La apuesta de Guatemala por trasladar al terreno jurídico la defensa de la democracia dio este martes su primer paso en la fase oral ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En la apertura de audiencias en Brasilia, el procurador general de la Nación, Julio Saavedra, pidió al tribunal que reconozca la democracia no solo como un principio político, sino como un derecho humano autónomo cuya protección obligue a los Estados.
“Es dable concluir que la democracia es un verdadero derecho humano autónomo”, sostuvo Saavedra ante los jueces, en una intervención que fijó la posición oficial del Estado en la solicitud de opinión consultiva presentada en diciembre de 2024. La audiencia inaugura un proceso que, más que resolver un caso concreto, busca que la Corte delimite con precisión que exige, en términos jurídicos, la defensa del sistema democrático en América.
La comparecencia del procurador se produjo en un contexto marcado por las alertas sobre el deterioro institucional en la región y, en particular, por la crisis política que siguió a las elecciones generales de 2023 en Guatemala, cuando el actual presidente, Bernardo Arévalo, enfrentó una ofensiva judicial impulsada por el Ministerio Público de la fiscal general María Consuelo Porras.
UNA PREGUNTA DE FONDO: ¿DERECHO O INSTRUMENTO?
El núcleo de la consulta guatemalteca, planteado ante la Corte, gira en torno a una pregunta clave: si la democracia debe entenderse como un derecho humano en sí mismo, como un medio para garantizar otros derechos o como ambas cosas a la vez.
Saavedra defendió una tesis intermedia, aunque con implicaciones expansivas: la democracia es, al mismo tiempo, condición y garantía de los derechos humanos, y su ejercicio efectivo constituye una obligación jurídica internacional. “Los Estados han consentido en que el ejercicio de la democracia ha dejado de ser un asunto exclusivamente interno”, afirmó.
El argumento se apoya en la Organización de los Estados Americanos y en la Carta Democrática Interamericana, que —según expuso— establece el deber de promover y defender el orden democrático. En esa línea, recordó que la propia Corte ha advertido que el mayor riesgo para la democracia no es su ruptura abrupta, sino la “erosión paulatina” de sus salvaguardas.
ESPEJO REGIONAL Y EL CASO GUATEMALTECO
Durante su intervención, el procurador situó la consulta en un escenario regional de deterioro institucional, aludiendo a resoluciones de la OEA sobre países como Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Pero también reconoció que Guatemala no es ajena a esos riesgos.
Citó, en ese sentido, la preocupación expresada por la CIDH en 2023 sobre la instrumentalización del sistema de justicia, así como antecedentes como el caso de corrupción que en 2015 provocó la caída del entonces Gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. “Guatemala ha conocido como pocos países el alto costo de la ausencia de la democracia”, recordó, retomando una reflexión de la jueza Nancy Hernández López.
La iniciativa, de hecho, se gestó tras la crisis postelectoral de 2023, cuando investigaciones contra el partido ganador, Movimiento Semilla, fueron señaladas por actores internacionales como intentos de revertir los resultados e impedir que Arévalo asumiera la presidencia.
DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS Y ESTADO DE DERECHO
Uno de los ejes centrales de la exposición fue la idea de una “tríada” indisoluble entre democracia, derechos humanos y Estado de derecho. Según Saavedra, estos elementos se definen mutuamente y constituyen la base del sistema interamericano.
Bajo esa lógica, sostuvo que vulnerar la democracia implica afectar un conjunto amplio de derechos: desde las garantías judiciales hasta la libertad de expresión, asociación y participación política. Incluso, advirtió, puede tener consecuencias más graves, como la migración forzada derivada de contextos autoritarios.
El procurador insistió en que reconocer la democracia como un derecho autónomo permitiría superar un enfoque fragmentado de protección y dotar a la región de herramientas jurídicas para “examinar, frenar y reparar” retrocesos institucionales, incluso cuando estos se produzcan de forma gradual y bajo apariencia de legalidad.
LOS ESTÁNDARES EN DISPUTA
La solicitud guatemalteca no se limita a una definición conceptual. También plantea a la Corte que establezca estándares concretos sobre las obligaciones estatales para garantizar el sistema democrático.
Entre ellos, Saavedra mencionó la independencia judicial como “elemento fundamental”, así como la necesidad de asegurar la alternancia en el poder, combatir la corrupción y reducir la pobreza. Además, subrayó que la democracia tiene una doble dimensión: individual —el derecho de las personas a participar en los asuntos públicos— y colectiva —la titularidad del pueblo sobre el sistema político—.
El Estado también ha pedido al tribunal pronunciarse sobre cuestiones específicas como la independencia de los órganos electorales, la libertad de expresión en contextos electorales, el papel de los partidos políticos y la paridad de género en cargos públicos.
UN DEBATE CON EFECTOS A LARGO PLAZO
Las opiniones consultivas de la Corte no generan condenas ni reparaciones directas, pero sí fijan criterios interpretativos que, en la práctica, orientan a los Estados y a los tribunales nacionales. De ahí la trascendencia de este proceso, que ha convocado a Estados, organismos internacionales, universidades y organizaciones de la sociedad civil.
El propio presidente del tribunal, Rodrigo Mudrovitsch, ha calificado la consulta como una de las más relevantes en los últimos años, por su potencial para redefinir los estándares regionales en materia democrática.
Saavedra cerró su intervención con una apelación directa al tribunal: que su pronunciamiento contribuya a “fortalecer y consolidar la democracia” como base para la protección de los derechos humanos en el continente.
La respuesta de la Corte, que se conocerá tras las audiencias de esta semana, podría marcar un antes y un después en la forma en que América Latina entiende —y defiende— su sistema democrático.
