La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, trasladó al Gobierno del presidente Bernardo Arévalo su “seria preocupación” por la criminalización de al menos 26 personas que participaron en la investigación del caso de corrupción Odebrecht en Guatemala.
Advierte de un patrón “sistemático y preocupante” de persecución penal contra fiscales, exfuncionarios y abogados que investigaron la trama de corrupción, y pide al Estado guatemalteco frenar de inmediato estas prácticas.
En una carta fechada el 10 de octubre y hecha pública este miércoles a través de su cuenta de X, la experta estadounidense advierte de la existencia de un patrón persistente de persecución penal dirigido contra operadores de justicia, en particular fiscales y exmandatarios de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y de la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
El pronunciamiento se produce tras una serie de resoluciones solicitadas desde el Ministerio Público dirigido por María Consuelo Porras y avaladas por la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, que ordenó la captura de 26 personas vinculadas a la investigación del escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Entre ellas, la relatora destacó el nombre de seis: la exfiscal general Thelma Aldana; el exjefe de la FECI Juan Francisco Sandoval; las exfiscales Eva Siomara Sosa Pérez y Amy Mayra Lissette Girón Rodas; la exoperadora de justicia Ingrid Letona; y la exsecretaria general del MP Mayra Yojana Veliz Pérez. Además, esa misma Sala ordenó la captura del excomisionado de la extinta CICIG, Iván Velásquez Gómez, y de Luz Adriana Camargo, actual fiscal general de Colombia.
Satterthwaite subraya que estos procesos se inscriben en un contexto ya documentado por su mandato y por informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que han alertado durante más de una década sobre represalias sistemáticas contra quienes investigan corrupción e impunidad en Guatemala.
“Lamentablemente, estos patrones no se han revertido”, afirma la relatora, que enumera al menos 12 comunicaciones previas enviadas por procedimientos especiales de la ONU al Estado guatemalteco desde 2013.
ÓRDENES DE CAPTURA Y AMPLIACIÓN DE DELITOS
Según la información recibida por Naciones Unidas, el 30 de mayo de 2025 la Sala Tercera de Apelaciones ordenó la captura de las 26 personas y declaró en rebeldía a varias de ellas por no comparecer ante los tribunales, pese a encontrarse en el exilio por razones de seguridad.
La resolución amplió, además, la calificación jurídica de algunos casos, incorporando delitos como asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión, todos vinculados a la legalidad de los mecanismos de colaboración eficaz utilizados durante la investigación del caso Odebrecht.
Pocos días después, a solicitud de la FECI de Rafael Curruchiche, la Sala decretó la reserva —que nadie tuviera acceso al proceso—, una decisión que, según la relatora, restringió incluso el acceso a los abogados de los operadores de justicia a información esencial para garantizar el derecho a una defensa adecuada.
La carta recuerda que el caso Odebrecht salió a la luz pública entre 2016 y 2017, cuando se reveló que la empresa brasileña pagó alrededor de USD 18 millones en sobornos a funcionarios guatemaltecos para asegurarse el contrato de ampliación de la carretera CA-2 Occidente.
Las investigaciones, lideradas por la extinta CICIG y la antigua FECI, identificaron a altos cargos del Ejecutivo, incluidos «un expresidente, una exvicepresidenta y un exministro de Comunicaciones», explica.
En ese contexto, las entonces autoridades del MP negociaron en 2017 un acuerdo de colaboración eficaz con la empresa, que incluyó el pago de US$17,9 millones como reparación al Estado, la devolución de bienes y una disculpa pública. En enero de 2018 se anunció la desarticulación de la red criminal asociada a los sobornos, apunta.
INVESTIGACIONES REABIERTAS
Uno de los elementos que más inquieta a la relatora es que las denuncias sobre supuestas irregularidades en los acuerdos de colaboración eficaz ya habían sido investigadas por la Fiscalía de Asuntos Internos, que recopiló más de un centenar de medios de prueba y concluyó en 2019 que no existía hecho delictivo que investigar, anota.
No obstante, en 2022 el expediente fue trasladado a la FECI bajo la jefatura de Curruchiche, pese a que la ley asigna a Asuntos Internos la persecución penal de delitos atribuidos a funcionarios del MP.
Tras la destitución de Sandoval en 2021 como jefe de la FECI, señala la carta, la nueva administración de esa Fiscalía reabrió el caso “sin la presentación de nuevos elementos de convicción”, promovió la revocatoria de los acuerdos de colaboración eficaz y promovió resoluciones de cierre de casos a favor de algunos de los principales implicados en la trama de sobornos. Paralelamente, indica que se iniciaron procesos penales contra exfiscales y exfuncionarios que habían liderado las investigaciones.
USO DE LA RESERVA JUDICIAL
La relatora dedica un apartado específico al uso reiterado de la figura de reserva judicial total, aplicada de forma continuada desde 2021 y prorrogada más de veinticinco veces. Esta práctica advierte, habría limitado de manera significativa el acceso de las defensas a los expedientes, sin que se acreditara un riesgo real de obstaculización de la investigación.
Satterthwaite expresa además su preocupación por la divulgación selectiva de información bajo reserva en redes sociales y medios de comunicación, presuntamente por representantes del MP, mientras las defensas seguían sin acceso completo a los expedientes.
ADVERTENCIA AL ESTADO
Sin prejuzgar la veracidad de las alegaciones, la relatora considera que la información recibida “sugiere una utilización arbitraria y desproporcionada del aparato punitivo del Estado” contra operadores de justicia por actos vinculados a su ejercicio profesional.
El uso de tipos penales graves —como asociación ilícita, conspiración o colusión— en ausencia de nuevas pruebas, señala, podría constituir un uso instrumental del derecho penal y tener un efecto intimidatorio sobre fiscales y jueces que investigan corrupción.
La experta pide al Gobierno de Guatemala que proporcione información detallada sobre las bases jurídicas de las órdenes de captura, el estado procesal de los casos, la aplicación de la reserva judicial y las medidas adoptadas para garantizar el debido proceso, la independencia judicial y la seguridad de las personas en el exilio.
Advirtió entonces de que dicha carta y la eventual respuesta oficial serían hechas públicas y elevadas al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como sucedió este miércoles.
“Podré expresar públicamente mis preocupaciones en un futuro cercano”, concluye Satterthwaite, al considerar que los hechos descritos justifican una atención inmediata y que la opinión pública debe ser informada sobre sus implicaciones.
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GOBIERNO RECONOCE PATRÓN DE CRIMINALIZACIÓN
En su comunicación de respuesta a la Relatora Especial, el Gobierno de Guatemala reconoció que el país atraviesa “un momento crítico” en relación con la criminalización de defensores de derechos humanos y operadores de justicia, aunque subrayó su “firme compromiso con la protección de los derechos humanos”.
La carta fue remitida por la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) del Ejecutivo, como instancia encargada de la interlocución con los mecanismos internacionales.
Según el documento, el Gobierno sostiene que esta coyuntura ha llevado a “reabrir las puertas del Estado a los mecanismos internacionales de protección”, permitiendo una supervisión independiente de la situación de derechos humanos en el país.
Como ejemplo, la misiva menciona las visitas oficiales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En particular, el Gobierno citó las observaciones preliminares de la CIDH tras su visita in loco, en las que el organismo regional advirtió que el uso abusivo del derecho penal “se intensificó tras la salida de la -extinta- Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019”, afectando principalmente a operadores de justicia investigados e imputados por supuestos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones; mismo extremo que denunció Satterthwaite.
La carta enumera cinco patrones de instrumentalización del derecho penal identificados por la CIDH: la presentación de múltiples denuncias contra una misma persona; el uso de denuncias anónimas o infundadas para generar presión, hostigamiento e intimidación; la aplicación de tipos penales ambiguos o que no se corresponden con los hechos denunciados; el abuso de la prisión preventiva; y las violaciones al debido proceso y al derecho de defensa, incluidas prácticas dilatorias y la denegación de acceso a los expedientes judiciales.
La Hora consultó al Departamento de Información y Prensa del MP de Porras por una postura ante la carta de la relatora de la ONU, pero al cierre de la edición de esta nota no hubo respuesta. De enviarse se incluirá en este espacio.
