La Sala Segunda de Apelaciones confirmó la resolución que otorgó arresto domiciliario a Eduardo Masaya, señalado en el caso contra el cancelado partido político Movimiento Semilla, y rechazó el recurso del Ministerio Público (MP), dirigido por María Consuelo Porras, que buscaba revocar la medida y enviarlo nuevamente a prisión.
La decisión de la Sala surge tras un análisis detallado de las argumentaciones del MP, así como de los querellantes adhesivos Fernando Linares Beltranena, quienes cuestionaban la revocación de la prisión preventiva dictada originalmente el 22 de julio de 2025 por la jueza María del Carmen López.
En su resolución, la Sala destacó que las circunstancias que motivaron la prisión preventiva de Masaya han cambiado. Según la Sala, los riesgos procesales de fuga y de obstaculización en la averiguación de la verdad “se han desvanecido”, pues la investigación del MP ya concluyó y los medios de prueba se incorporaron al proceso. La Sala subrayó que la posible imposición de una pena por sí sola no puede presumir peligro de fuga ni justificar la privación de libertad.
La Sala también recordó los principios constitucionales y procesales que rigen en Guatemala y a nivel internacional, incluyendo favor rei, favor libertatis, indubio pro reo e inocencia, señalando que la prisión preventiva debe aplicarse únicamente como último recurso y que prolongarla sin resolución en un plazo razonable vulnera los derechos humanos del acusado.
Con base en estos fundamentos, la Sala rechazó los recursos de apelación interpuestos por el MP y los querellantes, confirmando el arresto domiciliario de Masaya, quien deberá permanecer en su residencia sin vigilancia policial y firmar el libro de asistencia cada 15 días en el Juzgado de Turno de Mixco.
A ESPERA DE JUICIO
Masaya fue detenido y enviado a prisión preventiva apenas semanas antes de participar, junto a un grupo de abogados, en la contienda por la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). La planilla en la que figuraba resultó electa y, tras recuperar la libertad bajo medidas sustitutivas, el abogado fue incorporado como prosecretario del ente colegiado.
El abogado, quien enfrenta cargos por falsedad ideológica en forma continuada, fue enviado a juicio el 26 de mayo de 2025 por el sancionado juez Fredy Orellana, en el marco del mismo caso. El inicio del juicio está programado para el 30 de abril de 2026 en el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal.
Masaya ha denunciado que el proceso es parte de un caso arbitrario y de criminalización, que además ha estado marcado por irregularidades y señaló que la prolongación de la prisión preventiva buscaba “criminalizar el derecho de asociación política y el error notarial”, mientras él sostiene que actuó con apego a la ley y la ética profesional.
La resolución fue avalada por los magistrados Horacio Enríquez Sánchez, en su calidad de presidente de la Sala, junto a los vocales Selvin Wilfredo Flores Divas y Edwin Estuardo Zaldaña Acevedo.
Con la confirmación del arresto domiciliario, Masaya mantiene su libertad con medidas sustitutivas, mientras el proceso judicial sigue su curso.
