El Ministerio Público que dirige María Consuelo Porras archivó una denuncia presentada en 2020 por el entonces jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, contra los dirigentes de la Fundación contra el Terrorismo. La decisión, notificada el 3 de febrero a su defensa, se adoptó sin practicar diligencias y bajo el argumento de que no era posible individualizar a los responsables.
La resolución invoca el artículo 327 del Código Procesal Penal, que permite archivar un expediente cuando no se ha identificado al imputado o este ha sido declarado rebelde. Pero en la denuncia original, Sandoval señaló con nombre y apellido a Ricardo Méndez-Ruiz y a Raúl Falla Ovalle, presidente y abogado de la organización, respectivamente. Ambos han sido sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea por acciones que, según esos gobiernos, socavan el Estado de derecho.
El expediente —MP001-2020-45570— quedó bajo la Fiscalía de Distrito Metropolitano. La resolución de archivo sostiene que no fue posible individualizar a los autores del hecho denunciado y deja abierta la posibilidad de reabrir el caso si aparecen nuevos indicios. Para la defensa del exfiscal, ese razonamiento desnaturaliza la figura del archivo y traslada al denunciante la carga de impulsar la investigación, según un memorial presentado por la defensa del exfiscal.
DENUNCIA CONTRA FCT
Sandoval presentó la denuncia en agosto de 2020, cuando aún dirigía la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). En su escrito, acusó a Méndez-Ruiz y Falla Ovalle de promover denuncias reiteradas, públicas y sin sustento jurídico con el objetivo de desacreditarlo y obstaculizar su trabajo.
Según el exfiscal, entre 2015 y 2020 la Fundación presentó al menos 12 denuncias en su contra, acompañadas de campañas en redes sociales y columnas de opinión que, a su juicio, buscaban activar el aparato penal como mecanismo de intimidación. La querella que interpuso por simulación de delito y obstaculización a la acción penal describía ese patrón como un uso abusivo del derecho penal para frenar investigaciones sensibles.
Un año después de aquella denuncia, en julio de 2021, Porras destituyó a Sandoval. Días más tarde, el fiscal salió del país y se instaló en Washington, donde obtuvo asilo político. Desde entonces, enfrenta al menos siete órdenes de captura que organizaciones nacionales e internacionales han calificado de cuestionables. La FCT ha respaldado públicamente la gestión de la fiscal general y ha impulsado acciones contra otros operadores de justicia, como el juez Miguel Ángel Gálvez, quien también se exilió tras procesar casos de alto impacto.
PRESENTAN MEMORIAL, PERO LO RECHAZAN
La defensa de Sandoval presentó el 5 de febrero un memorial para objetar el archivo y solicitar control jurisdiccional ante un juez penal. Sostiene que el MP no agotó diligencias mínimas, no escuchó al agraviado antes de cerrar la investigación y aplicó de forma indebida una norma excepcional. El recurso aún no ha sido admitido por el Organismo Judicial.
Se consultó a la Oficina de Información y Prensa del MP sobre las razones por las que la Fiscalía de Delitos Metropolitanos decidió archivar la denuncia, pese a que los señalados estaban identificados; asimismo, se preguntó por qué no se optó por desestimar la denuncia o continuar con la investigación y por qué se aplicó esa figura jurídica. Al cierre de esta edición, no recibió respuesta.
El pasado 18 de febrero, el periodista Jose Rubén Zamora solicitó al Ministerio de Gobernación la cancelación de la personería jurídica de la FCT, a la que acusa de criminalizar y perseguir a periodistas y defensores de derechos humanos.
La fundación actúa como querellante adhesiva junto al MP en un caso que lo ha mantenido en prisión por tres años.
El archivo se inscribe en un contexto más amplio. Desde 2021, más de una veintena de fiscales, jueces y operadores de justicia vinculados a investigaciones anticorrupción han salido al exilio o enfrentan procesos penales. Para Sandoval —consultado desde una llamada telefónica—, la decisión no es un acto aislado, sino una confirmación de lo que denuncia desde su salida del país: que el sistema de justicia fue reorientado para proteger a aliados y perseguir a quienes investigaron la corrupción.
Consultado por La Hora sobre los señalamientos y sobre una aparente protección del MP a su persona y a la FCT por parte de la fiscal general, Méndez-Ruiz evitó responder de forma directa. En su lugar, se limitó a citar al exjefe de la CICIG, Carlos Castresana: “El prófugo no tiene derechos, si quiere hacer uso de los recursos legales debe primero entregarse a la justicia, irse preso y luego ejercer su derecho de defensa”.
