«Un cuadro consistente y alarmante de criminalización», afirma relatora de la ONU

Danny de León
Danny de León

Uno de los las interrogantes que entes como el Organismo Ejecutivo esperaba se abordara en la presentación preliminar de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre independencia de magistrados y abogados, era el tema de la criminalización en contra de jueces, fiscales y abogados.

«Se desprende un cuadro consistente y alarmante de criminalización. El uso instrumental del derecho penal por parte del Ministerio Público parece equivaler a un patrón sistemático, intencional y severo de privación de derechos fundamentales, dirigido contra grupos específicos», señaló la relatora Margaret Satterthwaite tras lo recabado de su visita junto con información sobre casos en curso y algunos concluidos en el sistema judicial.

Relatora Especial de las Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, ante la criminalización por parte del Ministerio Público
Relatora Especial de las Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, ante la criminalización por parte del Ministerio Público. Foto La Hora: Daniel Ramírez
GRUPOS OBJETO DE LA CRIMINALIZACIÓN

«Entre los objetivos de la criminalización se encuentran jueces, fiscales, y abogados independientes, así como periodistas, autoridades indígenas, líderes campesinos y estudiantiles y miembros de las Comisiones de Postulación. Se han presentado cargos penales contra más de 60 operadores de justicia y abogados defensores o de derecho humanos», resaltó la relatora este viernes 23 de mayo.

Entre casos más recientes de criminalización tras las elecciones 2023 se encuentran los exintegrantes de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Hector Chaclán. De igual forma, en el mismo marco de persecución por el caso «Corrupción Semilla», también se encuentra el personaje Eduardo Masaya.

Con respecto a Masaya expresó Satterthwaite que no daría comentarios en personas individuales, aunque sí recalcaría que la criminalización debe parar.

MP Y COLEGAS SON LAS VÍCTIMAS

En un momento de la visita con fines de evaluación y recomendación, la relatora se reunió con la actual Fiscal General del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, el segundo día tras haber llegado al país.

En dicha reunión, Satterthwaite expresó que Porras negaba que el MP estuviera detrás de una criminalización selectiva, y que era la propia Fiscalía, al igual que los funcionarios del ente judicial, quienes eran las víctimas del acoso y abusos en línea.

«Durante nuestra reunión, la Fiscal General y sus colegas se presentaron como víctimas de los ataques del poder ejecutivo y sis aliados», afirmó la jurista de origen estadounidense.

ACUSACIONES VAGAS 

«Según una amplia gama de interlocutores, el Ministerio Público ha iniciado procedimientos basados en acusaciones que parecen criminalizar actividades protegidas por la Constitución y las normas de derechos humanos», subrayó la investigadora.

Entre esos derechos que ella mencionada se incluyen tales como el derecho a la libertad de asociación y reunión, libertad de expresión, entre otros.

Asimismo, Satterthwaite también fue enfática en cómo ha instrumentalizado ciertos delitos que están vagamente definidos, de acuerdo con sus palabras.

«Abuso de autoridad, obstrucción de la justicia, y asociación ilícita. Fui informada de que un abogado fue acusado de obstrucción de la justicia tras denuncias la mala conducta de un funcionario de justicia, que periodistas han sido acusados del mismo delito al informar sobre casos de criminalización», concluyó la relatora de la ONU.

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