
En un fallo que cierra un juicio marcado de venganza y persecución política, la jueza Patricia Verás absolvió a la fiscal Paola Pimentel al no encontrar prueba material válida que acreditara la supuesta revelación de declaraciones reservadas al abogado del fallecido militar Erick Melgar Padilla en el expediente conocido como Manipulación de Justicia.
La resolución fue dictada la tarde de este 17 de septiembre, tras una audiencia en la que la togada escuchó la última palabra de la acusada, quien por la mañana se declaró inocente y defendió su trayectoria en el Ministerio Público (MP).
La sentencia llega después de cuatro jornadas de debate —celebradas el 6, 13 y 19 de agosto, así como el 2 de septiembre— en las que la validez de la prueba material presentada por la Fiscalía fue objeto de cuestionamientos.
El llamado “disco duro”, considerado como la “prueba reina”, fue excluido de valor probatorio al no haber sido embalado, carecer de cadena de custodia y aparecer un día antes de la audiencia en donde el juez Mario Hichos rechazó usarlo como prueba, solo exhibirlo.

La jueza recordó que la entrega formal del expediente, ordenada en octubre de 2021, se realizó en un USB proporcionado por la defensa de la parte acusada, lo que introdujo una contradicción esencial entre los soportes alegados por la Fiscalía y la documentación original del proceso. Sobre esa base, concluyó que no era posible sostener una condena penal.
“En el debate no se logra demostrar la responsabilidad de Pimentel. Este tribunal no encuentra definitivamente, ni siquiera, que esto pueda constituirse como hecho delictivo. No encuadra en el hecho delictivo de la Ley de Acceso a la Información Público”, subrayó de manera contundente la jueza en nombre del Tribunal.
Asimismo, remarcó que la Fiscalía no presentó a un agraviado que habría resultado afectado por las supuestas acciones de Pimentel.

«No se encuentra que la conducta pueda encuadrarse en los hechos que son motivo de acusación», remarcó la jueza y dijo que «no se podía establecer el daño que la Fiscalía ha pretendido que se ha ocasionado con la entrega de esa información», resaltó.
Pimentel se suma a la lista de fiscales que han logrado salir invictos. Le preceden Samari Gómez, Eduardo Pantaleón y Stuardo Campo, quienes en juicio lograron demostrar su inocencia en tres casos que, al igual que el suyo, han sido señalados de formar parte de una ofensiva del MP, de María Consuelo Porras, de castigar a quienes investigaron corrupción y al poder.
ACUSACIÓN SIN SUSTENTO TÉCNICO
El MP, representado en sala por los fiscales Jorge Luis Cortés y Edgar Barrascout Urízar, sostuvo que Pimentel había entregado declaraciones bajo reserva a la defensa del fallecido militar Erick Melgar Padilla. La Fiscalía pidió una condena de cinco años de prisión, multa de 100 mil quetzales e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Sin embargo, la acusación nunca logró superar la debilidad de su prueba central. Antes, la jueza recordó que el juez de etapa intermedia, Mario Hichos, ya había limitado el valor de ese disco duro a mera exhibición, al no reunir garantías mínimas. Con ese antecedente, Verás consideró que el MP se presentó al debate sin un soporte técnico suficiente para demostrar la supuesta filtración.

UNA PALABRA CONTRA LA OTRA
Durante el juicio declararon, entre otros, la entonces jefa de Pimentel en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Heidi Maricruz Muñoz Samayoa, la hija del militar investigado, Alejandra María Melgar, y el abogado de la familia, Miguel Ángel Letona. Los testimonios confirmaron tensiones en el proceso, pero no lograron acreditar que el disco duro presentado tardíamente correspondiera al expediente formalmente entregado en 2021.
La defensa de Pimentel, encabezada por Herbert Pérez, durante todo el debate insistió en la “pobreza probatoria” del caso y subrayó la ilegalidad de los fiscales Cortés y Barrascout de intentar reproducir el contenido del dispositivo.

ÚLTIMA PALABRA DE PIMENTEL
Por la mañana, Pimentel se declaró inocente y apeló a su carrera de más de 15 años en el MP, marcada —según relató— por jornadas extenuantes y renuncia a vacaciones. “Soy una mujer que toda la vida ha tratado de ser transparente, intachable y correcta”, dijo, al tiempo que denunció los daños “psicológicos, emocionales y económicos” sufridos durante más de un año de suspensión laboral sin ingresos.
Acusó al MP de actuar “de manera arbitraria” al ocultar información, negarle acceso a diligencias de descargo y sostener la acusación en un disco duro “que apareció mágicamente un día antes de la audiencia de ofrecimiento de prueba”. También cuestionó la aplicación de la Ley contra la Delincuencia Organizada para prolongar su suspensión. “Es lamentable que la institución a la que dediqué tanto esfuerzo lo único que quiere es causarme daño”, afirmó.

Como cierre, agradeció a su familia y a quienes la acompañaron durante el proceso, y pidió a la jueza que dictara una sentencia absolutoria.
FALLO CON EFECTO INSTITUCIONAL
La resolución no solo restituyó la presunción de inocencia de Pimentel —suspendida de su cargo desde 2024—, sino que también evidenció el costo institucional de un caso en el que fallas técnicas y contradicciones probatorias terminaron por definir el desenlace.
Para Pimentel, la absolución confirmó que el proceso formaba parte de un patrón más amplio de criminalización contra operadores de justicia que investigaron redes de corrupción, como denunció.
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