El procurador General de la Nación, Julio Saavedra, enfatizó que las acciones que ha dirigido el Gobierno hacia el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) no tienen como fin criminalizar las organizaciones sindicales, sino retomar el sistema educativo.
«No es aceptable bajo el pretexto de reivindicar derechos que se sacrifiquen bienes superiores como la educación de nuestros niños. (…) La educación no sea una moneda de cambio para las presiones que ejerce el sindicato», destacó Saavedra.
Así pues, agregó el procurador que en ningún Estado de derecho, o en ninguna democracia, criminalizar la labor sindical es admisible, reiterando que este no sería el caso que persiga el Gobierno.
DENUNCIAS EN CONTRA DEL STEG
El titular de la Procuraría General de la Nación (PGN) también destacó que por el momento no se buscaba que fueran aprehendidos o que se presentara ante el Ministerio Público (MP) alguna denuncia sobre delitos cometidos por el magisterio que ocupa la Plaza de la Constitución, siendo este el objetivo que se restituyeran las clases que han venido paralizadas desde el 19 de mayo.
«No vamos a presentar denuncias si no hay necesidad y si lo hechos que eventualmente se presenten no sean constitutivos a ello(…), respecto órdenes de aprehensión, si de las investigaciones que lleve a cabo el MP resulta que debe pedirse ante juez competente alguna de estas órdenes, habrá que evaluarse. Reitero, en estos momentos ese no es le objetivo», dijo el procurador este viernes 13 de junio en conferencia nacional de prensa.

PGN PRESENTA 9 ACCIONES DE AMPARO
Asimismo, Saavedra expresó que por su parte, la PGN ha presentado nueve acciones constitucionales de amparo, en las que se incluyen los últimos dos que se les fueron otorgados a la PGN, uno provisional para deponer medidas de hecho y un amparo para que el STEG se abstenga de amenazar con tomar centros educativos o direcciones departamentales.
«También se anunció que se ordenó por uno de los jueces, certificar lo conducente para que el Ministerio Público (MP) de continuidad y e investigue el incumplimiento de las órdenes judiciales dadas a la resistencia del STEG en rendir un informe sobre el cumplimiento del amparo provisional que estaban obligados a cumplir», agregó el representante del ente legal del Gobierno.
Esto, de acuerdo con al PGN, es una debida ejecutoria que fue solicitada, así pues, fue certificado el MP de lo conducente para que sea cumplido lo establecido en el amparo otorgado el pasado 4 de junio.
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