La inminente elección de los representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) para integrar la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) vuelve a poner en el centro del debate la influencia de redes políticas y académicas que operan desde hace años en los procesos de selección de autoridades judiciales.
Dos aspirantes, inscritos por un fiscal de la planilla Coalición Gremial, mantienen vínculos directos con dos figuras sancionadas por Estados Unidos: el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Walter Mazariegos, y el magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), Nester Vásquez Pimentel. El primero señalado de llegar de forma fraudulenta al cargo y el segundo por socavar la justicia en el país, según Washington.
Los abogados María Alicia Ovalle Gramajo y José Pablo Samayoa Pacheco buscan convertirse, respectivamente, en comisionada titular y suplente para la postuladora del TSE, que deberá preseleccionar a los futuros magistrados electorales para el periodo 2026-2032, ambos cuentan con vínculos con el rector y el magistrado de la CC sancionados por EE.UU.
HUELLA DE MAZARIEGOS
Aunque Coalición Gremial se presenta desde hace años como una agrupación con presencia amplia entre abogados, su estructura hoy mantiene conexiones estrechas con Mazariegos. El abogado Wilson Joel López González es el rostro visible de la organización dentro del CANG, pero el papel que jugará ahora su agrupación se debe, en buena parte, a su cercanía con el rector sancionado.
López González figura como trabajador de la USAC en la Coordinadora de Cursos Libres, según el directorio interno de la universidad, y aparece en fotografías institucionales que lo identifican en actividades organizadas por la Rectoría. Estas conexiones permiten inferir que Coalición Gremial se ha convertido en un vehículo de influencia para los intereses del rector en los procesos de postulación.
La candidatura de María Alicia Ovalle Gramajo refuerza esa lectura. Ovalle fue contratada como docente para el segundo semestre de 2025 en el Centro Universitario de Totonicapán, adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC. Lo anterior se puede verificar en el sitio oficial de esa casa de estudios.
A la trayectoria de Ovalle Gramajo se suma otro elemento que refuerza los vínculos de la candidata con las redes que orbitan alrededor del rector sancionado. Según un informe de Movimiento Pro Justicia publicado en 2024, Ovalle participó previamente en la planilla Alianza de Profesionales por la Justicia, una agrupación gremial dirigida por Juan Carlos Godínez Rodríguez, viejo operador del sector justicia y figura clave en el ascenso de Mazariegos dentro de la USAC.
El documento describe a Godínez Rodríguez como la “cabeza visible” de esa alianza y recuerda que, como representante del CANG ante el Consejo Superior Universitario (CSU), facilitó “de forma fraudulenta” la llegada de Mazariegos al despacho de rector.
Su permanencia en el CSU se prolongó más allá del periodo legal hasta que fue removido mediante un amparo, y en 2023 volvió a las estructuras del rectorado como asesor. Incluso fue nombrado representante suplente ante la Junta Monetaria durante esta misma administración.
La presencia de Ovalle en aquella planilla muestra un hilo de continuidad entre Alianza de Profesionales por la Justicia y Coalición Gremial, agrupaciones que han servido como plataformas para operadores cercanos a Mazariegos.
Tanto Godínez como Ovalle formaron parte de la misma estructura, en la que él fungía como dirigente y ella como candidata respaldada por su planilla, vinculada al rector de la tricentenaria. Este medio intentó, sin éxito, comunicarse con Ovalle, pero la llamada no entró a su número telefónico.
ASESOR DEL MAGISTRADO VÁSQUEZ
El segundo aspirante, José Pablo Samayoa Pacheco, tiene un vínculo directo con el magistrado de la CC, Nester Vásquez Pimentel. Según confirmó la propia Corte a través de una consulta de información, Samayoa Pacheco fue nombrado para “desempeñar sus funciones en la Vocalía IV”, el despacho de Vásquez Pimentel.
En la práctica, Samayoa Pacheco figura como uno de los hombres de confianza del magistrado. Entre sus tareas se encuentran la recepción y revisión de expedientes, el análisis de solicitudes de amparo, la elaboración de proyectos de sentencias y autos, y la preparación de borradores relacionados con inconstitucionalidades, desistimientos, sobreseimientos, aclaraciones y apelaciones. Su papel lo coloca en el círculo estrecho encargado de procesar y depurar buena parte del trabajo que sustenta las resoluciones de la alta Corte.
La Hora contactó a Samayoa Pacheco para conocer las razones de su postulación. El abogado adelantó que el lunes 15 de diciembre ofrecerá declaraciones junto a Ovalle Gramajo. Al ser consultado sobre si trabaja directamente con Vásquez Pimentel, respondió únicamente que labora en la Vocalía IV de la Corte de Constitucionalidad. Cuando se le señaló que ese despacho corresponde al magistrado sancionado, lo confirmó sin añadir más detalles.
La presencia de un asesor directo del magistrado en una comisión tan sensible como la postuladora del TSE podría plantear preocupaciones adicionales sobre la eventual injerencia de Vásquez Pimentel en los procesos electorales. El magistrado —sancionado por «influir» en la designación de jueces en casos de alto impacto en Guatemala, cuando se desempeñaba en la Corte Suprema—, ha sido una figura central en las alianzas gremiales de abogados.
OPERADOR CON TRAYECTORIA EN LA SOMBRA
Según el informe Comisiones paralelas 2019, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), López González fue uno de los abogados con los que el exsecretario privado de la presidencia Gustavo Alejos—acusado de intentar cooptar el proceso de elección judicial mientras permanecía internado en un sanatorio—mantuvo comunicación frecuente mediante mensajes de WhatsApp.
López también mostró cercanía con operadores judiciales como Mynor Moto —a quien actualmente respalda para ser magistrado de la CC— y en 2023 participó como candidato a concejal de la ciudad capital con el partido Cabal, de Edmond Mulet.
QUÉ ESTÁ EN JUEGO
El CANG tiene dos espacios clave dentro de la postuladora: un representante titular con voz y voto, y un suplente con voz pero sin voto. Las elecciones se celebrarán el lunes 5 de enero de 2026, con posibilidad de una segunda vuelta el 13 de ese mes si ninguna planilla alcanza la mayoría requerida.
La comisión que se integrará este año estará presidida por el rector Mazariegos e incluirá a decanos de Derecho de universidades públicas y privadas, así como a los representantes electos del CANG. Sus decisiones definirán la conformación del TSE que organizará las próximas dos elecciones generales del país.
