El presidente Bernardo Arévalo debería vetar el Decreto 7-2025, aprobado de urgencia nacional la noche del 2 de septiembre, recomienda el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
El Icefi justificó que dicha decisión del Organismo Legislativo «debilita los controles sobre el gasto ejecutado por los Consejos de Desarrollo» y es enfático, además, en los efectos fiscales «nocivos» de la aprobación.
En su comunicado, la institución también «considera legítimo y necesario buscar formas técnicamente sustentadas para agilizar la ejecución de los presupuestos».
El Icefi expresa su mayor preocupación por los efectos fiscales nocivos de la aprobación de urgencia nacional por parte de una mayoría calificada en el Congreso de la República del decreto número 7️⃣-2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣, originado de la iniciativa de ley número de registro 6608. pic.twitter.com/EDOI8BSg8c
— Icefi (@ICEFI) September 3, 2025
La respuesta surge luego de que el Congreso de la República, impulsado por las bancadas de Allan Rodríguez y Luis Aguirre, aprobaran la Ley de Fortalecimiento financiero y continuidad de proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes) el pasado martes, en la que se propone garantizar los fondos extraordinarios para dos ejercicios fiscales posteriores.
INICIATIVA DE LEY 6576
La ejecución presupuestaria ha sido un tema que el oficialismo ha tratado resolver por medio de la iniciativa de Ley de Agilización de la Inversión Pública (iniciativa 6576), la cual analistas han puntualizado «es un cheque en blanco para el gasto fiscal».
Con cifras de la cartera del Tesoro, a la fecha del 3 de septiembre, de los Q12 mil millones que tienen vigentes los Consejos de Desarrollo, un 29% ha sido ejecutado hasta la fecha, lo cual es cerca de Q3 mil 500 millones.
No obstante, el Icefi reiteró que «el afán de agilizar la ejecución presupuestaria no justifica debilitar o suprimir los controles establecidos (…), o justifica alterar la Ley Orgánica del Presupuesto y otras normas de vigencia permanente para resolver problemas de tipo temporal o coyuntura».
ANÁLISIS TÉCNICO EL ICEFI
Luego de un análisis técnico, el Icefi también sostuvo que pese a que existe la disponibilidad de recursos financieros para las unidades ejecutoras municipales, «no abonan a garantizar la calidad de las obras a ejecutar».
Otro de los artículos que ha sido incluido en el dictamen favorable, ha sido la reducción de días de avales por parte de los entes rectores hacia las municipalidades para la agilización de los permisos en las obras.
Dicha decisión no surge estrictamente desde los congresistas, ya que fue una solicitud de los jefes ediles al haber retrasos de entre una semana hasta cerca de un mes para las aprobaciones técnicas.
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El Icefi señaló en ese sentido que «imponer de manera inconsulta, sin fundamento técnico y posiblemente inconstitucional el plazo máximo de 5 días para la emisión de resoluciones y avales, esta ley atenta contra el mandato y las facultades legales de las entidades responsables de emitirlos, (…) una forma de coerción ilegítima, (…) estas disposiciones abren espacios para el abuso y la corrupción, que históricamente han plagado a los consejos de desarrollo».
¿EL PRESIDENTE DEBERÍA DE VETAR?
El análisis del instituto busca que el jefe de Estado ejerza sus facultades constitucionales del Artículo 178 para vetar la ley.
Y en esta línea, instó a ambos poderes de iniciar un proceso de consulta con cada entidad para la propuesta de mejores soluciones para que la ejecución de los Codedes, que hasta la fecha ha sido objeto de numerosas citaciones de funcionarios del Ejecutivo.
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La Hora también se dio a la tarea de consultar a analistas sobre la reciente decisión, en lo cual algunos señalan que esta era la moneda de negociación con la que contaba Bernardo Arévalo para la aprobación del presupuesto.
O incluso, como agregó uno de los analistas, al vetarlo el Ejecutivo ganaría tiempo, aunque implicaría forzar a que se mantenga la tensión, postergando así la discusión del presupuesto. En caso no hacerlo, la oposición se “habrá salido con la suya”, indicó el politólogo Renzo Rosal.
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