El juez Fredy Orellana acumula un historial que ilustra cómo las quejas en el Organismo Judicial tienen un complicado camino. A lo largo de los últimos años, la Junta de Disciplina Judicial —el órgano responsable de vigilar y sancionar la conducta de jueces y magistrados— ha archivado 12 de 13 denuncias en su contra. Esta última se encontraba en trámite.
De las 12, ninguna prosperó. Ninguna siquiera avanzó a una fase de investigación formal. A finales de octubre tras atender un polémico pedido del Ministerio Público (MP) que reavivó los temores de un nuevo intento de golpe de Estado, Orellana vuelve a ser denunciado ante la misma Junta Disciplinaria: esta vez suma cinco denuncias administrativas, que cuestionan su actuación por atentar contra la independencia judicial y el orden constitucional.
La Junta de Disciplina está presidida por la magistrada Beyla Estrada Barrientos, junto a los vocales Dora Fuentes López y Leonel Sáenz Bojórquez, quienes tienen en sus manos el poder de investigar, sancionar o archivar los señalamientos contra jueces y magistrados. Con Orellana, el patrón ha sido el mismo: no encontrar faltas en sus resoluciones, comportamiento y acciones bajo su cargo de juez, en lo que la Ley de la Carrera Judicial considera ilegal.
Bajo la administración de Estrada Barrientos, 110 denuncias de jueces sancionados por EE. UU., la Unión Europea y Canadá han sido archivadas, y los togados han salido indemnes de todo proceso disciplinario. Entre ellos, Orellana, quien suma más de una decena de denuncias desechadas sin que se le haya impuesto sanción alguna.
Las denuncias que en el pasado han recaído sobre el juez Orellana abarcan una amplia gama de motivos: abuso de autoridad, resoluciones ilegales, parcialidad y actuaciones contrarias a la Constitución. Ninguna prosperó. En agosto pasado, una investigación de La Hora reveló que los expedientes en su contra fueron archivados sin trámite alguno, pese a que algunas incluían pruebas de actuaciones que excedían sus atribuciones judiciales.
Los 7 jueces intocables que la Junta de Disciplina ha protegido archivando denuncias en su contra
JUEZ SEÑALADO DE SOCAVAR LA DEMOCRACIA
Orellana se ha convertido en uno de los símbolos más controvertidos del poder judicial guatemalteco. Su papel fue determinante durante la crisis poselectoral de 2023, cuando ordenó la suspensión del partido Movimiento Semilla, con el que Bernardo Arévalo ganó la presidencia, aplicando una norma ajena a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. La resolución, calificada como ilegal, desencadenó un enfrentamiento institucional que obligó a la Corte de Constitucionalidad (CC) a garantizar la toma de posesión de las nuevas autoridades electas.
Desde entonces, las decisiones de Orellana han estado bajo la lupa. Organismos internacionales y juristas nacionales lo acusan de utilizar la toga para favorecer intereses políticos y judiciales alineados con el MP dirigido por María Consuelo Porras, sancionada por 42 países —al igual que Orellana— por “socavar la democracia y obstaculizar investigaciones de corrupción”.
El pasado 24 de octubre, el juez volvió a agitar el tablero político al declarar la “nulidad absoluta” de Movimiento Semilla, atendiendo una solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), a cargo del también sancionado Rafael Curruchiche. La audiencia se celebró a puerta cerrada y, según abogados consultados, la resolución pretendía que el Congreso desconociera los cargos de los funcionarios electos por Semilla en 2023, incluido el presidente Arévalo.
La medida fue interpretada como un nuevo intento de ruptura del orden constitucional. Arévalo reaccionó con firmeza: denunció un “intento de golpe de Estado en curso” y pidió públicamente la destitución de Orellana.
DENUNCIA DEL CANG
A finales de octubre, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) presentó una denuncia administrativa ante la Junta de Disciplina Judicial por las recientes actuaciones del juez. El gremio, presidido por Patricia Gámez, argumentó que Orellana “ha incurrido en conductas que vulneran los principios éticos y de independencia judicial”, y que sus resoluciones ponen en riesgo “la estabilidad del equilibrio de poderes”. En un comunicado, la directiva del Colegio subrayó que su intervención responde a la obligación de defender el Estado de derecho y los valores democráticos.
La acción del CANG rompe con una prolongada inercia institucional. En los últimos años, el gremio de abogados se había mantenido al margen de los procesos disciplinarios, incluso frente a resoluciones ampliamente cuestionadas. La denuncia, ahora en manos de la Junta de Disciplina, que pondrá a prueba si el órgano continúa protegiendo al juez o si finalmente decide investigar su actuación.
La denuncia del CANG se sustenta en buena parte en la resolución de la debida ejecutoria que la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió esta semana, en donde anuló el fallo de Orellana sobre la nulidad de Semilla. «Resulta evidente que, con sus acciones, el juez FREDY RAUL ORELLANA LETONA interfiere de manera directa en las funciones que por disposición constitucional competen a otros Organismos del Estado, sus agentes y representantes», refiere.
La queja ante la Junta de Disciplina asegura que «atenta en contra del orden republicano de división de poderes y pone además en riesgo la estabilidad democrática del Estado de Guatemala, constituyendo su conducta una FALTA GRAVISIMA, según lo establecido en el artículo 42 literal h) de la Ley de la Carrera Judicial», que podría finalizar como consecuencia en su destitución.
Además, el mismo pres
RUTA PARA DESTITUCIÓN
El proceso disciplinario contra jueces en Guatemala está regulado por la Ley de la Carrera Judicial, que establece un mecanismo gradual y formal para investigar y sancionar a los funcionarios que infringen sus deberes éticos o legales.
Todo inicia con una denuncia o queja presentada ante la Junta de Disciplina Judicial. Cualquier ciudadano, abogado o institución puede plantear una denuncia, siempre que fundamente los hechos y aporte elementos de prueba. La Junta debe analizar si la acusación es procedente y, en caso afirmativo, abrir un expediente disciplinario que puede derivar en sanciones o, en última instancia, en la destitución del juez.
La Junta de Disciplina, integrada actualmente por Estrada Barrientos, Fuentes López y Sáenz Bojórquez, tiene la potestad de imponer sanciones leves o graves, pero no de separar definitivamente a un juez de su cargo.
Esa decisión solo puede adoptarla la Corte Suprema de Justicia —el máximo tribunal de justicia—, y únicamente si la Junta recomienda la destitución tras una investigación que determine la existencia de una falta gravísima. Entre las conductas sancionables figuran desde el incumplimiento de horarios o deberes administrativos, hasta la manipulación de procesos judiciales o la interferencia en funciones de otros organismos del Estado, consideradas faltas graves y gravísimas.
ANTECEDENTES DE ORELLANA
Orellana no es ajeno a las controversias. En los últimos años ha enviado a juicio al periodista José Rubén Zamora, a la exfiscal Virginia Laparra y ha girado orden de captura contra el exjefe de la FECI Juan Francisco Sandoval.
Su nombre figuró por primera vez en la lista de actores antidemocráticos vetados por Estados Unidos, que lo acusa de autorizar “cargos penales sin fundamento y por motivos políticos contra periodistas y operadores de justicia”. Pese a ello, dentro del sistema judicial guatemalteco sigue gozando de protección.
La denuncia del CANG llega en un momento de máxima tensión entre el Ejecutivo y el MP. Mientras la Presidencia anunció que prepara nuevas acciones administrativas para “encausar la destitución del juez”, la CC advirtió esta semana a Orellana que se abstenga de emitir resoluciones contrarias a la Constitución y recordó que los resultados electorales de 2023 son firmes e inalterables.
El pronunciamiento de la Corte fue un mensaje claro: cualquier intento de reabrir el proceso electoral carece de efectos jurídicos. Además, advirtió al juez para que en sus decisiones se abstenga de contravenir las disposiciones Constitucionales, o legales, en “especial aquellas normas sobre las que descansa el sistema electoral, democrático, republicano, representativo del Estado”.
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