El capítulo sobre Guatemala del Informe Mundial 2026 de Human Rights Watch (HRW), publicado este 4 de febrero, advierte que los procesos para renovar las principales autoridades del sistema de justicia y electoral se desarrollarán en un contexto de fragilidad institucional, presiones políticas y una fiscalía cuestionada por el uso de procesos penales con fines políticos.
Según el informe, en 2026 Guatemala deberá elegir un nuevo fiscal general, una nueva Corte de Constitucionalidad (CC), un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) y un nuevo contralor general de cuentas. Para HRW, estos nombramientos serán determinantes para el rumbo democrático del país.
La organización recuerda que, ya en mayo de 2025, la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados advirtió que los procesos de nombramiento de altos funcionarios judiciales en Guatemala “son vulnerables a la interferencia de actores corruptos”. En noviembre del mismo año, la Organización de los Estados Americanos desplegó una misión de observación para los procesos de selección, un hecho que, según el informe, evidencia la preocupación internacional por la integridad de estas designaciones.
HRW subraya que el presidente Bernardo Arévalo deberá nombrar en mayo de 2026 al nuevo fiscal general a partir de una lista de candidatos preseleccionados por una comisión de postulación, un mecanismo que en ciclos anteriores ha sido objeto de críticas por su opacidad y permeabilidad a presiones externas.
INDEPENDENCIA JUDICIAL DEBILITADA
El informe vincula directamente estos procesos de elección con el estado actual del sistema de justicia. Según HRW, “los procesos opacos de selección de altas autoridades judiciales, junto con la presión política y la corrupción, siguen debilitando la independencia judicial”.
La organización sostiene que, bajo la dirección de la fiscal general Consuelo Porras, el Ministerio Público ha impulsado procesos penales “espurios” que han deteriorado el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos. Entre los casos citados figuran las detenciones de líderes indígenas como Luis Pacheco, Héctor Chaclán y Esteban Toc por su participación en protestas de 2023, así como procesos contra estudiantes y defensores vinculados a la crisis de la USAC.
HRW también señala que la fiscal general ha intentado en repetidas ocasiones retirar la inmunidad del presidente Arévalo y de miembros de su administración para investigarlos penalmente. Asimismo, recuerda que el juez Fredy Orellana ordenó en 2024 la cancelación y luego la “nulidad absoluta” del partido Movimiento Semilla.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Aunque el eje del capítulo es la institucionalidad, HRW enmarca el escenario de 2026 en un clima adverso para la libertad de expresión. Cita el caso del periodista José Rubén Zamora, detenido en 2022 y devuelto a prisión en marzo de 2025, pese a que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria concluyó que su encarcelamiento fue arbitrario y motivado por el ejercicio de su libertad de expresión.
Según la Asociación de Periodistas de Guatemala, al menos 19 comunicadores permanecían en el exilio en mayo de 2025. UDEFEGUA, por su parte, documentó más de 4.000 incidentes de criminalización, acoso y violencia contra defensores, periodistas y funcionarios judiciales en 2024.
INSEGURIDAD COMO INDICADOR DE IMPUNIDAD
Según el reporte, el país “enfrenta desafíos derivados del crimen organizado y el narcotráfico, agravados por las deficiencias institucionales de su sistema de justicia”. HRW recuerda que en agosto de 2025 varios custodios fueron tomados como rehenes durante disturbios en una cárcel.
En materia de violencia letal, Human Rights Watch cita datos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) según los cuales entre enero y julio de 2025 se registraron 326 homicidios más que en el mismo periodo de 2024, lo que supone un incremento del 21 % y eleva la tasa nacional a 17,65 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
HRW vincula estos indicadores a la impunidad estructural. Retoma el diagnóstico de la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, quien señaló que desde 2018 el Ministerio Público solo logró presentar acusaciones o conseguir condenas en menos del 9% de los 3,8 millones de expedientes que cerró.
Para Human Rights Watch, estos niveles de ineficacia penal refuerzan la percepción de desprotección ciudadana y alimentan la continuidad de la violencia en un contexto de instituciones debilitadas.
