La crisis en torno a la integración de la Corte de Constitucionalidad (CC) ha cruzado las fronteras nacionales. La magistrada electa Astrid Jeannette Lemus Rodríguez ha solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según confirmaron a La Hora fuentes con conocimiento directo de la gestión.
La solicitud se produce en un contexto de creciente judicialización del proceso de relevo en el máximo tribunal constitucional, marcado por acciones legales que buscan impedir que Lemus asuma el cargo para el que fue electa por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para el período 2026-2031.
El movimiento de la jurista sitúa el conflicto en el plano internacional y activa uno de los mecanismos más sensibles del sistema interamericano: las medidas cautelares, previstas para situaciones de “gravedad y urgencia” en las que exista riesgo de daño irreparable. En este caso, la petición estaría vinculada a las amenazas que, según ha denunciado, pesan sobre la transición institucional de la Corte.
DE LA DENUNCIA INTERNACIONAL A LA REACCIÓN LOCAL
La decisión de Lemus de acudir al foro hemisférico no es nueva. El pasado 18 de febrero, la magistrada electa intervino ante el Consejo Permanente de la OEA, donde advirtió sobre “amenazas al orden constitucional” en Guatemala y alertó de acciones orientadas a impedir que los magistrados electos asuman sus cargos.
En esa exposición, señaló directamente la interferencia de actores que, a su juicio, buscan alterar la renovación del tribunal constitucional, incluyendo actuaciones del Ministerio Público, dirigido por la fiscal general María Consuelo Porras, que calificó de “intimidantes” durante el accidentado proceso electoral en el CANG.
Astrid Lemus denuncia ante la OEA acciones para evitar que asuma en la CC
Esa intervención internacional se ha convertido ahora en el principal argumento de sus detractores.
El domingo 15 de marzo, los abogados Ricardo Sagastume Morales y Diego Sagastume Vidaurre presentaron un amparo ante la propia CC para impedir su juramentación. La acción, de carácter preventivo, solicita al Congreso que excluya a Lemus del decreto de integración del tribunal.
Los accionantes sostienen que la magistrada electa actuó de forma “desleal” al acudir a la OEA y pedir lo que consideran una injerencia en asuntos internos del Estado. Además, cuestionan su independencia y afirman que su conducta contraviene la función de defensa del orden constitucional que corresponde a la Corte.
UNA ELECCIÓN BAJO PRESIÓN
La elección de Lemus se produjo el pasado 12 de febrero en una jornada marcada por la intervención del MP, cortes de energía y tensiones entre actores institucionales. En medio de ese escenario, la propia Corte de Constitucionalidad ordenó que el proceso continuara sin interferencias y que la Fiscalía se limitara a cambiar el orden de la elección.
Desde entonces, el relevo en la Corte —uno de los órganos clave del sistema democrático— se ha convertido en un nuevo foco de disputa entre distintos sectores de poder.
El presidente Bernardo Arévalo ha calificado como “absurdo” el amparo contra Lemus y ha atribuido estas acciones a intentos de grupos vinculados a “élites político-criminales” para bloquear la transición.
PULSO POR LA CORTE SE INTERNACIONALIZA
La solicitud de medidas cautelares introduce un nuevo elemento en el conflicto: la posible intervención del sistema interamericano como garante frente a eventuales vulneraciones al orden democrático o a los derechos políticos de los funcionarios electos.
Aunque no se han hecho públicos los detalles de la petición, este tipo de medidas puede implicar requerimientos al Estado para que adopte acciones concretas que garanticen la seguridad jurídica o el ejercicio de derechos en riesgo.
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*Modificación: Se actualizó el titular de la nota a las 18:15 p.m. del 17 de marzo de 2026, para hacer precisión que las medidas fueron requeridas ante la CIDH.
