En el informe presentado por la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados enfatizó temas como la criminalización, el Ministerio Público, y la labor que tienen en la formación ética entidades universitarias, así como el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
No obstante, la relatora Margaret Satterthwaite abordó con extensión las pasadas Comisiones de Postulación, tanto las transcurridas en agosto de 2024, como el proceso a ocurrir el año entrante.
«El proceso de Comisiones de Postulación en el 2026 debe ser inclusivo, transparente y
centrado en el fortalecimiento institucional. Las reformas clave incluyen la publicación anticipada de criterios de selección, entrevistas públicas y evaluaciones independientes del desempeño de los funcionarios actuales», señaló Satterthwaite el pasado viernes 23 de mayo durante la presentación de su informe.
«De cara a 2026, es esencial aprovechar las capacidades técnicas existentes en la sociedad civil, el ámbito académico y algunos sectores institucionales, para fortalecer el trabajo dentro de las Comisiones de Postulación. ¿A qué me refiero? A que los miembros de estas Comisiones lleguen con los conocimientos necesarios para evaluar correctamente a los candidatos, y que desde el inicio definan criterios objetivos y claros para esa evaluación», agregó la relatora en una entrevista con La Hora.
UN SISTEMA QUE HA FAVORECIDO A CANDIDATOS AJENOS A LA CARRERA JUDICIAL
Una de las observaciones resaltadas por la visitante de las Naciones Unidas fueron las tablas de gradación. «No han medido de forma efectiva y objetiva los requisitos establecidos en la Constitución», destacó, agregando así los criterios que deberían ser la guía a seguir: capacidad, idoneidad, la integridad y la honorabilidad.
Satterthwaite también señaló que el sistema de puntuación que es utilizado durante las evaluaciones ha priorizado otros aspectos, favoreciendo a unos actores sobre otros.
«El sistema de puntuación, en ocasiones, ha favorecido a candidatos ajenos a la carrera judicial, al ponderar la experiencia administrativa sobre el desempeño judicial. Esto ha permitido el nombramiento de personas con calificaciones más bajas o sin experiencia judicial alguna, por encima de jueces de carrera», precisó.
Esta observación de Satterthwaite se enlaza con el hecho de que cada Comisión está a cargo de establecer la metodología para la evaluación de los criterios al momento de su convocatoria, de acuerdo con las palabras de la relatora.
«Se me informó que esta práctica ha permitido la creación de métodos de puntuación adaptados a perfiles preseleccionados o incluso a candidatos específicos. En algunos casos, los métodos de puntuación han asignado un peso desproporcionado a las credenciales académicas, como los doctorados, sin evaluar la calidad del rendimiento de los candidatos», indicó.
Asimismo, entre las conclusiones de la jurista, se habló de «una reforma urgente y estructural» en el sistema de nombramiento de altos operados de justicia del país.
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