Berner García, el consejero de la Usac que defiende la elección de la CC pese a tener el cargo vencido desde 2024

Danny de León

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) inició este jueves la recepción de expedientes de los profesionales aspirantes a magistrados (titular y suplente) ante la Corte de Constitucionalidad (CC). Sin embargo, el proceso arranca en medio de cuestionamientos: 32 de sus 41 consejeros tienen el plazo de su cargo vencido.

Entre los integrantes con mandato prorrogado se encuentra el abogado Berner García García, cercano al rector Walter Mazariegos. García, quien debió entregar el cargo en 2024, acudió hoy al centro de votaciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para elegir a su sucesor, mientras defiende la legitimidad de que un CSU no renovado designe a los próximos jueces constitucionales.

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La Hora lo abordó por conocer su opinión sobre la prolongación de funciones de esos 32 miembros del CSU y la legitimidad de las designaciones en las que participen.

«Son válidas porque nuestros estatutos establecen que mientras no llegue el sustituto en el ejercicio está actuando la persona. Ahí viene un choque de normas, o voy o no voy al Consejo. Si voy, prolongación de funciones, y si no voy estaría, incumpliendo mis deberes. Hay ahí dos acciones delictivas que están antinomia», argumentó.

El actual profesional no catedrático del CANG que busca su reelección atribuye otros cargos no renovados a pugnas entre colegios profesionales, como el de Ciencias Económicas o Ingeniería.

Tres misiones internacionales que observan desde el año pasado las elecciones de segundo grado han expresado su preocupación por la elección de magistrados titular y suplente de la CC que está por efectuar el CSU.

Se trata de las misiones de la Organización de Estados Americanos y de Acompañamiento de la Unión Europea, así como el Panel de Personas Expertas Independientes de Guatemala (PEI-GT).

La nota de La Hora Abogados señalan celeridad de tres magistrados en votación del CANG, pero silencio ante crisis de Usac recuerda que en diciembre de 2025, la CC ordenó a la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo dar un plazo prudencial al CSU para convocar elecciones bajo apercibimiento de encausamiento penal por desobediencia.

La Corte reconoció entonces que el retraso era “fácticamente intolerable” y que la ejecución parcial de sus fallos debilitaba la certeza jurídica.

Pese a ello, el CSU —controlado mayoritariamente por el rector Walter Mazariegos— ha avanzado solo en renovaciones parciales y mantiene en funciones a consejeros vencidos, quienes además participarán en la elección de magistrados de la próxima CC.

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La Usac es la tercera entidad que se suma a la recepción de expedientes para la renovación de la Corte de Constitucionalidad. Le antecedieron el CANG, donde Astrid Lemus y el exrector de la Usac, Estuardo Gálvez, se disputarán el puesto en segunda vuelta el próximo 12 de febrero; y el Congreso de la República.

Aún hace falta que el presidente Bernardo Arévalo abra el proceso para recibir expedientes de candidatos, en lo que él aseguró no sería una designación directa; y por último, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyos magistrados aún no se ponen de acuerdo para elegir presidente.

CARGO VENCIDO Y DIRECTOR DE LA ESCUELA DE PSICOLOGÍA

La estadía en un cargo vencido no ha sido la única crítica que ha tenido el abogado García García, egresado de la Usac, ya que en agosto de 2025 fue nombrado como director de la Escuela de Ciencias de Psicología, pese a no tener un título de dicha profesión.

Al respecto, respondió que únicamente obedeció al mandato que le fue otorgado por el CSU, «me guste o no me guste, tengo que aceptarlo (…) sabía que no era psicólogo, pero te sé decir que sí sé de normas universitarias, administración, gestión de recursos».

«Yo sé que puede ser criticado el nombramiento, pero el nombramiento fue ejecutado, cuando llegó la sentencia de la Corte, que decía que no procede, se entregó el cargo», añadió.

Se le cuestionó sobre si existía o no la posibilidad de renunciar al cargo, a lo cual argumentó lo siguiente:

«Todo lo que te da el Consejo Superior lo tenés que cumplir, a excepción de que yo muy en particularmente diga que renuncio (…) No podía (renunciar) porque como me lo mandaba el Consejo era como decirles que me proponen y no soy capaz», concluyó.