La Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cerró el pasado miércoles la puerta a un nuevo intento del Ministerio Público (MP) por apartar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Con una resolución escueta y sin mayores consideraciones, el órgano integrado por los magistrados Igmaín Galicia Pimentel, Estuardo Cárdenas y Vanessa Juárez Midence rechazó la solicitud de la Fiscalía de Delitos Administrativos para revocar el amparo provisional que restituyó en sus cargos a cuatro magistrados titulares del ente electoral.
La decisión mantiene vigente el amparo otorgado el pasado 27 de noviembre, con el cual la CSJ dejó en suspenso la resolución de la Sala Tercera de Apelaciones Penal que había separado del cargo a los magistrados, pese a que estos nunca estuvieron en prisión preventiva y contaban con medidas sustitutivas. La legislación guatemalteca establece que la suspensión de un funcionario procede únicamente cuando existe privación de libertad, extremo que no se configuró en este caso y que, por ende, la resolución fue tildada de ilegal por organismos internacionales.
En su resolución, fechada el 17 de diciembre de 2025, la Cámara se limitó a señalar que debía “estarse a lo ya resuelto” en el auto anterior. Sin rodeos, dijo no al pedido del MP, dirigido por la fiscal general María Consuelo Porras, sancionada internacionalmente por su papel durante el intento de revertir los resultados de las elecciones generales de 2023, que los cuatro magistrados avalaron y no dieron crédito a su tesis de un supuesto fraude electoral.
El pronunciamiento de la Cámara contrasta con la ofensiva jurídica desplegada por la Fiscalía de Delitos Administrativos, que solicitó la revocatoria del amparo provisional argumentando que este no cumplía con los requisitos de definitividad y que no existían violaciones a los derechos constitucionales de los magistrados del TSE. La Cámara, sin embargo, desestimó la pretensión.
Fue el amparo provisional que permitió el regreso de los magistrados al Tribunal tras más de dos años de suspensión. La decisión de esa Sala dejó fuera del cargo a los magistrados al margen de la ley, en el marco del caso TREP, la investigación penal por la supuesta compra irregular del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares utilizado en los comicios de 2023.
Los magistrados —Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco— han sostenido que el proceso penal en su contra es espurio y otros sectores también dicen que responde a represalias por haber validado la victoria de Bernardo Arévalo en las elecciones presidenciales, en un contexto que observadores internacionales y países calificaron como un intento de golpe de Estado impulsado desde el MP, extremo que le valió 42 vetos a Porras por dinamitar la democracia de Guatemala.
EL PEDIDO DEL MP
En su memorial, la Fiscalía de Delitos Administrativos, a través del agente fiscal Walter Obdulio Vélez Sánchez, solicitó que se revocara el amparo provisional otorgado por la Cámara de Amparos y Antejuicios. Alegó, entre otros extremos, que la resolución impugnada no evidenciaba violaciones a los derechos de defensa y debido proceso, y que el amparo se concedió sin que se agotaran previamente los recursos ordinarios.
La Fiscalía también cuestionó la competencia del juez de primera instancia que conoció una revisión de medidas de coerción dentro del proceso penal, argumento que fue rebatido por la defensa de los magistrados, que acreditó la designación formal del juez como suplente mediante acuerdos de la Presidencia del Organismo Judicial y de la propia CSJ.
Pese a la extensión del planteamiento fiscal, la Cámara optó por una respuesta mínima: remitirse a lo ya resuelto y rechazar la revocatoria solicitada.
BATALLA SE TRASLADA A LA CC
La resolución de la Cámara de Amparos no pone fin al pulso. El MP mantiene pendiente una apelación ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra el amparo provisional, aunque la propia Fiscalía reconoció que presentó ese recurso fuera del plazo legal. Para justificar el retraso, alegó supuestos problemas en la notificación electrónica y acompañó un informe técnico elaborado por personal del mismo ente investigador.
La CC deberá decidir ahora si admite o no la apelación extemporánea y si revisa la resolución de la CSJ. De hacerlo, podría reabrir la posibilidad de una nueva desintegración del pleno del TSE, en un momento sensible de cara al calendario electoral.
El MP apela fuera de plazo restitución de magistrados del TSE y justifica el retraso con un informe
