El informe de la Contraloría General de Cuentas entregado el pasado viernes 23 de mayo sobre la «Auditoría a la liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2024″, trajo a la mesa de discusión procesos de ejecución con irregularidades, como uno del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), al cual el presidente Bernardo Arévalo se refirió como «un caso de corrupción gravísimo que ha sido identificado».
Se trata del aeródromo en el Puerto de San José, que buscaba ser un espacio para el aterrizaje de aeronaves de carga y de beneficio para el comercio, al convertirse en uno de los primeros especializados en Centroamérica.
El presidente anunció que su Gobierno estudia la viabilidad de avanzar con dicho proyecto, así como otras obras del CIV que vienen de administraciones pasadas, con el objetivo de «no permitir que haya impunidad alrededor de la comisión de este tipo de estafas o actos de corrupción».
«Tampoco podemos darnos el lujo de congelar indefinidamente obras que tienen un valor estratégico para el país», subrayó el jefe Estado en conferencia de prensa sobre el estado de este aeropuerto de carga, cuya construcción está detenida.
#AhoraLH | «Tampoco podemos darnos el lujo de congelar indefinidamente obras que tienen un valor estratégico para el país», expresa Bernardo Arévalo ante los hallazgos de corrupción en la construcción del aeropuerto de carga en Masagua, Escuintla.
📹: Daniel Ramírez/LH
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«No vamos a prestarnos a ningún caso de impunidad», agregó Arévalo.
EL AERÓDROMO DE CARGA
La construcción de un aeródromo de carga en Masagua, Escuintla, inició en la administración de Alejandro Giammattei y se esperaba que este primer aeropuerto de carga iniciara operaciones a finales de 2020 o principios de 2021. Sin embargo, no inició su proceso de adjudicación, sino hasta dos años después.
En agosto de 2023, ya en segunda vuelta electoral, aún había supervisión de los avances de la construcción bajo la administración del CIV a cargo del entonces ministro Javier Maldonado.
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