Las autoridades indígenas y ancestrales articuladas en el Espacio Nacional Iximulew entregaron el pasado 16 de octubre una carta al Congreso de la República en la que exigen la derogación del artículo 13 del Decreto Legislativo 31-2024, conocido como “Ley Ganadera”.
En el documento, los representantes señalaron que la reforma al Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluida en esa ley ha reducido los recursos del Programa de Alimentación Escolar, golpeando directamente el derecho a una alimentación digna de la niñez guatemalteca.
Sin embargo, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), explicó en una entrevista para La Hora, que antes de la reforma, las Organizaciones de Padres de Familia (OPF) debían pagar el 12% de IVA al adquirir insumos de establecimientos registrados ante la SAT, adicional al margen de intermediación de los proveedores acreditados.
La Superintendencia señala que esto reducía el monto disponible para financiar los alimentos.
«Con la vigencia del Decreto, el Mineduc retendrá y trasladará directamente el impuesto a las cajas fiscales, liberando a las organizaciones de estos gastos operativos», asevera.
De acuerdo con el análisis técnico, la Superintendencia agrega que, «esta medida aplicada correctamente, no debe representar un impacto financiero para el Ministerio de Educación ni para las OPF, pero sí incrementa la capacidad de ejecución de los fondos y preserva la trazabilidad del gasto».
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¿QUÉ DICE LA PETICIÓN?
La petición, dirigida al presidente del Congreso, Nery Ramos, pide a los 160 diputados reformar el artículo 13 del decreto “y proceder a exonerar del IVA a las Organizaciones de Padres de Familia (OPF)”, encargadas de administrar los fondos del programa.
“Nos avergüenza que en lugar de fortalecer e incrementar el monto económico de la alimentación escolar, estén atentando contra la salud, la seguridad alimentaria y el acceso a una alimentación digna para la niñez guatemalteca”, señalaron las autoridades en el pronunciamiento.
Frente a la sede del Legislativo, un representante de Iximulew insistió en que “como pueblos de Guatemala, unidos en asamblea, exigimos la derogación del artículo 13 del Decreto 31-2024, que establece la retención del 12% del IVA a las refacciones escolares”. El dirigente agregó: “Esto es muy lamentable, porque mientras se obstaculiza el derecho de los niños a alimentarse, otros sectores del país gozan de privilegios y exenciones”.
En su declaración pública, las autoridades subrayaron que el recorte no solo afecta la nutrición infantil, sino que profundiza las desigualdades estructurales en el país. “Los niños y jóvenes de las escuelas representan el futuro y son los forjadores del desarrollo de las comunidades rurales, de los pueblos indígenas y de Guatemala”, afirmó uno de los líderes frente al Congreso.
NORMA APROBADA POR CONGRESO
El reclamo de las autoridades indígenas surge luego de una nota de La Hora en la que se menciona que la reforma al IVA, incluida en la Ley Ganadera ha supuesto una reducción de 336.8 millones de quetzales anuales al Programa de Alimentación Escolar, según estimaciones del Ministerio de Educación (Mineduc).
“El recorte incide en la calidad alimenticia y nutricional de los estudiantes”, reconoció el Mineduc en un reportaje publicado por este medio. “Disminuye la cantidad de productos que se adquieren y afecta directamente el cumplimiento del programa”, advirtió.
MINISTRA PIDE DEROGACIÓN DE ARTÍCULO
La ministra de Educación, Anabella Giracca, ha solicitado al Legislativo la derogación del artículo 13, alegando que la medida “no fue diseñada ni propuesta por el ministerio”, sino impuesta por el Congreso. A pesar de los llamados del Ejecutivo, la iniciativa para revertir la reforma lleva diez meses sin avanzar en el pleno.
La ley fue impulsada por el diputado Luis Aguirre, de la bancada Cabal, con el apoyo de Movimiento Semilla, el partido que llevó a Bernardo Arévalo a la presidencia y que entonces todavía no se había dividido en las facciones de Raíces y Semilla, oficialista.
Desde entonces, el Mineduc ha mantenido conversaciones con diferentes bancadas para revertir el impacto de la reforma. De momento, ninguna iniciativa de derogación ha prosperado en el Congreso.
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