En una resolución que reaviva los controversiales ecos del caso IGSS-PISA, el juez séptimo penal A, Fredy Orellana —sancionado por 42 países— dictó este 4 de diciembre falta de mérito a favor de Carlos Alberto Revolorio Galindo, representante legal de la droguería PISA, acusado del delito de fraude por su presunta implicación en el millonario contrato de diálisis peritoneal adjudicado por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
La audiencia se celebró en el juzgado que dirige el propio Orellana, a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), actualmente bajo la dirección de Rafael Curruchiche. Sin embargo, la investigación original fue realizada por la FECI que encabezaba Juan Francisco Sandoval, hoy en el exilio. Este contraste fue justamente uno de los ejes del razonamiento del juez para desestimar la imputación.
Orellana no solo declaró insuficientes los medios de convicción presentados por la fiscalía, sino que desacreditó abiertamente la investigación, a la que calificó como basada en “chismes” y “pláticas entre personas ociosas”.
“La investigación en este caso se tuvo a la vista, no fue practicada por los fiscales que el día de hoy se encuentran acá presentes, fue practicada por otras personas que ya ni siquiera laboran en el Ministerio Público”, afirmó el juez al inicio de su argumentación.
#AhoraLH | El juez Fredy Orellana dictó falta de mérito a favor de Carlos Alberto Revolorio, representante legal de la droguería Pisa, por el delito de fraude. El togado hizo mención de que la antigua FECI no presentó medios de convicción suficientes para ligarlo a proceso, y… pic.twitter.com/UPgNuSdEoN
— Diario La Hora (@lahoragt) December 4, 2025
Según Orellana, los documentos presentados por la acusación “no sustentan la posible responsabilidad penal del sindicado”, sino que reflejan, a su criterio, una simple disputa empresarial entre compañías proveedoras.
“Lo que pareciera es una competencia entre la empresa Baxter y la empresa PISA, pero reitero: aquí no juzgamos actos de competencia desleal o de competencia entre empresas privadas; únicamente juzgamos posibles actos que vulneren la ley penal”, sostuvo.
En ese mismo hilo, subrayó que la mayoría de los implicados en el expediente ya habían sido absueltos en distintas instancias. “Básicamente todas las personas han sido absueltas oportunamente en primera instancia, en segunda instancia, e inclusive por medio de acciones de amparo han sido confirmadas dichas resoluciones”, dijo antes de concluir que no existían “indicios racionales suficientes de la posible participación del señor Carlos Alberto Revolorio Galindo”.
La consecuencia fue inmediata. Le dictó auto de falta de mérito a favor del representante de PISA, poniendo fin —al menos por ahora— a una de las aristas del caso que en 2015 destapó una de las tramas de corrupción más graves vinculadas al sistema de salud pública guatemalteco.
CASO IGSS PISA
El proceso se remonta a julio de 2015, cuando el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) anunciaron la captura de varios funcionarios del IGSS por la adjudicación irregular de un contrato de diálisis peritoneal a la empresa PISA de Guatemala, S. A.
Según los hechos, ese 24 de julio fue detenido Walter Omar Linares Pacheco, jefe de Consulta Externa del IGSS y de la Unidad de Nefrología, por incumplimiento de deberes. Al mismo tiempo, se giraron órdenes de captura contra Carlos Alberto Revolorio Galindo, representante legal de PISA —quien residía entonces en Estados Unidos—, y contra Francisco Cortez Bocaletti, jefe del Departamento de Servicios Contratados del IGSS, ambos por el delito de fraude.
Las investigaciones de entonces establecieron que Linares Pacheco no solo conocía las fallas graves del servicio de diálisis ofrecido por PISA, sino que además transmitía las excusas de la empresa sin activar los mecanismos de control necesarios, pese al riesgo directo para la vida de los pacientes.
Las escuchas telefónicas, según el comunicado, evidenciaron que tanto él como Cortez Bocaletti permitieron irregularidades en complicidad con el proveedor y ocultaron a los usuarios la verdadera situación del contrato adjudicado bajo el NOG 3381625.
En cuanto a Revolorio Galindo, se le señaló de conocer “los vicios sustanciales” del servicio ofertado por PISA, en violación de regulaciones sanitarias del Ministerio de Salud. Según el ente internacional, el representante legal avaló y promovió “circunstancias fraudulentas en perjuicio del IGSS y en clara amenaza a la integridad física y a la vida de los pacientes”.
