Jose Rubén Zamora, presidente del desaparecido diario El Periódico se presentó este lunes al Registro de Personas Jurídicas (REPEJU) del Ministerio de Gobernación para interponer un recurso de revocatoria contra la resolución que rechazó su solicitud de cancelar la Fundación contra el Terrorismo (FCT), organización dirigida por Ricardo Méndez Ruiz. La medida busca que la autoridad revise lo que Zamora califica como una decisión “subjetiva y arbitraria”, que, según sostiene, ignora la evidencia presentada y vulnera principios legales fundamentales.
“El REPEJU rechazó mi solicitud a pesar de estar basada en hechos abundantes y evidencia categórica. La resolución se tomó sobre un juicio de valor personal, no jurídico”, afirmó Zamora, fundador del diario elPeriódico, a la salida de las oficinas, señalando a la subregistradora María Eugenia Contreras Mejía como responsable del rechazo.
INSISTE EN CANCELACIÓN
El recurso se ampara en el Decreto 04-2020, que reforma la Ley de ONG en Guatemala, y permite impugnar decisiones administrativas arbitrarias, deficientes o que incumplan los requisitos legales básicos, incluyendo la cancelación de fundaciones. Según la normativa, la resolución debe ser conocida por el Ministro de Gobernación, máxima autoridad jerárquica en estos casos. Dado que la ley de ONG no detalla el procedimiento exacto, se aplica de manera complementaria la Ley de lo Contencioso Administrativo, que regula la presentación y tramitación de estos recursos.
Zamora argumenta que la FCT ha utilizado su estatus legal para actuar en contra de derechos fundamentales y operadores de justicia, en coordinación con el Ministerio Público liderado por la sancionada fiscal general María Consuelo Porras. “Se han dedicado a formar una célula en complicidad con el MP y otros operadores de justicia. La FCT ha practicado sicariato judicial en lugar de asistencia humanitaria o fortalecimiento del Estado de derecho”, denunció.
Desde la FCT, su dirigencia se presentó como querellante adhesivo en los procesos judiciales contra Zamora, buscando incidir directamente en el desarrollo de los casos. Según el periodista, esta estrategia permitió a la organización influir en decisiones judiciales y fortalecer acciones legales que, a su juicio, estaban dirigidas a criminalizarlo y limitar su labor periodística, aprovechando su posición dentro del sistema judicial para amplificar su alcance e impacto.
La FCT, que ha respaldado públicamente la gestión de Porras y se ha involucrado en acciones contra jueces de alto perfil como Miguel Ángel Gálvez, Erika Aifán y Carlos Ruano, también ha sido señalada por Zamora de promover discursos de odio y estigmatizar a periodistas.
Méndez-Ruiz ha atacado al periodista desde su cuenta de X y se ha manifestado en contra del gobierno de Bernardo Arévalo. La organización y su dirigente están sancionados por la Unión Europea y Estados Unidos, al igual que la organización que representa.
Zamora enfatizó que su lucha persiste más allá del recurso presentado: “Mi solicitud busca que el Ministro revise los errores legales y actúe con apego a la ley y respeto a la Constitución. Esto no solo es un tema de justicia, sino de seguridad jurídica y defensa del Estado de derecho. Espero que la evidencia obligue a cerrar esta organización perniciosa para la sociedad guatemalteca”.
El periodista, de 69 años, estuvo más de 1.200 días en prisión y mantiene un arresto domiciliario mientras se resuelven los múltiples procesos en su contra. Su solicitud de cancelación de la FCT se produce en un contexto de tensión creciente entre operadores de justicia y organizaciones con influencia política y judicial en el país, en medio de denuncias de persecución política y criminalización de la prensa independiente.
