La Organización de los Estados Americanos (OEA) instó este jueves al Congreso de Guatemala a garantizar que la elección del magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) se base en criterios de mérito, idoneidad e independencia, en medio de las tensiones políticas y denuncias de presiones externas que han marcado el proceso de designación del máximo tribunal constitucional del país.
A través de un pronunciamiento, la Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala recordó que la Corte de Constitucionalidad ocupa un lugar central en el sistema de frenos y contrapesos del Estado, por lo que su legitimidad depende de que las autoridades encargadas de nombrar magistrados actúen con criterios objetivos y verificables, evitando cuotas y presiones.
“La legitimidad, credibilidad y autoridad institucional del tribunal dependen, en gran medida, de que las instancias designantes realicen nombramientos guiados por criterios objetivos, verificables y compatibles con los principios de legalidad, independencia judicial y control constitucional”, señaló la misión.
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El organismo interamericano subrayó que la urgencia derivada de resoluciones judiciales no debe convertirse en un pretexto para decisiones precipitadas o influenciadas por intereses particulares. “La urgencia derivada de una decisión judicial no debe traducirse en decisiones apresuradas, opacas o motivadas por intereses particulares”, advirtió el comunicado, que llama a que el proceso se conduzca con “máxima publicidad, transparencia y rendición de cuentas”.
La advertencia se produce en un contexto de fuerte presión política alrededor de la renovación parcial de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2026-2031. En los últimos días, el presidente Bernardo Arévalo denunció posibles presiones externas en la elección de magistrados, lo que ha intensificado el clima de confrontación en torno al proceso.
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Mientras el pleno del Congreso se desarrolla para elegir al magistrado titular y suplente de la CC, frente al Legislativo se concentran estudiantes y sociedad civil que exigen a los diputados abstenerse de designar perfiles cuestionados. Los manifestantes reclaman que la elección se base en criterios de independencia. Además, exigen que ningún magistrado actual sea reelecto.
PIDE EVITAR CUOTAS A LOS DIPUTADOS
La misión de la OEA también pidió que el Congreso garantice una deliberación responsable y una decisión debidamente fundamentada, conforme a la Constitución y a los estándares interamericanos. En particular, exhortó a que las personas designadas posean solvencia técnica comprobable en derecho constitucional, honorabilidad e integridad acreditables, así como independencia frente a intereses partidarios o económicos.
El organismo insistió además en evitar nombramientos que puedan comprometer la legitimidad del tribunal. Entre ellos mencionó perfiles vinculados a “acuerdos de reparto, cuotas o negociaciones opacas”, candidatos con compromisos políticos o económicos que afecten su imparcialidad, o personas con señalamientos graves de falta de integridad que no hayan sido esclarecidos.
La OEA también pidió al Congreso evitar designaciones que comprometan la independencia y legitimidad de la Corte de Constitucionalidad. El organismo llamó a descartar perfiles con vínculos políticos o económicos que puedan afectar su imparcialidad, personas con señalamientos graves de falta de integridad que no hayan sido esclarecidos, así como candidaturas asociadas a prácticas de cooptación, tráfico de influencias o debilitamiento institucional que pongan en riesgo la credibilidad del máximo tribunal constitucional.
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“La elección que corresponde realizar al Congreso reviste especial importancia, no solo para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho, sino también para el futuro de la democracia en el país”, concluyó la misión.
La OEA reiteró que continuará observando los procesos de elección de segundo grado en Guatemala y llamó a los actores institucionales a actuar con apego a la Constitución y a los principios democráticos, priorizando el interés público por encima de cualquier otro interés.
