Ciudadanos presentaron tachas ante la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en contra de aspirantes a magistrados en el tercer y último día para recibir pruebas de descargo.
En su pronunciamiento, la sociedad civil, demanda que comisionados usen criterios independientes y sentido común para calificar idoneidad y honorabilidad.
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«En el ejercicio venimos con tachas debidamente fundamentadas con documentos emitidos por organizaciones internacionales, organismos de protección de derechos humanos regionales, la Comisión y la Corte Interamericana», dice María Eugenia Solís, una abogada que se identificó como especializada en derechos humanos.
Las tachas se presentaron en contra de Gilma Valladares, Carlos Solórzano, Lesther Castellanos, Douglas Charchal y Estuardo Castellanos.
#AhoraLH | Ciudadanos también presentan señalamientos contra Gilma Valladares, Carlos Solórzano, Lesther Castellanos, Douglas Charchal, Estuardo Castellanos, quienes aspiran dirigir el Tribunal Supremo Electoral.
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— Diario La Hora (@lahoragt) February 3, 2026
A lo anterior se suman las pruebas de descargo presentadas en contra del procurador de los Derechos Humanos (PDH), José Alejandro Córdova por el diputado José Chic.
Los ciudadanos también expresaron su rechazo a la participación de políticos partidistas y piden que no se tome en cuenta a los magistrados que presentaron su postulación, al considerar que, «demostraron falta de identidad en defender el proceso electoral».
«En su cara les bajaron las cajas, la fiscal y un juez de quinta categoría avasalló, allanó todas las instalaciones y ellos pintados con cara de inútiles», remarcaron.
«Relatores que han visitado nuestro país en múltiples ocasiones para evaluar el estado de extorsión de la justicia, su deterioro y erosión total (…) No queremos personas que han estado involucrados hasta la fecha en actividades antidemocráticas y golpistas, y los conocemos quienes son porque difunden. Se atreven a postularse habiendo difundido mensajes golpistas y haciendo un activismo a favor de fraude y todo lo demás», agregan.
También exigen que, en este proceso, los comisionados utilicen criterios independientes, inteligencia y el sentido común para no depender únicamente de sentencias penales para medir la idoneidad y honorabilidad de los candidatos a magistrados.
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«Tampoco hay sentencias porque tenemos 8 años en que más que nunca la justicia está dependiendo de estructuras criminales, de la delincuencia organizada, de lo que llamamos el «pacto de corruptos»», dice la abogada al cierre de su mensaje.
