La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH) volvió a encender las alarmas sobre el deterioro del Estado de derecho en el país.
En su informe “Guatemala: desafíos en la defensa de los derechos humanos 2020–2025”, presentado el 5 de diciembre en la capital, la oficina documenta una estrategia sistemática de persecución penal contra jueces, fiscales, magistrados, abogados que participaron en investigaciones anticorrupción.
El diagnóstico es contundente. “Los ataques han configurado una persecución selectiva contra personas operadoras de justicia”, concluye el informe, que registra 206 agresiones documentadas desde 2019. Entre ellas, 66 casos corresponden a procesos de criminalización, una tendencia que, según la OACNUDH, se intensificó tras la expulsión de la CICIG.
La oficina recuerda que ya en 2019 alertó sobre los intentos de cooptación del sistema judicial por redes político-criminales. Ese deterioro, añade, ha sido reconocido por la CIDH, ACNUDH y organizaciones de derechos humanos. La consecuencia ha sido una oleada de denuncias, órdenes de captura, antejuicios y procesos penales dirigidos contra quienes impulsaron casos emblemáticos de corrupción.
Los datos son reveladores: fiscales y jueces han sido denunciados repetidas veces por los mismos delitos, en ocasiones mediante tipos penales ambiguos que permiten una amplia discrecionalidad judicial.
Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, aparece como un ejemplo paradigmático: ha sido señalado por “abuso de autoridad” al menos en 48 ocasiones.
PATRONES DE CRIMINALIZACIÓN
La OACNUDH identifica siete patrones que se repiten en los expedientes abiertos contra operadores de justicia.
1. Uso discrecional de tipos penales abiertos
Delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de deberes u obstaculización de la acción penal son empleados para sustentar denuncias de carácter político. Según el informe, estas figuras se registraron 135, 85 y 20 veces respectivamente en los casos documentados.
2. Reserva de actuaciones sin justificación
La oficina documentó el uso indebido de la reserva judicial en 16 casos, una práctica que limita el acceso a la defensa y vulnera la publicidad de las audiencias. En ocasiones, esa reserva se extiende durante meses sin motivación legal, indicó.
3. Concentración de expedientes en juzgados específicos
Aunque la ley establece una asignación aleatoria, los expedientes se han concentrado en tres órganos jurisdiccionales, según su monitoreo: los juzgados Tercero, Séptimo y Décimo Penal. Sus integrantes —los jueces Fredy Orellana, Jimi Bremer, Víctor Cruz y Mynor Moto— han sido señalados públicamente por favorecer a actores ligados a redes de poder político y económico y sancionados por EE. UU.
#AhoraLH | Nira Cárdenas, coordinadora del espacio de justicia de Oacnudh, identificó que los casos de criminalización se concentran en juzgados –tercero, séptimo y décimo penal— y fiscalías (FECI y Asuntos Internos) específicas. Así como el uso excesivo de la prisión preventiva.… https://t.co/qbYALRW9ts pic.twitter.com/FrBinyY0vn
— Diario La Hora (@lahoragt) December 5, 2025
4. Rol de fiscalías clave
La estrategia de persecución, según el informe, se articula principalmente desde la FECI, dirigida por Rafael Curruchiche —sancionado por 42 países—, y la Fiscalía de Asuntos Internos (FAI). De los 206 casos registrados, 98 provienen de la FAI.
5. Querellantes afines a investigados por corrupción
La Fundación contra el Terrorismo —sancionada por la Unión Europea— aparece como un actor central en la interposición de denuncias. La OACNUDH identifica al menos 81 expedientes promovidos por esta organización, cuyas figuras han sido investigadas en el pasado por la CICIG.
#AhoraLH | Vanesa Álvarez, coordinadora del espacio democrático de la Oacnudh, asegura que el Ministerio Público —que dirige Consuelo Porras— aparece en el 50% de los actores que usan de forma indebida el proceso penal, así como la Fundación contra el Terrorismo y personas que… pic.twitter.com/RnhiSzQuK7
— Diario La Hora (@lahoragt) December 5, 2025
6. Prisión preventiva prolongada como castigo anticipado
En 14 casos, la oficina documenta el uso desproporcionado de la prisión provisional, con extensiones que no responden a criterios estrictamente procesales.
7. Dilación indebida del proceso penal
Suspensiones reiteradas, plazos extendidos y errores administrativos ralentizan los expedientes. Se han incumplido las primeras declaraciones dentro de las 24 horas establecidas por ley y se han prolongado investigaciones hasta por tres meses sin justificación suficiente.
8. Aislamiento, amenazas y violencia
La oficina ha documentado la privación de libertad de nueve operadores de justicia —ocho mujeres y un hombre—. El análisis refiere que todas las mujeres fueron sometidas a régimen de aislamiento, con restricciones de visitas y una hora de sol al día. También dice que se registraron amenazas y agresiones dentro de los centros de detención.
9. Violencia digital
A ello se suma la violencia digital. Redes coordinadas de netcenters difunden mensajes intimidatorios, imágenes con simbología de muerte y fotografías privadas, documentó la oficina. En algunos casos, los mensajes fueron replicados por cuentas institucionales del Ministerio Público, lo que, según la OACNUDH, evidencia acceso privilegiado a información sobre capturas y allanamientos.
CASOS EMBLEMÁTICOS
Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, acumula 83 denuncias, siete procesos judiciales y 10 órdenes de captura. Los casos que dirigió —Odebrecht, Comisiones Paralelas 2020, Construcción y Corrupción, Patrullas o Alfombra Mágica— son algunas de las más relevantes en la lucha anticorrupción del país, indicó.
Asimismo, Erika Aifán, exjueza de Mayor Riesgo D, enfrenta 39 antejuicios, 19 denuncias ante el MP y 11 quejas ante la Procuraduría de Derechos Humanos. Fue perseguida luego de emitir resoluciones en casos como Comisiones Paralelas 2020, Odebrecht y Caja de Pandora. Tres órdenes de captura pesan todavía sobre ella.
La abogada y exoperadora de la CICIG, Claudia González, fue detenida en agosto de 2023. Pasó 82 días privada de libertad en aislamiento por un delito —abuso de autoridad— que exige una condición que no posee: ser funcionaria pública. La Sala Primera de Apelaciones, al liberarla, recordó que “la libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente necesarios”.
Leidy Santizo fue arrestada en febrero de 2022, estuvo desaparecida durante dos horas en manos de la policía, periodo en el que agentes intentaron interrogarla sin acceso a un juez. El expediente permaneció bajo reserva durante 13 meses, pese a la falta de mérito declarada.
El caso de la exfiscal de FECI, Virginia Laparra, simboliza, según la OACNUDH, el uso de la prisión preventiva como castigo anticipado. Estuvo más de nueve meses en prisión por un supuesto abuso de autoridad. El Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la ONU calificó su detención de “arbitraria” y pidió su liberación inmediata. Fue excarcelada en 2024 tras múltiples irregularidades procesales.
EXILIO Y DESPROTECCIÓN
El informe concluye que estos patrones han forzado al exilio a al menos 60 operadores de justicia. Los programas de protección en Guatemala y en los países receptores, añade, no han respondido a los riesgos reales: varias personas denunciaron sentirse revictimizadas.
La OACNUDH advierte que el impacto de esta ofensiva no se limita a los operadores perseguidos. Los ataques generan un clima de miedo y autocensura que debilita la independencia judicial y mina la lucha contra la impunidad. “La denostación pública y la desinformación socavan la confianza en las instituciones”, señala el informe.
Desde 2020, asegura la oficina, el Estado no ha logrado revertir ese deterioro. Y el retroceso continúa.
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