La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, reveló este martes 21 de octubre un caso por supuestas irregularidades en un convenio firmado entre el Ministerio de Salud del gobierno del presidente Bernardo Arévalo y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés).
La investigación, que incluye cuatro órdenes de captura y una solicitud de antejuicio contra el ministro Joaquín Barnoya, ha generado reacciones encontradas y un contraste: mientras algunos casos avanzan con rapidez, otros, como el de la farmacéutica La Botica, permanecen estancados en el Ministerio Público (MP) que dirige la también sancionada fiscal general María Consuelo Porras.
Según Curruchiche, el convenio con UNOPS fue “lesivo para los intereses del Estado” y se firmó sin la autorización del Congreso, lo que, a su juicio, configura una serie de delitos de corrupción.
Durante su intervención, el jefe de la FECI no solo apuntó al ministro Barnoya, sino también al presidente Arévalo y a su hermano Martín, a quienes vinculó con Gustavo Alejos. Curruchiche aseguró que a través de la farmacéutica Reus Pharma se realizaron “millonarios negocios” y que los fondos se habrían movido a cuentas en el extranjero.
Dejando bastantes dudas, el MP presenta caso de supuesta corrupción por convenio de UNOPS
Las declaraciones de Curruchiche —quien evitó responder si sentía cómodo con las acusaciones contra el presidente y su hermano, así como la solidez de las pruebas— contrastan con la falta de avances en la investigación sobre La Botica, S. A., la empresa farmacéutica vinculada a Miguel Martínez, pareja del expresidente Alejandro Giammattei y sancionado por el departamento del Tesoro de EE. UU. por recibir sobornos a cambio de darle contratos estatales a empresas.
UN CASO QUE NO AVANZA
El 9 de mayo de este año, el Ministerio de Salud ordenó el cierre temporal de La Botica tras detectar una serie de irregularidades que, según la resolución oficial, representaban un riesgo para la salud pública. El Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos documentó fallos en el almacenamiento, la distribución y el control de medicamentos, entre ellos un lote del antiviral Remdesivir cuya calidad no pudo verificarse.
La Botica, vinculada a Martínez y favorita en el IGSS, en problemas: cierre temporal de Salud
Sin embargo, en marzo pasado —dos meses antes— la cartera sanitaria presentó una denuncia ante el MP, pero hasta la fecha no se ha informado de avances en la investigación. El caso tampoco ha sido objeto de pronunciamientos públicos por parte de la FECI o la fiscal general, quien fue reelecta por el expresidente Giammattei en 2022.
Otra brasa para el MP: Salud denuncia a La Botica; ¿los investigarán?
A ello se suma que La Botica fue señalada en 2023 por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) por transacciones sospechosas que implicaban depósitos millonarios desde el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la Tesorería Nacional. Dichos fondos, alertó un banco del sistema, no correspondían con el perfil financiero de la empresa. Sin embargo, el expediente permanece inactivo en el MP.
Una segunda denuncia de la IVE en contra de La Botica de la cual no se conocen resultados
AUGE DE LA FARMACÉUTICA BAJO GIAMMATTEI
Durante el gobierno de Giammattei (2020-2024), La Botica pasó de ser una empresa poco conocida a una de las principales proveedoras del Estado. De 2015 a 2019, acumuló adjudicaciones por Q16.7 millones, pero entre 2020 y 2023 el monto se disparó a Q547.9 millones, de los cuales el 75% provino del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
El vínculo entre Martínez y La Botica se estableció a través de su amigo, Jairo Ernesto Ponce Fernández, conocido como “Cuto”. Su hermano, Dorian Fabián Ponce Fernández, figuró como presidente del Consejo de Administración de la farmacéutica. Ambos acompañaron a Giammattei en viajes oficiales y fueron fotografiados en eventos junto al entonces mandatario y Martínez, lo que reforzó las sospechas de cercanía.
MP dice que investiga a La Botica, cercana a Miguel Martínez, pareja de Alejandro Giammattei
Las inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud a principios de este año revelaron que La Botica operaba junto a otra droguería, Abasto Farma, sin cumplir los requisitos legales, y que almacenaba medicamentos vencidos o con registros irregulares. Además, en sus bodegas se localizaron productos etiquetados como de uso exclusivo del IGSS, institución que le ha adjudicado la mayoría de sus contratos.
Gracias al IGSS principalmente, La Botica cerca de igualar sus millonarios contratos de 2023
El caso, denunciado por la propia administración de Arévalo —a la que Porras ha perseguido penalmente— se mantiene sin avances. La Hora ha publicado un conteo diario en donde se señala la pasividad del MP cuando los implicados pertenecen al círculo cercano del expresidente Giammattei y Martínez, ambos incluidos en la lista de actores corruptos y antidemocráticos de EE. UU.
Este diario preguntó en conferencia de prensa a Curruchiche qué respondía a aquellos que señalaban a Porras de haber pactado con los expresidentes Jimmy Morales y Giammattei para ser electa a cambio de no incomodar con investigaciones penales a dichas figuras presidenciales, pero no respondió a la interrogante.
Miguel Martínez alega persecución política por parte de la OFAC y dice “sufrir daño económico”
