El medio de comunicación Soy502 dio a conocer que la titular del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Patricia Orantes, fue cuestionada durante una citación de la instancia de jefes de bloques, donde afirmó que desconoce los daños en el área donde anteriormente operaba Perenco, lo que contradice anteriores declaraciones.
El diputado Álvaro Arzú Escobar, del Partido Unionista, le preguntó sobre los daños directos al medio ambiente que habría causado la operación petrolera en los 40 años de actividad.
«De mi conocimiento, no tengo, que yo conozca, que no es lo mismo que decir que no ha habido daños, no tengo respuesta para esa pregunta por desconocimiento», dijo la ministra, quien como diputada de la X Legislatura compartió en el hemiciclo con Arzú.
No obstante, el pasado 12 de agosto, cuando acabaron legalmente las operaciones petroleras, la ministra fue enfática en señalar los daños y cómo comenzaría un proceso de recuperación, según la mención de Soy502.
«Sus beneficios fueron caros: aceleró y multiplicó la actividad ilegal y destructiva del área ante la falta de presencia estatal; la Ley de Hidrocarburos subsidió la actividad, y se lastimó la confianza en las instituciones públicas por escándalos de corrupción», expresaba la funcionaria en sus redes sociales.
Tras 40 años, hoy finaliza el contrato petrolero del Pozo Xan en el Parque Nacional Laguna del Tigre, un valioso humedal de la Reserva de Biosfera Maya. Sus beneficios fueron caros: aceleró y multiplicó la actividad ilegal y destructiva del área ante la falta de presencia… pic.twitter.com/m6inwHxJ7U
— Patty Orantes 💧 (@pattyo502) August 12, 2025
La afirmación de Orantes, en X, no pasó desapercibida por Arzú el pasado miércoles 20 de agosto, quien leyó la publicación, para luego destacar que aquello era «era la diferencia de estar bajo juramento y no estar juramentado».
La ministra, luego de indicar que ella personalmente desconocía los daños, citó al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) sobre una evaluación del valor económico del parque nacional Laguna del Tigre, realizada en 2010.
Y en esa misma línea, Orantes citó el Principio de Precautoriedad, «un principio del derecho ambiental a nivel mundial, para tratar de evitar llegar a una catástrofe».
Arzú precisó en que las acciones del Gobierno dejaban más dudas que respuestas, especialmente porque se desconoce el plan que pretenden las autoridades implementar luego de que las instalaciones, a partir del 12 de agosto, pasaron a formar parte del Estado, como también lo subrayó Soy502.
En esa misma línea, Arzú también reiteró las dos justificaciones que el Organismo Ejecutivo había utilizado para el cierre técnico de Perenco: el aspecto legal y el ambiental.
En materia legislativa, Arzú expresó que «fácilmente se pudo haber hecho una excepción para solventar ese problema legal».
En cuanto al argumento de los efectos ambientales, como señaló el legislador, no fue respondido por la ministra de Ambiente, quien pudo contradecirse por no poseer los efectos directos de los daños en Petén.
Sin legislación para cierre y desmantelamiento, el contrato de Perenco en Guatemala llega a su fin
