La relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, evitó pronunciarse de forma directa sobre la capacidad del Ministerio Público para investigar un caso que involucra a su propia jefa, pero subrayó que cualquier indagación debe cumplir “el más alto estándar de imparcialidad e independencia”.
Durante una rueda de prensa en la que presentó las conclusiones de su informe tras la visita oficial que realizó al país en mayo de 2025, La Hora preguntó a la experta si puede garantizarse una investigación independiente, objetiva e imparcial cuando la actual fiscal general, María Consuelo Porras, figura entre las personas señaladas en un caso de presuntas adopciones ilegales que la propia ONU reveló en febrero pasado.
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“Por supuesto, todo sistema judicial tiene reglas sobre recusación y sobre quién puede o no participar en una investigación”, respondió Satterthwaite. “Creo que aquí debe mantenerse el más alto estándar de imparcialidad e independencia”.
La relatora subrayó que corresponde al Estado guatemalteco determinar cómo se aplican esos principios en la práctica. “Cómo se materialice eso depende del Estado de Guatemala”, añadió. “Lo que sí sé es que debe llevarse a cabo una investigación que sea imparcial e independiente”.
Satterthwaite explicó que su mandato se limita a recordar las obligaciones internacionales en materia de independencia judicial. “Lo que puedo hacer es hablar de las obligaciones internacionales y luego corresponde al Gobierno determinar cuál es la mejor forma de proceder”, señaló.
#AhoraLH | Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas, respondió a La Hora que "celebra la noticia" de que la PGN haya presentado una denuncia acerca de la presunta vinculación de la fiscal general, María Consuelo Porras, en un caso de adopciones ilegales.… https://t.co/hjAYaOa6jf pic.twitter.com/iZAJ545QJ7
— Diario La Hora (@lahoragt) March 9, 2026
SEÑALAMIENTO CONTRA PORRAS
La pregunta surge después de que varios expertos de Naciones Unidas expresaran su preocupación por información que vincula a Porras con un proceso de adopciones ilegales ocurrido entre 1968 y 1996. Según un comunicado difundido en febrero, al menos 80 niñas y niños indígenas habrían sido sometidos a adopciones internacionales irregulares tras haber sido institucionalizados en el Hogar Temporal Elisa Martínez después de su captura y desaparición forzada durante el conflicto armado interno.
De acuerdo con los expertos, la actual fiscal general habría actuado como “tutora legal” de los menores entre enero y agosto de 1982, cuando se desempeñaba como administradora del centro. En ese mismo pronunciamiento, las relatorías advirtieron que hasta ahora no se ha realizado una investigación “pronta, exhaustiva, independiente e imparcial” sobre estas denuncias.
Los especialistas recordaron que las adopciones ilegales pueden implicar prácticas como la falsificación de documentos oficiales, el fraude en la declaración de adoptabilidad, la coacción a los padres biológicos o beneficios económicos indebidos para intermediarios.
También subrayaron que, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar estas prácticas, así como garantizar a las víctimas el acceso a la verdad, la justicia y la reparación.
Durante su intervención, Satterthwaite insistió en que, ante denuncias de esta naturaleza, las autoridades deben asegurar que los mecanismos institucionales —incluidas las reglas de recusación— permitan preservar la independencia y la objetividad de las investigaciones.
