El medio de comunicación Soy502 dio a conocer que la titular del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), fue cuestionada durante una citación de la instancia de jefes de bloques, donde afirmó a desconocer los daños en el área donde anteriormente operaba Perenco, contradiciendo anteriores declaraciones.
Fue el diputado Álvaro Arzú Escobar, del Partido Unionista, quien le preguntó sobre los daños directos al medio ambiente que haya causado la operación petrolera en los 40 años de actividad.
«De mi conocimiento, no tengo, que yo conozca, que no es lo mismo que decir que no ha habido daños, no tengo respuesta para esa pregunta por desconocimiento», dijo Patricia Orantes, ministra de Ambiente y anteriormente diputada de la X Legislatura, habiendo compartido curul con Arzú.
No obstante, el pasado 12 de agosto, el día que acabó legalmente las operaciones petroleras, la ministra fue enfática en señalar los daños y cómo comenzaría un proceso de recuperación, como también hizo mención el medio, Soy502.
«Sus beneficios fueron caros: aceleró y multiplicó la actividad ilegal y destructiva del área ante la falta de presencia estatal; la Ley de Hidrocarburos subsidió la actividad, y se lastimó la confianza en las instituciones públicas por escándalos de corrupción», expresaba la funcionaria en sus redes sociales.
Tras 40 años, hoy finaliza el contrato petrolero del Pozo Xan en el Parque Nacional Laguna del Tigre, un valioso humedal de la Reserva de Biosfera Maya. Sus beneficios fueron caros: aceleró y multiplicó la actividad ilegal y destructiva del área ante la falta de presencia… pic.twitter.com/m6inwHxJ7U
— Patty Orantes 💧 (@pattyo502) August 12, 2025
La afirmación de Orantes, en X, no pasó desapercibida por el congresista el pasado miércoles 20 de agosto, quien leyó la publicación, para luego destacar que aquello era «era la diferencia de estar bajo juramento y no estar juramentado».
La ministra, luego de indicar que ella personalmente desconocía los daños, citó al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) sobre una evaluación del valor económico del parque nacional, La Laguna del Tigre, realizada en 2010.
Y en esa misma línea, detalló el Principio de Precautoriedad, «un principio del derecho ambiental a nivel mundial, Para tratar de evitar llegar a una catástrofe», como señaló Orantes.
Arzú precisó en que las acciones del Gobierno dejaban más dudas que respuestas, especialmente porque se desconoce el plan que pretenden las autoridades implementar luego de que las instalaciones, tras el 12 de agosto, hayan pasado a formar parte del Estado, como también lo subrayó Soy502.
En esa misma línea, Arzú también reiteró las dos justificaciones que el Organismo Ejecutivo había utilizado para el cierre técnico de Perenco: El aspecto legal y ambiental.
Por la parte legislativa, Arzú expresó que «fácilmente se pudo haber hecho una excepción para solventar ese problema legal», no obstante, esto tendría que ocurrir en un Congreso que es notorio por su falta de cuórum.
El otro argumento impulsado por los efectos ambientales, como señaló el legislador, no pudo ser respondido por la ministra de Ambiente, quien pudo haberse contradicho al no contar con los efectos directos en los daños del sector petenero.
Sin legislación para cierre y desmantelamiento, el contrato de Perenco en Guatemala llega a su fin
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