A 10 días para que se cumpla el plazo en que debe ser conformada la Comisión de Postulación para magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), rectores y decanos de derecho de las universidades privadas aún no escogen a sus representantes para la postuladora.
Y hoy, la coalición de organizaciones de sociedad civil, Alianza por las Reformas, hace un llamado a las universidades privadas para priorizar perfiles con trayectoria ética en «este momento decisivo» que vive Guatemala, se «garantice elecciones generales libres e imparciales en 2027 y 2031».
«La conformación del Tribunal Supremo Electoral abre una oportunidad para fortalecer la democracia y el Estado de derecho», agrega la entidad en un comunicado.
Perfiles con trayectoria ética, transparencia, compromiso con el interés público y libres de cuestionamientos o vínculos que comprometan su imparcialidad deben de ser priorizados, dice la organización que en su boletín informativo dirigido a los rectores y decanos de las facultades de derecho de los centros de educación superior, exceptuando a la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
La Postuladora del TSE alberga un asiento fijo para el rector de la Usac, Walter Mazariegos, y uno para el decano de la Facultad de Derecho de dicha casa de estudios, Henry Arriaga. Esta Comisión de Postulación tiene la tarea de analizar y delimitar la nómina de 20 candidatos a magistrados y magistradas para integrar el periodo de seis años del tribunal electoral.
Los rectores y decanos de las universidades privadas tienen una responsabilidad histórica con la democracia al elegir a representantes éticos y honorables para integrar la Comisión de Postulación del @TSEGuatemala.
📄Compartimos la carta abierta firmada junto a más de 50… pic.twitter.com/Bx8eCubL4k
— Alianza por las Reformas (@AlianzaRgt) January 8, 2026
Alianza por las Reformas hace un llamado a los rectores y decanos, que luego de designar los integrantes faltantes de la Postuladora, promuevan perfiles capaces, íntegros, y comprometidos con el pluralismo democrático y la voluntad popular.
«Instamos a que todas las fases del proceso sean públicas, oportunas y cuenten con decisiones debidamente fundamentadas y accesibles para la ciudadanía. Guatemala necesita instituciones sólidas que respeten y cumplan con el orden constitucional y con todos los convenios internacionales suscritos», concluye.
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