Audiencia de reparación digna por Hogar Seguro se realiza a puerta cerrada por temor a extorsiones

Ocho años después de que 41 niñas murieran calcinadas en el incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal celebró este jueves la audiencia de reparación digna a puerta cerrada, atendiendo a una solicitud del Ministerio Público (MP).

La jueza Ingrid Vanessa Cifuentes, quien condenó el martes pasado a seis de siete exfuncionarios a penas de entre seis y 25 años de prisión por su responsabilidad en la tragedia, ordenó el retiro de medios de comunicación y de terceros ajenos al proceso. 

La decisión respondió a la petición del fiscal Edgar Gómez —a cargo de la acusación y de las sentencias—, quien advirtió que las víctimas y sus familias podrían ser objeto de extorsiones si se revelaban en público los detalles de la reparación.

El fiscal Gómez explicó que se han planteado algunas propuestas de indemnización, pero las víctimas han expresado temor por su integridad física. “Cualquier sentencia que se pudiera dictar podría ponerlas en riesgo por las extorsiones que agobian a nuestra ciudadanía”, afirmó.

#AhoraLH | El fiscal Edgar Gómez, quien logró junto a la Fiscalía las condenas por la muerte de 41 niñas en el caso Hogar Seguro, solicitó a la jueza Ingrid Cifuentes que la audiencia de reparación digna se celebre a puerta cerrada y solo con la presencia de las partes… pic.twitter.com/44bFIkngiU

— Diario La Hora (@lahoragt) August 14, 2025

Gómez agregó que, de revelarse públicamente los montos, podría interpretarse que las víctimas ya son beneficiarias de los recursos. “Por ello, han solicitado que la audiencia se tramite a puerta cerrada, garantizando la seguridad de las partes procesales”, señaló.

La reparación digna consiste en un conjunto de medidas orientadas a resarcir, en la medida de lo posible, el daño causado a las víctimas y a sus familias.

Estas pueden incluir indemnizaciones económicas, atención psicológica, becas educativas, actos públicos de disculpa, programas de apoyo social y la construcción de memoriales en memoria de las víctimas. 

Durante la audiencia, las familias y sobrevivientes pueden presentar sus peticiones, que la jueza evaluará para determinar cuáles serán ejecutadas y en qué plazos, con el objetivo de garantizar justicia, dignidad y memoria histórica.

19 MESES DE JUICIO

El juicio, que comenzó el 10 de enero de 2024, se extendió por 19 meses y abarcó 121 audiencias. Las diligencias se centraron en esclarecer la responsabilidad penal por la muerte de las adolescentes, que permanecían encerradas bajo llave en un salón del centro estatal, adscrito a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, cuando estalló el incendio.

El martes, el tribunal condenó a Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social; Santos Torres, exdirector del Hogar Seguro; Brenda Julissa Chamán, exjefa de Protección Especial; Luis Armando Pérez Borja, exsubcomisario de la Policía Nacional Civil; Gloria Castro, exdefensora de la Niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos; y Lucinda Marroquín, agente de la PNC.

Permanecerán bajo arresto domiciliario mientras se ejecuta la sentencia. El exfuncionario Harold Flores, entonces procurador de la Niñez en la Procuraduría General de la Nación, fue absuelto.

En la lectura del fallo, Cifuentes relató que las adolescentes habían iniciado un incendio en protesta por los malos tratos que denunciaban, pero las autoridades no abrieron la puerta pese a escuchar sus gritos. Nueve minutos después, cuando las llamas ya habían consumido el salón, fue abierta. “Que se quemen esas hijas de la gran puta’”, citó la jueza como testimonio sobre lo dicho por Marroquín en ese momento.

El tribunal también ordenó investigar al expresidente Jimmy Morales (2016-2020) por su posible responsabilidad, después de que testigos lo señalaran como parte de la cadena de mando que mantuvo a las menores encerradas.

OTROS CUATRO PENDIENTES

La sentencia del 12 de agosto dejó abierto el proceso contra otros cuatro procesados: Rocío Albany Murillo Martínez, exjueza de paz de San José Pinula; Romeo Rolando Miranda, secretario del mismo juzgado; Ofelia María Pérez Campos, excoordinadora del área Mi Hogar de la Secretaría de Bienestar Social; y Cruzy Flor de María López, exmonitora de privación de libertad. Enfrentan cargos de falsedad ideológica y material, maltrato a menores e incumplimiento de deberes.

Su audiencia intermedia, a cargo del juez Pedro Laynez, ha estado suspendida durante cinco años. La última postergación ocurrió el 18 de junio y la nueva fecha fue fijada para el 16 y 17 de octubre. Laynez, cuestionado por favorecer a figuras como el exministro Alejandro Sinibaldi y Patricia Marroquín, esposa del expresidente Morales, ha sido protegido por la Junta de Disciplina Judicial en siete de las ocho denuncias presentadas en su contra.