en la investigación y en el ejercicio de las acciones penales, no solamente en la lucha efectiva contra el crimen, sino para garantizar la tranquilidad y seguridad, y el ejercicio de los derechos humanos, su protección y los estándares internacionales».
El Ministerio Público ha estado a cargo de María Consuelo Porras por los últimos 8 años, elegida por los expresidentes señalados de corrupción Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, cuya última administración fue foco de críticas por remoción de fiscales de carrera, criminalización de periodistas y jueces, casos que han sido desarticulados bajo Porras y un alza en los índices de impunidad, según organizaciones.
La misión observa el proceso en todas sus etapas, desde la instalación de la Comisión y la recepción de expedientes en el Palacio de Justicia, la cual concluye mañana viernes 19 de febrero, y que hasta el momento reúne cuatro candidatos.
Entre las observaciones que ha emitido la OEA, con cerca de 13 comunicados a lo largo de la renovación de autoridades en estas tres instituciones, se ha destacado la importancia de no regirse únicamente por los requisitos establecidos constitucionalmente y en ley, sino la conformación de un perfil, que admita no solo idoneidad, y que incluya requisitos éticos, «para que puedan haber buenos y buenas candidatas, que sean calificados y que la designación sea en una persona idónea para el fortalecimiento de las instituciones democrática», argumenta.
El equipo internacional está integrado por el jefe, Carlos Ayala Corao, de Venezuela, pero también por Marcela Ríos Tobar, de Chile, y María Paulina Aguirre, de Ecuador. A los tres expertos se les suma el técnico de la OEA. Los tres integrantes de la misión han sostenido reuniones con sociedad civil, sectores empresariales, eclesiásticos, el presidente, el Congreso de la República y las altas cortes, CC y CSJ.
Corao cerró con la expectativa de que varios perfiles se presenten ante la Comisión de Postulación, ya que «Guatemala tiene de sobra candidatos que cumplen con estos altos estándares que permiten escoger entre los mejores».
El observador de la OEA entonces destacó que quien dirija este órgano responsable de la investigación en el país debe tener el conocimiento penal y con un enfoque de protección a los ciudadanos, que no criminalice necesariamente, que esté presente en una lucha efectiva y eficiente contra el crimen y el crimen organizado, dentro de las garantías del debido proceso y de los derechos humanos.
