La crisis interna en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) escaló un peldaño más. Este 10 de octubre, el abogado Maynor Giovanny Caté Chirix presentó ante el Ministerio Público (MP) una denuncia de antejuicio contra el presidente del Organismo Judicial, Teódulo Cifuentes Maldonado, y la magistrada Flor de María García Villatoro.
Ambos son señalados de haber incurrido en el delito de abuso de autoridad al ordenar traslados y nombramientos de magistrados suplentes como magistrados titulares sin seguir el procedimiento constitucional.
La denuncia llega dirigida al despacho de María Consuelo Porras, fiscal general y jefa del MP, señalada por “obstruir la justicia y socavar la democracia”.
El documento, al que tuvo acceso La Hora, acusa a los magistrados de haber emitido una resolución el pasado 20 de agosto de 2025, mediante la cual trasladaron magistrados titulares de unas salas de apelaciones a otras sin garantizarles audiencia previa, como exige el artículo 26, literal a), de la Ley de la Carrera Judicial.
DENUNCIA ENVIADA A PORRAS
Además, según el denunciante, ambos “nombraron magistrados suplentes en su condición de titulares”, una atribución que la Constitución reserva exclusivamente al Congreso de la República, conforme al artículo 217.
“Los denunciados rebasa[ron] el ámbito de sus funciones al haber realizado traslados sin conferir la audiencia previa (…) y por haber designado magistrados suplentes de Salas de Apelaciones en su condición de magistrados titulares para que ocupen la titularidad (…) en sustitución del Congreso de la República”, se lee en el texto presentado por Caté Chirix.
El abogado solicita al MP que admita la denuncia e inicie las diligencias de antejuicio contra Cifuentes y García Villatoro, con el fin de que el expediente sea trasladado a la Corte Suprema —integrada sin los magistrados señalados— y posteriormente, si aceptan el antejuicio, al Congreso de la República, que tendría que decidir si retira o no la inmunidad a los altos funcionarios.
La denuncia presentada ante el MP subraya que las acciones de Cifuentes y García Villatoro encuadran dentro del delito de abuso de autoridad, tipificado en el artículo 418 del Código Penal. La norma establece que “comete delito de abuso de autoridad, el funcionario o empleado público que, abusando de su cargo o de su función, ordenare, realizare o permitiere cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración pública o de terceras personas”.
La denuncia le recuerda a Porras que la ley contempla penas de prisión de tres a seis años e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. Además, los magistrados de avanzar la solicitud de retiro de inmunidad podrían enfrentar responsabilidad si se comprueba que usaron apremios ilegítimos o innecesarios para imponer sus decisiones.
El documento presentado no se limita a la descripción de hechos, sino que detalla la plataforma jurídica que respalda la acusación. Se cita que los magistrados que avalaron la decisión no podían realizar traslados ni nombramientos de titulares sin la intervención del Congreso, y que su resolución rebasó las competencias establecidas por la Ley de la Carrera Judicial y la Constitución.
Como prueba, el denunciante adjunta fotocopia certificada de la resolución del 20 de agosto de 2025, que consta en el acta 33-2025, y propone que el MP requiera a la CSJ el documento original para constatar el hecho ilícito endilgado a los magistrados.
MAGISTRADOS DISIDENTES ADVIRTIERON
La denuncia surge semanas después de que el bloque dominante de la CSJ, encabezado por Cifuentes, moviera sus fichas y aprobara la creación de cuatro nuevas Salas de Apelaciones como parte de un plan más amplio que prevé abrir hasta 20 salas en 2025.
Sin embargo, la medida se vio empañada por la polémica decisión de nombrar directamente a 11 magistrados suplentes como titulares, un procedimiento que, de acuerdo con la Constitución, solo puede ser ejecutado por el Congreso tras recibir nóminas de las Comisiones de Postulación para magistrados de Salas de Apelación.
Pese a las advertencias de varios magistrados —entre ellos Estuardo Cárdenas y Flor de María Gálvez—, el bloque dominante de la Corte avaló la decisión. Ese grupo está integrado, además de Cifuentes y García Villatoro, por los magistrados Mauricio Corado Campos, Gustavo Morales Duarte, Claudia Paredes, Jenny Alvarado, Ramiro Contreras, Clemen Juárez e Igmaín Galicia Pimentel.
El magistrado Cárdenas recordó en esa sesión el precedente del Acuerdo 33-2017, cuando fue el Congreso, y no la CSJ, el que nombró a los magistrados titulares de las nuevas salas creadas en aquel año. “Compete al Congreso de Guatemala nombrar, no a la Corte Suprema de Justicia”, advirtió en el acta 33-2025, punto quinto, numeral 4, literal f), citada como prueba en la denuncia.
En el acta de la sesión del pleno, la magistrada García Villatoro admitió no haber notificado al Congreso sobre la integración de las nuevas Salas de Apelación. García, quien también ejerce como representante suplente de la CSJ ante el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ), tenía la responsabilidad de informar al Legislativo sobre las vacantes derivadas de la creación de estas nuevas judicaturas.
En lugar de cumplir con este procedimiento, se limitó a utilizar la lista de magistrados suplentes disponible para integrar las Salas y designar titulares y suplentes, dejando en suspenso la participación del Congreso y generando cuestionamientos sobre la legalidad de los nombramientos.
La presentación del antejuicio contra Cifuentes y García Villatoro marca un nuevo episodio en la pugna por el control del sistema judicial guatemalteco, donde el bloque dominante de la CSJ sigue impulsando decisiones que, según juristas y observadores, debilitan la independencia judicial y vulneran el orden constitucional. Así como el lograr posicionar antes del próximo 13 de octubre al sucesor de Cifuentes como el presidente del OJ; Claudia Paredes apunta a ser la elegida.
Teódulo Cifuentes se inclina por Claudia Paredes para dirigir la CSJ
