La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) trazó uno de sus diagnósticos más severos sobre Guatemala en los últimos años.
En el informe “Guatemala: Desafíos en la defensa de los derechos humanos 2020–2025”, presentado el 5 de diciembre, el organismo advierte que las agresiones contra operadores de justicia, líderes indígenas, periodistas y defensores no son hechos aislados, sino parte de un patrón “sistémico y multifacético” que se consolidó al amparo del deterioro democrático y la cooptación del sistema de justicia.
El análisis —un informe de 48 páginas— fue presentado con palabras de bienvenida por el representante de Oacnudh en Guatemala, Mika Kanervavuori, y expuesto por Nira Cárdenas y Vanesa Álvarez, coordinadoras de los espacios de justicia y democrático respectivamente. La sesión contó con la participación de organizaciones sociales, activistas, cooperación internacional, misiones diplomáticas, periodistas.
El documento registra 1 mil 546 ataques contra 940 personas, organizaciones y comunidades, que van desde campañas de descrédito y vigilancia hasta procesos penales, desplazamiento forzado e incluso asesinatos.
Para la Oficina, las agresiones provienen tanto de actores estatales como de grupos privados con intereses económicos o políticos, aunque subraya que el Ministerio Público (MP) —dirigido desde 2018 por María Consuelo Porras— se convirtió en una de las instituciones que más han impulsado la criminalización de quienes cuestionan al poder.
Porras, sancionada por 42 países del mundo por corrupción y socavar la democracia, fue elegida para el cargo por los expresidentes Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, este último sancionado por Washington por recibir sobornos.
Ese contexto, señala el informe, permitió que la Fiscalía se transformara en un instrumento para perseguir a operadores de justicia que investigaron redes de corrupción, así como a periodistas y defensores cuyas denuncias incomodan a sectores políticos y económicos.
USO DEL DERECHO PENAL COMO ARMA
Entre 2020 y 2025, la criminalización se convirtió en la forma de agresión más frecuente. La OACNUDH documentó 745 procesos penales contra 332 personas, muchos de ellos con imputaciones desproporcionadas, investigaciones débiles o fundamentos que, según el organismo, no resisten un escrutinio técnico.
La Oficina subraya que el derecho penal se ha utilizado de manera “alarmante” y “sistemática” para neutralizar a fiscales que lideraron casos de alto impacto, a autoridades indígenas que defienden su territorio y a periodistas que investigan corrupción.
Un patrón recurrente es la apertura de causas sin pruebas sólidas, la solicitud de medidas extremas como prisión preventiva y la filtración selectiva de información a cuentas de “netcener”.
Aunque OACNUDH no identifica en público a todos los funcionarios responsables —por criterios de protección—, sí sostiene que las fiscalías de Asuntos Internos y Especial contra la Impunidad (FECI) —que dirige el también 42 veces sancionado Rafael Curruchiche— han sido actores clave en la ofensiva.
Este diario solicitó a la oficina de información y prensa del MP una postura sobre los señalamientos incluidos en el informe y sobre las prácticas atribuidas a las fiscalías. La institución recibió la consulta, pero hasta el cierre de esta edición no ofreció una respuesta.
Además, la Fundación contra el Terrorismo —que preside Ricardo Méndez-Ruiz— y personas que fueron procesadas en casos de corrupción son de los mayores denunciantes contra operadores de justicia que investigaron causas penales sobre redes criminales dedicadas al saqueo de los bienes del Estado.
También señalaron el uso recurrente de la reserva judicial para impedir que las personas criminalizadas accedan a la información y a los documentos de sus propios procesos. A ello se suma —advirtieron— la aplicación desproporcionada de la prisión preventiva, la suspensión reiterada de audiencias y el retardo malicioso por parte de algunos jueces.
El informe describe además un patrón de asignación de casos de criminalización a juzgados específicos, como el Tercero, Séptimo y Décimo Penal, dirigidos por jueces sancionados por Estados Unidos por socavar la justicia: Fredy Orellana, Víctor Cruz, Jimi Bremer y Mynor Moto.
ATAQUES DIGITALES
Además de la vía judicial, la Oficina detectó un incremento de campañas de descrédito, hostigamiento digital y discursos de odio. El informe describe un ecosistema mediático y paraestatal que opera en redes sociales, donde perfiles falsos o vinculados a intereses políticos difunden narrativas que equiparan a periodistas con “delincuentes”, “corruptos” o “enemigos del país”.
Estas cuentas han sido denominadas como “netcenter” y fueron expuestas como de desinformación en un informe de la Unión Europea en 2023.
El organismo señala que varias de estas campañas buscan preparar el terreno para posteriores denuncias penales. En algunos casos, los ataques se coordinan con conferencias de prensa de instituciones públicas del sector justicia que presentan a defensores como una amenaza para la seguridad nacional o como parte de supuestas conspiraciones internacionales.
La OACNUDH advierte que esa dinámica no solo erosiona la libertad de expresión, sino que fomenta un clima en el que la violencia —incluida la violencia física— se normaliza.
EXILIO, AUTOCENSURA Y MIEDO
Las consecuencias, dice, han sido devastadoras. De acuerdo con el informe, decenas de fiscales, jueces y periodistas se han visto obligados a abandonar Guatemala en los últimos cinco años. Muchos de ellos salieron tras recibir órdenes de captura basadas en casos que, posteriormente, tribunales independientes declararon infundados o inconsistentes.
La OACNUDH resalta que el exilio se volvió la única forma de proteger la vida de quienes enfrentan persecución penal. En un pasaje del informe, la oficina señala que varias personas entrevistadas describieron el fenómeno como “una fuga forzada” que trastoca familias enteras, destruye carreras profesionales y deja sin referentes institucionales al sistema de justicia.
A la par del exilio, la autocensura se disparó. Periodistas consultados por el organismo aseguran que han reducido investigaciones, cambiado rutinas de seguridad y limitado contactos por temor a que sus comunicaciones sean interceptadas o usadas para abrirles causas penales. Algunas redacciones declararon que viven bajo una “presión constante” que afecta tanto la calidad del trabajo como la salud mental de los equipos.
El informe también dedica un apartado a las agresiones contra autoridades indígenas y defensores del territorio, quienes figuran entre los más atacados.
Según OACNUDH, los conflictos por proyectos extractivos y obras públicas han provocado un aumento de denuncias, órdenes de captura y estados de prevención en zonas donde las comunidades reclaman consulta previa y transparencia.
En varios casos, las comunidades denunciaron vigilancia, allanamientos y detenciones arbitrarias.
La Oficina documentó situaciones en las que líderes comunitarios enfrentan simultáneamente procesos penales, campañas de difamación y amenazas de actores criminales. En el Altiplano y en la Franja Transversal del Norte —dos de los territorios más conflictivos—, la oficina constató que defensores viven bajo un constante riesgo de violencia.
PAÍS EN DISPUTA
Si bien la OACNUDH reconoce que parte de las agresiones proviene de actores privados, subraya que es responsabilidad del Estado prevenirlas, investigarlas y sancionarlas.
El informe señala que las autoridades han fallado de manera sistemática en esa obligación, y que la impunidad ha alentado un clima donde atacar a un defensor o periodista rara vez tiene consecuencias.
La oficina también critica la falta de un mecanismo estatal de protección eficaz. Aunque Guatemala cuenta con iniciativas parciales, estas no responden a la magnitud de las amenazas ni garantizan medidas integrales.
En algunos casos, incluso, las instituciones encargadas de proteger terminan participando en la estigmatización o el señalamiento.
El informe llega en un momento crucial para el Gobierno de Bernardo Arévalo, que asumió el poder en enero de 2024 con la promesa de reconstruir el Estado de derecho y desmontar las redes que cooptaron las instituciones.
La Oficina le reconoce avances iniciales, pero sostiene que el sistema de justicia e instituciones afines continúan ataques contra defensores y esa estructura que permitió la persecución sigue intacta.
OACNUDH hace una serie de recomendaciones dirigidas al Ejecutivo, al Congreso, al sistema de justicia y a las instituciones de seguridad.
Entre ellas, fortalecer la independencia judicial, desmantelar redes ilegales incrustadas en instituciones públicas, revisar procesos penales usados para criminalizar defensores y garantizar mecanismos de protección que incluyan participación de la sociedad civil.
El diagnóstico final es contundente: Guatemala atraviesa un momento histórico en el que la lucha por la transparencia, la justicia y la defensa de derechos humanos se encuentra en abierta disputa con estructuras que han logrado capturar instituciones enteras.
La Oficina advierte que, si no se revierte la tendencia, el país corre el riesgo de normalizar la persecución como herramienta política y de profundizar un modelo de impunidad que ya expulsó a parte de su élite judicial y periodística.
El informe, sin embargo, también describe un país donde las comunidades, la prensa independiente y los operadores de justicia que permanecen resisten a pesar del desgaste. Esa persistencia —advierte OACNUDH— es la razón por la que continúan los ataques, pero también el motivo por el cual Guatemala mantiene posibilidades reales de recuperar su democracia.
