Abogados que buscan transparentar pacto colectivo del STEG apelan ante la CC por rechazo de amparo

Un grupo de abogados presentó una apelación ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para revertir la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de rechazar el amparo provisional que habían solicitado contra la reserva de confidencialidad impuesta al proyecto de pacto colectivo entre el Ministerio de Educación (Mineduc) y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), de Joviel Acevedo, sancionado por EE. UU. bajo señalamientos de corrupción.

La impugnación, interpuesta este 19 de julio, sostiene que la negativa de la Corte Suprema vulnera el derecho constitucional al acceso a la información pública y omite los criterios previamente establecidos por la propia CC. El abogado Javier Urízar Montes de Oca, junto a sus colegas Edgar Ortiz y Edgar Gustavo Lima Muñoz, así como José Javier Gálvez, argumenta que el contenido del borrador del pacto —de alto impacto presupuestario y administrativo— no puede permanecer oculto a la ciudadanía bajo una figura de confidencialidad sin sustento legal.

La acción de amparo original fue presentada el 3 de mayo, tras conocerse que el Mineduc había aceptado mantener en reserva el contenido del documento a solicitud del sindicato, desde enero de este año. La Corte Suprema resolvió el pasado 16 de julio no conceder la protección interina, al considerar que “las circunstancias del caso no ameritan su otorgamiento”.

En su recurso, los abogados califican esa decisión como «contradictoria» y sostienen que el proyecto de pacto colectivo “podría aprobarse en secreto antes de que se resuelva el fondo del amparo”, dejando sin materia el proceso judicial. 

Según alegan, esta situación cumple con los criterios previstos en los artículos 27 y 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que permiten la suspensión provisional de actos que puedan ocasionar daños irreparables.

DOCUMENTO CON FUERZA DE LEY

La apelación subraya que el pacto colectivo en discusión no es un simple acuerdo entre partes, sino un instrumento jurídico que, por su naturaleza, puede adquirir rango de ley material. “Influye directamente en cómo el Mineduc prestará un servicio público esencial como la educación”, señala el escrito. Por tanto, los demandantes consideran que mantener su contenido bajo reserva vulnera no solo el derecho individual de acceso a la información, sino también el principio de fiscalización social.

Los abogados remarcan que el Acuerdo Ministerial 89-2024, mediante el cual se impuso la confidencialidad, carece de fundamento legal y se adoptó sin que el Mineduc realizara un análisis objetivo de las razones para clasificar la información. Pese a que dicho acuerdo fue derogado semanas después, el Ministerio mantuvo la reserva alegando que no podía levantarla sin el consentimiento del sindicato, el cual se ha negado a ello.

“La información relacionada con negociaciones colectivas en el sector público no figura entre las excepciones previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública. Declarar su confidencialidad constituye una ilegalidad notoria”, reza la apelación.

PIDEN TRANSPARENTAR PACTO COLECTIVO

Los abogados han solicitado que la Corte de Constitucionalidad revoque la negativa y ordene la publicación del contenido del proyecto de pacto colectivo mientras se resuelve el fondo del caso.

El debate sobre la transparencia en las negociaciones sindicales se da en medio de la presión creciente del STEG de Acevedo, cuyos integrantes han protagonizado manifestaciones, bloqueos y varias caminatas hacia la capital en demanda de que se atiendan sus exigencias laborales. La reserva del documento se ha convertido así en un nuevo punto de fricción entre el derecho ciudadano a la información y las prácticas opacas de la administración pública.

En gobiernos anteriores, el líder magisterial ha firmado acuerdos que establecen bonos, licencias sindicales ampliadas y asignaciones presupuestarias. Aunque su figura ha sido objeto de fuertes críticas desde distintos sectores, Acevedo ha consolidado su poder como uno de los principales interlocutores sindicales del Estado, al punto de mantener una relación de fuerza con casi todos los gobiernos desde la década de 2000.

Sin embargo, la administración de Bernardo Arévalo y la ministra de Educación, Anabella Giracca, han puesto un freno a Acevedo, a quien han señalado de tener privilegios de un “cuasi ministro” con dicho Pacto. Y derivado de eso se ha desatado una pelea entre el poder del líder magisterial contra el gobierno central.