La escena parecía diseñada para reforzar una narrativa de respaldo popular: el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, invitaba públicamente a La Hora a recorrer mercados, centros comerciales o la Sexta Avenida para comprobar —según sus palabras— cómo la gente se acerca a felicitarlo por su trabajo en el Ministerio Público.
El ofrecimiento, formulado frente a micrófonos y cámaras, buscaba desacreditar las críticas que recibe en redes sociales, que atribuyó a “bots y netcenters”.
Sin embargo, la reacción inmediata a ese video el pasado 17 de noviembre en X expuso una realidad diametralmente opuesta. Un análisis de 168 comentarios publicados en la misma plataforma muestra que la abrumadora mayoría no respalda la versión del fiscal: predominan los insultos, los reproches por la opacidad en su salario y las exigencias de que cumpla el recorrido que él mismo propuso.
Solo cinco mensajes pueden considerarse “defensores” de Curruchiche, y ni siquiera lo hacen en términos de respaldo explícito a su gestión, sino celebrando que no haya respondido a este diario o insultando al medio.
CURRUCHICHE SIN APLAUSOS
Los mensajes críticos coinciden en dos ejes: la falta de transparencia del Ministerio Público y el rechazo a la figura del jefe de la FECI, señalado internacionalmente por socavar la democracia y vetado de 42 países. “No es necesario ir a la sexta, que lea los comentarios q provoca. Dudo mucho q haya una persona normal q lo quiera y apruebe sus payasas (Sic)”, se lee entre los pocos comentarios que no le insultan. La mayoría utiliza un tono áspero, con lenguaje soez y descalificaciones directas.
Entre los pocos mensajes favorables destaca el de una cuenta anónima creada en octubre de 2023, bajo el usuario @silverfox727231, cuya actividad se concentra en repostear contenidos de cuentas dedicadas a la desinformación y a atacar al Gobierno de Bernardo Arévalo. “¿Y a ustedes, grandes faferos, cuántos años lleva La Hora de vivir del Estado? Desde más de cincuenta años. No sean hipócritas. Al menos el fiscal trabaja, ustedes solo reciben plata para seguir con esa agenda de izquierda”, escribió.
Otro de los mensajes en defensa de Curruchiche proviene de un usuario que se identifica como abogado, bajo el seudónimo @JMAMatus. “Ese dato de hecho NO debe ser público, una simple lectura de la Ley de Acceso a la Información Pública les dejaría claro que en el caso de ciertos funcionarios del sistema de justicia existen excepciones a esa regla… un medio que sabe escribir pero no leer…”, publicó.
Los otros tres comentarios favorables repiten ataques directos contra La Hora, desde perfiles sin identidad verificable.
#AhoraLH | El fiscal Rafael Curruchiche evitó responder sobre su salario, un dato que debería ser público y que el Ministerio Público ha negado incluso por vía de información pública. En su lugar, invitó a La Hora a "ir a los mercados o a la Sexta Avenida" para comprobar, dijo,… pic.twitter.com/lqYhHNk5xO
— Diario La Hora (@lahoragt) November 17, 2025
OPACIDAD EN SALARIOS
El contraste entre la invitación del fiscal a comprobar su supuesta popularidad en las calles y el rechazo casi unánime en la conversación digital se produce en un contexto marcado por la opacidad institucional. El pasado 17 de noviembre, durante una conferencia de prensa, Curruchiche evitó revelar cuánto gana como funcionario público, pese a que la Ley de Acceso a la Información Pública considera ese dato como información de oficio.
La pregunta fue directa: si se autodenomina en X “el fiscal del pueblo”, ¿a cuánto asciende su salario? El jefe de la FECI respondió que “de acuerdo a la ley” no puede proporcionarse esa información, y citó de forma imprecisa el artículo 24 para justificar la reserva. De inmediato, desvió la atención con su propuesta de salir a recorrer mercados para “ver cómo las personas se toman fotos conmigo y me felicitan por la labor del Ministerio Público”.
La polémica no es aislada. En agosto de 2024, el Ministerio Público rechazó entregar a La Hora los salarios, aumentos y compensaciones de la fiscal general, María Consuelo Porras, así como de otros funcionarios cercanos a su despacho, incluido Curruchiche. La Unidad de Información Pública alegó que su divulgación causaría “serio daño y perjuicio”, sin presentar la resolución de reserva que exige la ley para clasificar información de manera legal.
El artículo 25 de la normativa es claro: cualquier clasificación debe ser emitida por la máxima autoridad, publicada en el Diario Oficial y justificar su alcance y plazos. De no cumplirse esos requisitos, la reserva es nula. Hasta ahora, el MP no ha demostrado la existencia de ese acto administrativo.
La discusión sobre los salarios ocurre, además, en un momento de fuerte aislamiento internacional del ente investigador. Porras, su secretario general Ángel Pineda, Curruchiche y la fiscal Leonor Morales acumulan sanciones y vetos de decenas de países —entre ellos Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea— que les prohíben el ingreso a sus territorios por acciones consideradas lesivas para el orden democrático y por intentar revertir los resultados de las elecciones de 2023.
A finales de septiembre pasado, la propia fiscal general eludió responder ante la Comisión de Finanzas del Congreso cuánto percibe como jefa del MP, durante la discusión del proyecto de Presupuesto 2026. “Gano menos que usted”, respondió a un diputado, sin dar cifra alguna, pese a tratarse de recursos públicos.
La contradicción de Consuelo Porras: habla de transparencia pero su sueldo es un secreto
