La Corte Suprema de Justicia (CSJ) proyectó, al inicio de la gestión de Teódulo Cifuentes Maldonado, una imagen de apertura hacia la ciudadanía y la prensa. Sin embargo, a casi un año de su llegada a la presidencia del Organismo Judicial (OJ), aquella promesa se ha desvanecido entre silencios prolongados, maniobras de opacidad y estrategias de blindaje.
En el centro de esa política se encuentra la Secretaría de Comunicación del OJ, dirigida por Moisés Jerez tras la salida de Alisha Moguel, quien también había mantenido un perfil hermético durante la presidencia de la magistrada sancionada por EE. UU., Silvia Valdés, mientras que bajo el mandato de Oscar Cruz hubo mayor apertura por medio de ruedas de prensa periódicas.
Lejos de operar como un canal de transparencia, la dependencia funciona como una coraza para los magistrados. Controla el acceso a la información, niega respuestas a consultas periodísticas y organiza discretas rutas de escape para evitar que los magistrados sean abordados en actos públicos.
MAQUINARIA PARA EL SILENCIO
El 31 de julio pasado, durante los homenajes por el Día del Juez, los magistrados de la Corte salieron apresuradamente por una puerta lateral de la Sala de Vistas, rodeados por personal de Comunicación y Protocolo que operó como cordón de seguridad.
La maniobra evitó que los periodistas pudieran cuestionarlos sobre asuntos que la Corte Suprema mantiene en reserva: el arrendamiento millonario de un edificio para juzgados contra la extorsión, suspendido por falta de licencias; los nombramientos discrecionales de jueces señalados de ilegales que reveló este diario; o los preparativos para elegir al nuevo presidente del OJ.
Asimismo, el magistrado Mauricio Corado Campos fue retirado discretamente del lugar. Días antes, La Hora había publicado un reportaje en el que se señalaba que su hijo defendió a la presunta responsable de la muerte de la joven zacapaneca Melissa Palacios, además de vincular a Corado con la discrecionalidad en el traslado de jueces penales.
El único magistrado que la Secretaría dejó en solitario fue René Girón Palacios, quien permaneció en la actividad sin mayor resguardo. Girón forma parte del grupo disidente de la Corte Suprema y, según distintas resoluciones, se ha opuesto a las prácticas opacas del bloque dominante encabezado por Cifuentes Maldonado, y del que Corado Campos forma parte.
La escena no es aislada. El 11 de mayo, La Hora publicó cómo el pleno de magistrados ha sesionado durante meses sin informar sobre los resultados de sus sesiones. Desde que asumió Cifuentes Maldonado, únicamente en dos ocasiones se han divulgado acuerdos del pleno, pese a que estas reuniones se realizan semanalmente. “Se informará a la población”, fue la promesa inicial del presidente. La práctica ha sido el silencio.
Consultados por La Hora, periodistas de distintos medios señalaron que la Secretaría de Comunicación se niega a responder no solo sobre asuntos sensibles, sino también sobre cuestiones administrativas o posturas frente a señalamientos. Un ejemplo fue el silencio tras la advertencia de la Cámara de Comercio, que consideró que el traslado de los juzgados de extorsión a la zona 9 representaba un riesgo.
“ESTÁ OCUPADO”
La opacidad no solo se refleja en actos públicos, sino también en la relación cotidiana con la prensa. El pasado 25 de agosto, este diario acudió a las oficinas de la Corte Suprema para solicitar a Moisés Jerez una postura oficial sobre las constantes negativas a responder consultas.
El funcionario se limitó a trasladar que estaba ocupado. Este diario esperó más de 40 minutos, y posteriormente se acordó permanecer en el edificio hasta el cierre de la jornada laboral —las 15.30 horas— a la espera de un espacio para la conversación.
Nunca llegó. Tras más de seis horas en la sede del OJ, Jerez no ofreció respuesta.
La lógica de blindaje que impera en la Corte Suprema no es nueva. Bajo la dirección de Moguel, Comunicación también negó información a los medios y protegió a magistrados de señalamientos. Hoy, Jerez continúa la misma línea.
El cierre informativo coincide con una Corte cuestionada por la presencia de jueces sancionados por gobiernos extranjeros y por resoluciones favorables a personajes vinculados a la corrupción. En este contexto, la estrategia de evitar preguntas se vuelve, en la práctica, un escudo político.
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