En dos ocasiones y bajo el mismo argumento, la fiscal general María Consuelo Porras Argueta ha ordenado aumentos salariales en el Ministerio Público (MP) desde que asumió el cargo. En diciembre de 2024 y en octubre de 2025, la jefa del ente investigador autorizó incrementos de Q1 mil 500 mensuales para los trabajadores de los renglones 011 y 022, incluyéndose a sí misma entre los beneficiarios, aunque sin revelar cuánto gana realmente.
El MP justificó ambas medidas como “un reconocimiento al esfuerzo del personal” y una forma de “compensar el aumento del costo de vida”, mientras Porras insiste en que el ente investigador “ha alcanzado resultados considerables” durante su gestión. Sin embargo, detrás del gesto administrativo se mantiene una constante: el hermetismo sobre los ingresos de la propia fiscal general y de su círculo más cercano.
INCREMENTO REPETIDO
El primer aumento fue anunciado el 30 de diciembre de 2024, cuando el MP informó que el ajuste de Q1 mil 500 beneficiaría a los empleados de los renglones permanentes y por contrato. La institución aseguró entonces que la decisión respondía a la necesidad de “mejorar las condiciones económicas del personal” y a la “erosión del poder adquisitivo de los salarios”.
Menos de un año después, el 29 de octubre de 2025, el tema resurgió en el Congreso. Durante una citación de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), la encargada de Recursos Humanos del MP, Vivian Amabilia García, confirmó ante el diputado José Chic que un segundo aumento había sido aplicado “a todos”, incluida la fiscal general.
—¿Todos los salarios son afectos a ese número? —preguntó Chic.
—Todos —respondió García.
—¿Y la fiscal también?
—Todos, quedó registrado en la sesión.
La confirmación provocó nuevas críticas, pues Porras se ha negado sistemáticamente a informar sobre su salario, alegando razones de seguridad.
SUELDO QUE NADIE CONOCE
La opacidad sobre los ingresos de la fiscal general se arrastra desde 2021. Pese a la existencia de una Unidad de Información Pública, el MP ha declarado “reservada” la cifra, argumentando que su difusión podría “causar perjuicio a la seguridad” de la funcionaria.
El hermetismo también abarca los salarios de figuras clave de su administración, como Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI); Cinthia Monterroso, Leonor Morales y el secretario general, Ángel Pineda, todos parte del núcleo más cercano de Porras.
En una sesión de la Comisión de Finanzas Públicas, el diputado Román Castellanos, del grupo Raíces, disidente de Semilla, intentó obtener la cifra directamente de la fiscal. Ella respondió entre risas: “Gano menos que usted y tengo mil funciones más que usted”, eludiendo nuevamente una respuesta precisa.
PIDE MÁS PRESUPUESTO
Ambos aumentos salariales coinciden con años en que el MP ha solicitado incrementos considerables en su presupuesto. En septiembre último, Porras pidió al Congreso Q5 mil 245 millones para el ejercicio fiscal de 2026, Q1 mil 400 millones más que el techo asignado por el Ministerio de Finanzas. En esa comparecencia, defendió su gestión asegurando que cada centavo del presupuesto está “debidamente auditado” y que su equipo trabaja “a favor de las víctimas”.
Porras también ha promovido la construcción de la Torre III del edificio Gerona, con un costo estimado de Q303 millones, y la inversión de Q50 millones para nuevas fiscalías en ocho departamentos del país.
Arropada por su círculo cercano, Porras pide presupuesto de Q5 mil 245 millones para el MP
CRÍTICAS POR SECRETISMO
Sectores políticos y de sociedad civil han cuestionado la falta de transparencia en la gestión del MP. El diputado José Chic consideró “injustificable” que el salario de la fiscal general se mantenga en reserva:
“Si un funcionario público alega seguridad para ocultar su salario, mañana todos los jueces, magistrados o procuradores harán lo mismo”, señaló.
Organizaciones de justicia y transparencia, como Acción Ciudadana, han advertido que la reiteración de aumentos sin control público refleja el uso discrecional de los recursos en una institución señalada por su deterioro.
Porras —sancionada por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, entre 42 países— se mantiene vetada por “obstruir investigaciones de corrupción” y atentar contra la democracia con el intento de golpe de Estado de 2023, se mantiene en el cargo hasta mayo de 2026, cuando culmine su segundo período al frente de la institución más criticada de los últimos años en Guatemala.
La contradicción de Consuelo Porras: habla de transparencia pero su sueldo es un secreto
