En la antesala del tercer debate de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación (PGN), el procurador Julio Saavedra fija una promesa medible en tiempo político: “En el momento en el que tengamos una ley orgánica y que nos permita reestructurar toda nuestra organización y crecer, al día siguiente usted va a ver como ciudadano resultados positivos”. La iniciativa, que este martes 17 de febrero podría quedar aprobada en su última lectura, busca dotar por primera vez desde 1994 a la institución del marco normativo que la Constitución le ordenó tener.
En entrevista con La Hora, el conocido como “abogado del Estado” explica cómo la creación de esta ley reconfiguraría la estructura interna de la Procuraduría General de la Nación y responde a las dudas sobre su independencia financiera, el impacto en la burocracia y los resultados que, asegura, comenzarían a percibirse desde el primer día de su eventual aprobación.
Saavedra parte de un diagnóstico histórico. Tras la reforma constitucional de 1994, el antiguo Ministerio Público —que integraba funciones de fiscalía, procuraduría y consultoría bajo la jefatura del procurador— se dividió. La fiscalía quedó bajo una nueva institución con ley orgánica propia; la PGN, en cambio, nunca recibió la suya. “Es una deuda desde 1994”, resume. El artículo 252 de la Constitución establece que la Procuraduría se regirá por su ley orgánica, pero durante 32 años ha funcionado sin ella.
El procurador defiende que esa omisión no es menor. La PGN, a la que la Constitución otorga jerarquía equiparable a la del Ministerio Público y cuyo titular goza de prerrogativas similares a las de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, actúa como abogado del Estado: asesora y representa a los órganos públicos en juicio y fuera de él, litiga arbitrajes internacionales y defiende al país ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Además, a través de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, ejerce la representación de menores vulnerados y conduce investigaciones sociales en procesos de protección especial.
Sin ley orgánica, sostiene Saavedra, la institución ha operado “por diseño” con limitaciones estructurales. De los alrededor de 1 mil 400 trabajadores, la mayoría está contratada bajo renglones temporales. En niñez —el área que absorbe cerca del 80 por ciento de la carga operativa— unas 480 personas atendieron en 2025 a más de 66 mil menores en situación de riesgo. Cada nueva delegación, explica, nace saturada. “No podemos crear puestos ni reorganizarnos adecuadamente. Tampoco aspirar a más presupuesto si no tenemos el andamiaje legal que lo sustente”, afirma.
La nueva ley, según el funcionario, permitiría reestructurar la organización interna, formalizar plazas permanentes y establecer una planificación administrativa y financiera descentralizada. No se trata de autonomía —aclara—, sino de descentralización administrativa. La PGN seguiría sin ser un ente autónomo, pero contaría con mayor capacidad de gestión propia, aunque el presupuesto continúe siendo aprobado por el Congreso.
Ante el temor de que la reforma suponga más burocracia, Saavedra reivindica la necesidad de un Estado con capacidad operativa. “No toda burocracia es negativa. Lo negativo es una burocracia que no cumple su función”, señala. Y aporta un ejemplo para respaldar su argumento: en diciembre pasado, Guatemala ganó un arbitraje internacional en el que se reclamaban 499 millones de dólares contra el Estado. “Sí se pueden defender adecuadamente los intereses del país”, sostiene.
La discusión parlamentaria llega en un momento de escepticismo ciudadano hacia las instituciones públicas. Saavedra apela a la corresponsabilidad democrática: “Guatemala es nuestra y nos corresponde involucrarnos”. Pero ata su mensaje a un compromiso concreto: la ley orgánica no es, en su visión, un ajuste técnico, sino el punto de partida para resultados visibles. “Al día siguiente”, insiste, el ciudadano debería empezar a notar la diferencia.
Ahora la decisión recae en los 160 diputados del Congreso de la República. Si aprueban la norma en su fase final, la Procuraduría General de la Nación saldará una deuda constitucional arrastrada durante tres décadas. Entonces comenzará la verdadera prueba: verificar si la reestructuración prometida se traduce en servicios más eficaces y en una defensa más sólida de los intereses del Estado.
