La elección de los dos magistrados que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe designar ante la Corte de Constitucionalidad (CC) se ha convertido en el primer pulso de poder tras la llegada de Claudia Lucrecia Paredes Castañeda a la presidencia del Organismo Judicial. La decisión, prevista para el 3 de marzo en sesión extraordinaria, marcará el equilibrio interno del máximo tribunal constitucional en un año decisivo para el sistema de justicia.
En los despachos del Palacio de Justicia se perfila un consenso que se ha afinado en los últimos días y que además es apoyado por el lobby antiembajada que en días recientes ha mostrado su apoyo para la reelección de Roberto Molina Barreto: que la actual magistrada titular de la CC, Dina Ochoa Escribá sea reelecta. Para La suplencia desde la CSJ, barajan los nombres de Luis Alfonso Rosales Marroquín y Claudia Paniagua, ambos se vieron en el ojo del huracán por un caso relacionado a la influencia china.
De hecho, la magistrada Claudia Paniagua fue sancionada junto a Jorge Mondal Chew y Rosales Marroquín dijo no ver como castigo el retiro de la visa de Estados Unidos.
La Corte cerró el 27 de febrero la recepción de 38 expedientes. A diferencia de otros procesos recientes, no habrá entrevistas ni evaluación pública de méritos: la designación quedará bajo la discrecionalidad de los 13 magistrados titulares. Cuatro fuentes del Organismo Judicial aseguran que el bloque dominante —cuestionado por resoluciones polémicas y decisiones señaladas de arbitrarias— impulsa esa fórmula para asegurar dos posiciones clave en la CC e incluso hay quienes aseguran que, debido a presiones, Consuelo Porras busca colarse en la CSJ para obtener antejuicio y por ende inmunidad en la CC.
El cabildeo se intensificó conforme se acercó el cierre del plazo. Ochoa visitó distintas vocalías; Rosales acudió a oficinas el último día de recepción de papelería; y, según las fuentes judiciales, Porras sostuvo reuniones privadas entre lunes y miércoles de esta semana.
Actores que se han apoyado en el lobby antiembajada, han expresado su apoyo por Dina Ochoa y han mencionado a Rosales Marroquín y Claudia Paniagua como las opciones para la suplencia.
BLOQUE DOMINANTE OPERA
El llamado bloque dominante dentro de la Corte Suprema está integrado por la propia Paredes y los magistrados Luis Mauricio Corado, Teódulo Cifuentes, Flor García Villatoro, Gustavo Morales, Igmaín Galicia, Jenny Alvarado, Ramiro Contreras, Clemen Juárez. Tanto Paredes como Corado están sancionados por EE. UU. por sus acciones dentro de la Corte Suprema.
El procedimiento interno ha añadido tensión al proceso. El 21 de febrero, en el primer pleno presidido por Paredes, la elección ante la CC no figuraba como punto de agenda. El asunto fue introducido como “información de Presidencia”, sin convocatoria específica para discutir el mecanismo de designación.
Ese día tampoco estuvieron presentes los 13 magistrados titulares: el magistrado Carlos Lucero contaba con un permiso especial y en su lugar participó el presidente de la Sala de Apelaciones en materia Tributaria y Aduanera, Luis Fernando Aroche Arrecis, quien además es aspirante al cargo. La coincidencia, advierten fuentes judiciales, plantea un posible conflicto de interés.
REACOMODOS Y RUTAS ALTERNAS
El movimiento en la CSJ ocurre después de que Porras intentara sin éxito ser designada magistrada titular por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos. No obtuvo un solo voto, en lo que fue interpretado como una posible ruptura con el rector Walter Ramiro Mazariegos Biolis, sancionado por Estados Unidos. Aún queda por verse qué hará el MP tras la sólida denuncia presentada en contra de Mazariegos por la elección del CSU ante la CC. Tras ese revés para Porras, su apuesta se concentró en la vía de la Corte Suprema.
Ochoa y Rosales también presentaron sus expedientes ante el Congreso de la República de Guatemala, que elegirá a sus magistrados el mismo 3 de marzo. Sin embargo, en el Legislativo no figuran entre los nombres con respaldo mayoritario, según fuentes parlamentarias. En ese escenario, la decisión de la CSJ adquiere un peso determinante.
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Porras Argueta aspira a una magistratura titular en la Corte de Constitucionalidad en medio de uno de los momentos más controvertidos de su carrera. Está vetada por 42 países que integran la coalición democrática que desconoció los intentos de revertir los resultados electorales de 2023, Porras ha sido señalada por organizaciones internacionales por promover acciones penales contra exoperadores de justicia, periodistas y activistas que investigaron y revelaron casos de corrupción de alto impacto.
El magistrado Rosales busca mantenerse en el cargo para el próximo periodo. En septiembre de 2024 fue sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que le retiró la visa tras considerar que emitió resoluciones que favorecieron a Jorge Mondal Chew, ex ejecutivo de Huawei. Rosales ha restado importancia a la medida y ha afirmado públicamente que no la considera un castigo, sino una decisión soberana de ese país en materia migratoria.
Por su parte, la magistrada Ochoa aspira a un tercer periodo en el tribunal constitucional. Su trayectoria ha estado marcada por fallos que han dividido a la Corte y que han sido cuestionados por sectores académicos y organizaciones civiles, que la señalan de acompañar resoluciones alineadas con el bloque dominante del sistema de justicia. Dentro de sus filas en la CC, cuenta con Silvia Patricia Valdés como su asesora.
