Un extrabajador del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) aceptó este jueves 4 de diciembre su responsabilidad por el robo de cinco tabletas electrónicas propiedad de la institución y fue condenado a la pena mínima, tras someterse al procedimiento especial de aceptación de cargos. La audiencia se celebró a puerta cerrada en el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal.
Luis Antonio Marroquín, quien se desempeñaba como auxiliar administrativo en el Inacif, admitió haber sustraído sin autorización los dispositivos electrónicos entre octubre y noviembre del año pasado, aprovechándose de su cargo.
Tras aceptar la imputación por hurto agravado, el juzgado le impuso inicialmente una condena de dos años de prisión, conmutable a razón de cinco quetzales diarios. Sin embargo, al haberse acogido al procedimiento antes de la etapa intermedia, la pena fue reducida a la mitad: un año de prisión conmutable, lo que implica el pago de Q1 mil 800 en el Juzgado de Ejecución para evitar la cárcel.
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Además de la condena, el sentenciado deberá reparar el daño pagando Q22 mil 500 al Inacif. También deberá publicar una disculpa como parte del acuerdo alcanzado con la parte agraviada en el Diario Oficial, en el Diario de Centroamérica y en un diario de circulación nacional el próximo 8 de diciembre.
“Para el día de hoy fue señalada la audiencia de aceptación de cargos a favor de mi patrocinado. De conformidad con el Decreto 10-2019, aceptamos los cargos, se pagaron los daños al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y fue condenado a la pena mínima. Por haberse realizado la audiencia antes de la etapa intermedia, se le redujo la condena a la mitad”, explicó el abogado defensor, Alejandro Arriaza, al salir de la diligencia judicial.
Arriaza confirmó también que Marroquín ya fue despedido de la institución. “Él ya está despedido, esa fue la situación”, indicó. La jueza basó su resolución en el acuerdo reparatorio alcanzado entre el sindicado y el Inacif, así como en la aplicación de la ley de aceptación de cargos. Desde la primera declaración, al ahora condenado se le habían otorgado medidas sustitutivas.
EL CASO
La investigación se originó tras una denuncia del propio Inacif, que detectó la desaparición de cinco tabletas electrónicas asignadas a distintas áreas administrativas. Según la carpeta judicial, Marroquín aprovechó su acceso a las instalaciones para sustraer los dispositivos y posteriormente empeñarlos.
El Ministerio Público informó que, durante un allanamiento realizado el 20 de noviembre en la vivienda del entonces trabajador, ubicada en la zona 7 capitalina, fue localizada una de las tabletas, aún identificada con el nombre institucional. Las otras cuatro fueron recuperadas posteriormente en casas de empeño, donde habían sido entregadas por el sindicado.
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En una primera fase del proceso, el juzgado de turno resolvió ligar a proceso penal a Marroquín por el delito de hurto agravado y le otorgó medidas sustitutivas que incluyeron arresto domiciliario y el pago de una caución económica, mientras el ente investigador concluía las diligencias. El MP obtuvo entonces un plazo de cuatro meses para ampliar la investigación.
La aceptación de cargos puso fin anticipado al proceso penal. Con el pago de la reparación económica y la imposición de la pena mínima conmutable, el caso quedó cerrado en el ámbito judicial, mientras el ahora condenado enfrenta las consecuencias laborales de su conducta: la pérdida definitiva de su empleo en una de las instituciones clave del sistema forense del país.
