Los próximos nombramientos de altas autoridades del sistema de justicia en Guatemala marcarán el rumbo institucional del país. Así lo advirtió este lunes la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, quien señaló que las designaciones previstas para 2026 son determinantes para saber si el país consolida los actuales patrones de captura institucional o logra revertirlos.
“Las designaciones previstas para 2026 a la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público serán decisivas para determinar si los actuales patrones de captura institucional e impunidad se consolidan o se revierten”, afirmó Satterthwaite al presentar las conclusiones finales del informe elaborado tras su visita a Guatemala en mayo de 2025. “Esta situación no es irreversible”, enfatizó.
En su intervención, la experta de la ONU subrayó que Guatemala posee un “sólido marco constitucional” y que, en distintos momentos del pasado reciente, su sistema de justicia demostró capacidad para enfrentar la corrupción y juzgar graves violaciones de derechos humanos. “Esos momentos de la historia reciente muestran que un sistema de justicia independiente no solo es posible en Guatemala, sino que ya ha existido en la práctica”, sostuvo.
SISTEMA JUDICIAL EN CRISIS
Sin embargo, el diagnóstico actual es mucho más crítico. Según las conclusiones del informe, el sistema judicial atraviesa una crisis profunda caracterizada por la instrumentalización del derecho penal, la concentración de poder en instituciones clave y la persecución de operadores de justicia independientes. Estas dinámicas, advirtió, han debilitado gravemente la independencia judicial y la confianza pública.
“Guatemala se encuentra hoy en una coyuntura crítica”, señaló Satterthwaite. En los últimos años —explicó— el desmantelamiento de los esfuerzos contra la impunidad y la criminalización sistemática de jueces, fiscales, abogados, periodistas, autoridades indígenas y defensores de derechos humanos han expuesto debilidades estructurales en el sistema de justicia.
La relatora también advirtió que estas dinámicas han provocado el exilio forzado de numerosos operadores de justicia, lo que ha debilitado la capacidad institucional del Estado y ha dejado a muchas víctimas de violaciones graves de derechos humanos sin recursos efectivos para acceder a la justicia.
Durante su visita al país, Satterthwaite sostuvo reuniones con autoridades estatales, jueces, fiscales, abogados, organizaciones de la sociedad civil, autoridades indígenas, periodistas y usuarios del sistema judicial. A todos ellos, dijo, les agradeció por compartir experiencias que permitieron construir el diagnóstico presentado en el informe.
#AhoraLH | La relatora de las Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, tras su visita al país en el marco de las elecciones de segundo grado, expresó que en Guatemala persiste la instrumentalización del derecho penal y la persecución de operadores de justicia.
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— Diario La Hora (@lahoragt) March 9, 2026
REFORMAS SON CLAVE
Entre sus principales recomendaciones, la experta instó a adoptar medidas urgentes para detener la criminalización de operadores de justicia y revisar los procesos penales que puedan constituir persecuciones abusivas o políticamente motivadas. En ese sentido, subrayó que el Ministerio Público tiene un papel central para garantizar que las investigaciones se conduzcan bajo criterios de legalidad, imparcialidad y respeto a los derechos humanos.
Satterthwaite también pidió reformas estructurales orientadas a despolitizar los procesos de nombramiento judicial y restablecer un sistema de carrera basado en el mérito. Entre otras medidas, propuso fortalecer los mecanismos de supervisión del Ministerio Público, garantizar criterios transparentes en las comisiones de postulación y poner fin a prácticas como los traslados arbitrarios o las sanciones disciplinarias abusivas contra jueces y fiscales.
La relatora advirtió además que la debilidad de las instituciones de justicia afecta de forma desproporcionada a los grupos que ya enfrentan barreras estructurales para acceder a estas, entre ellos los pueblos indígenas, las mujeres y otras poblaciones vulnerables.
“El restablecimiento de la independencia judicial no es solo una cuestión institucional”, afirmó. “Es una cuestión fundamental para la protección de los derechos humanos de todas las personas en Guatemala”.
Pese a la gravedad del diagnóstico, Satterthwaite insistió en que el país aún dispone de herramientas legales, experiencia institucional y capital humano suficientes para reconstruir un sistema de justicia independiente e imparcial.
Sin reformas urgentes, advirtió, existe el riesgo de que el sistema judicial continúe siendo percibido —dentro y fuera del país— como una herramienta de persecución en lugar de protección. Pero, si se adoptan cambios decisivos, Guatemala podría enviar una señal clara de compromiso con el fortalecimiento de sus instituciones democráticas y con el acceso a la justicia para todos.
