La Unión Europea confirmó que las sanciones impuestas a actores antidemocráticos, incluidos entre ellos la Fiscal General, Consuelo Porras, han sido renovadas y estarán vigentes hasta el 13 de enero de 2027.
Ante esta situación, el Ministerio Público (MP) que dirige Porras respondió que «tales ‘sanciones’ impuestas por actores externos carecen de fundamento jurídico».
El Ministerio Público, cuya jefatura será renovada en mayo próximo, reitera en una respuesta a La Hora que dichas acciones no tienen efectos legales en el ordenamiento guatemalteco, o no inciden en modo alguno en la labor investigativa que la institución desarrolla.
Unión Europea renueva sanciones contra Porras, Curruchiche, Orellana, Pineda y otros actores
La institución recuerda que el MP es un ente autónomo e independiente, sujeto únicamente a la Constitución Política de la República de Guatemala, a su Ley Orgánica y al control jurisdiccional de los tribunales de justicia, que en consecuencia, «no está subordinado ni sujeto a la supervisión de ningún ente internacional, ni sus funciones pueden ser condicionadas por decisiones ajenas al sistema jurídico nacional».
Estas acciones no únicamente afectan a Porras, sino a su círculo cercano, como al secretario general del MP, Ángel Pineda, al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, a la fiscal de la FECI Leonor Morales, o al juez Fredy Orellana.
El ABC de las sanciones de la Unión Europea a guatemaltecos: por qué, cómo y a quiénes afectan
«Resulta lamentable el desconocimiento del funcionamiento del sistema de justicia guatemalteco que evidencian este tipo de medidas, así como el uso de mecanismos externos para desacreditar el ejercicio legítimo de la acción penal. Más grave aún es que dichas acciones vulneran los derechos humanos de fiscales y personal del Ministerio Público, quienes han sido objeto de presiones, amenazas y señalamientos por el solo hecho de cumplir con su deber constitucional de investigar hechos denunciados», dice la institución.
«Estas acciones revelan un interés evidente en obstaculizar las investigaciones, desacreditar a la institución y procurar impunidad en favor de determinados actores, con el único fin que la verdad sea conocida y sometida al escrutinio de los tribunales de justicia», concluye el MP.
