El juez Séptimo Penal A, Fredy Orellana, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán judicial y político. El 24 de octubre de 2025, declaró la “nulidad absoluta” del partido Movimiento Semilla, acogiendo un requerimiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). La decisión reactivó tensiones históricas desde las elecciones generales de 2023, cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) tuvo que garantizar, tras un amparo, la posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera frente a un intento de golpe de Estado impulsado por actores del Ministerio Público (MP).
La reacción presidencial llegó tres días después. En cadena nacional, el presidente Arévalo afirmó que “no podemos permitir que un juez como Fredy Orellana siga atentando contra la Constitución y la voluntad popular expresada en las urnas” y pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la destitución de Orellana.
Además, diputados oficialistas interpusieron una denuncia penal contra el juez, mientras que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) presentó una denuncia administrativa ante la Junta de Disciplina Judicial, la cual podría dar pie a su destitución. La misma Corte Suprema informó por medio de un comunicado esta semana que inició un proceso también.
Sin embargo, estas acciones se suman a un historial de denuncias previas, ninguna de las cuales ha prosperado. La acumulación de procesos refleja la tensión constante entre el Ejecutivo de Arévalo, el MP de Porras y el Organismo Judicial (OJ) incluido por el bloque dominante de la Corte Suprema, marcada por cuestionamientos sobre la independencia y la ética de Orellana.
Mientras tanto, el pasado 29 de octubre, la Corte de Constitucionalidad reafirmó su resolución de 2023, dejando en firme los resultados electorales y advirtiendo que cualquier decisión judicial que los contradiga carece de efecto. El fallo de la alta Corte fue por unanimidad, luego de que los abogados Edgar Ortíz y Gregorio Saavedra, así como el Movimiento Semilla, solicitaran la debida ejecutoria para garantizar que el juez Orellana no estuviera violando la resolución.
Además, advirtió al juez Orellana para que en sus próximas resoluciones se abstenga de contravenir las disposiciones Constitucionales, o legales, en “especial aquellas normas sobre las que descansa el sistema electoral, democrático, republicano, representativo del Estado”.
POSIBLES FALTAS COMETIDAS
Dos abogados consultados por La Hora analizaron las posibles faltas en que habría incurrido Orellana, bajo la Ley de la Carrera Judicial, que regula el comportamiento y acciones de jueces y magistrados bajo el uso de la toga.
Luis Fernando Paiz, abogado constitucionalista, señaló que la decisión del juez de aplicar la Ley contra la Delincuencia Organizada al caso de Semilla podría constituir “una falta gravísima al interferir con otros órganos”. Esto en referencia de que el juez Orellana fue señalado de abusar de su autoridad para cancelar un partido político, cuando solo el Tribunal Supremo Electoral puede hacer lo anterior, según la Ley Electoral y de Partidos Políticos, del mismo rango que la Constitución.
Paiz agregó que “esto que sucedió con Semilla, independientemente de compartir o no la ideología del partido, es un verdadero atentado en contra del régimen electoral y democrático que nos debe preocupar a toda la sociedad”.
Sobre la restricción de acceso al expediente de Semilla, Paiz indicó que se trata de “una violación de las garantías mínimas del debido proceso” y que “perfectamente podría encuadrarse dentro de una falta grave”. Recordó que patrones similares se repiten en otros casos, como los del periodista Jose Rubén Zamora, el miembro de la Junta Directiva del CANG, Eduardo Masaya, y las autoridades indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, donde Orellana “se convierte en el verdugo que hace imposible la defensa de las personas”.
Javier Urízar, abogado en derechos humanos, detalló las faltas concretas en las que ha incurrido Orellana, según la Ley de la Carrera Judicial:
Gravísimas: interferir en el ejercicio de funciones de otros organismos del Estado; aceptar favores, préstamos o dádivas de las partes.
Graves: conductas discriminatorias en el ejercicio del cargo; ocultar a las partes documentos o información de naturaleza pública.
Leves: negligencia en el cumplimiento de los deberes propios del cargo.
Urízar afirmó que “todas ellas se cumplen en el actuar de Orellana durante los últimos años”. Subrayó que el juez “interfirió el ejercicio de las funciones de otros organismos del Estado” desde julio de 2023, y que incluso sigue emitiendo resoluciones que afectan al Ejecutivo y al Legislativo. Sobre la discriminación, aseguró que existe “un evidente sesgo en contra de Semilla y de la gente que pertenece al partido”, mientras que el acceso a expedientes se mantiene restringido de manera sistemática.
IMPLICACIONES LEGALES
Para Paiz y Urízar, la combinación de estas faltas permite contemplar sanciones graves, incluida la destitución. El artículo 42 de la Ley de la Carrera Judicial establece que las faltas gravísimas pueden conllevar suspensión sin goce de salario o separación definitiva del cargo. La Junta de Disciplina Judicial, que recibe las denuncias, podría entonces —al finalizar el proceso— remitir la recomendación de destitución a la Corte Suprema de Justicia.
Paiz enfatizó que “hay elementos más allá de toda duda razonable para cuestionar seriamente el rol que está jugando este juez dentro del sistema de justicia” y criticó la permisividad administrativa que ha permitido que sus decisiones permanezcan sin revisión efectiva. Urízar coincidió en que “Orellana debería ser destituido, porque ha hecho un daño enorme al Estado de derecho y a la institucionalidad democrática”.
Ambos coincidieron en que, aunque existen procedimientos legales para revisar las acciones del juez, “estos procesos tienen un componente político muy fuerte”.
“Los magistrados de CSJ tienen un control absoluto del OJ administrativamente, especialmente el Presidente, que atenta contra la independencia judicial y es que ellos pueden tomar decisiones sobre el futuro de jueces y magistrados a discreción. Si la CSJ no quiere que algo avance, no habrá manera en que otras instancias lo hagan a lo interno, porque el tema es político siempre”, dijo Paiz y recordó que fue la antigua CSJ la que en 2024 confirmó al juez Orellana para permanecer cinco años más en ese mismo juzgado, pese a las críticas y 42 sanciones de países impuestas contra el juez.
Paiz además responsabiliza a los tribunales superiores a Orellana por el “fracaso procesal” en el sistema de justicia. “La ley contempla diferentes recursos dentro de los procesos para revisar sus acciones y que las diversas partes que han sido afectadas por sus resoluciones han activado y tanto las Salas de Apelaciones, la CSJ y la CC han permitido llegar hasta este punto, jugando con garantías mínimas, lo cual es inaceptable”.
SISTEMA BAJO TENSIÓN
El caso del juez Orellana, dicen, expone la fragilidad de los mecanismos de rendición de cuentas dentro del Organismo Judicial. Sus resoluciones recientes no solo constituyen presuntas faltas graves y gravísimas, según los abogados, sino que también evidencian una crisis institucional en la que la independencia judicial se ha convertido en un argumento para justificar decisiones que atentan contra la estabilidad democrática.
La Hora publicó un reportaje en agosto pasado en donde se reveló que Orellana contaba con 12 denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial, pero 12 de ellas fueron archivadas y una se encontraba en trámite. Los magistrados de dicha junta no hallaron ninguna falta cometida por el juez Orellana, quien acumula el mayor número de sanciones internacionales —42— en toda la historia del país.
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“El sistema de justicia tiene que ser uno de los pilares fundamentales en los que toda la sociedad debiera encontrar un consenso sobre la importancia de contar con jueces éticos, procesos eficientes y, en general, una justicia pronta, cumplida e imparcial. Es imposible pensar en el desarrollo de Guatemala, en cualquier ámbito, si este punto no se aborda de fondo”, concluye Paiz sobre la crisis judicial.
