Angelita Carolina Martínez Rodas, la controvertida sindicalista del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que sirvió como pieza clave en la ofensiva del Ministerio Público (MP) contra los magistrados titulares de esa institución, fue trasladada este jueves 17 de julio del centro carcelario donde guarda prisión preventiva hacia el Hospital General San Juan de Dios, en la zona 1 capitalina, debido a problemas de salud que no han sido especificados.
La Oficina de Información y Prensa confirmó el traslado, pero no precisó las razones que lo motivaron. En caso de proporcionar más detalles, estos serán añadidos oportunamente.
Martínez, secretaria general del sindicato StarTSE, fue arrestada el pasado 17 de junio por el delito de abuso de autoridad en forma continuada. Su aprehensión se produjo en el contexto de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que la vinculó inicialmente al caso Semilla, aunque su acusación se centra en presuntas acciones irregulares cometidas dentro del propio TSE.
Durante su audiencia de primera declaración, Martínez se presentó como testigo protegida del MP por haber denunciado un supuesto “fraude electoral” tras los comicios de 2023. Sin embargo, tanto el juez Fredy Orellana como la fiscal Leonor Morales desmintieron tal condición procesal, lo que llevó a la detenida a reconocer que mintió y pedir disculpas públicamente. Su testimonio fue clave para abrir el expediente conocido como caso TREP, que sirvió de base para acusar a los magistrados titulares de la autoridad electoral.
Entendiendo el caso de Angelita Martínez, la sindicalista que se alió al MP y fue capturada
ÓRDENES, AMENAZAS Y GRABACIONES
La FECI imputa a Martínez tres hechos por los que el juez Orellana la ligó a proceso. El primero: haber emitido órdenes ilegales a trabajadores del TSE, documentadas mediante grabaciones y testimonios. Uno de ellos, identificado como Testigo A, aseguró que la sindicalista amenazó a empleados de la Unidad de Archivo para que se afiliasen a su sindicato, bajo advertencia de represalias si mantenían contacto con trabajadores críticos de la magistrada presidenta en funciones, Blanca Alfaro.
En una de las grabaciones entregadas por otro denunciante, Martínez advierte: “Si yo sé que están con Juan Carlos Jocol o Nancy en horario de trabajo, va acta dirigida a la Inspección por no estar en su área”. En el mismo audio, amenaza con despedir a quien contraríe sus instrucciones: “Yo sé cómo botarlos”.
El segundo hecho se vincula directamente con esa presión sindical. Y el tercero —según el MP— se produjo el 18 de febrero de este año, cuando Martínez, sin autoridad legal, ordenó a un guardia de seguridad violentar una puerta para sustraer un sistema de aire acondicionado que luego fue trasladado a otra sede del TSE.
LA AUDIENCIA
Durante la audiencia judicial también surgieron supuestos indicios de una relación estrecha entre Martínez y la magistrada Alfaro. Durante la audiencia se mencionó que uno de los testigos señaló que la sindicalista pidió públicamente “donativos” al diputado Luis Aguirre para rifas internas, bajo conocimiento y autorización de la presidenta del TSE.
Una declaración incorporada al expediente asegura que Alfaro habría encargado a Martínez abogar por al menos seis personas —entre ellos, jefaturas clave del TSE— ante los diputados, con el objetivo de asegurarse su permanencia en las próximas designaciones judiciales de 2026.
El MP también expuso un esquema en el que Martínez, valiéndose de su cargo como jefa del Archivo General del TSE, ofrecía plazas a cambio de patrocinios políticos. Las contrataciones, según la investigación, no eran gestionadas por Recursos Humanos, sino desde su propia unidad administrativa.
Angelita Martínez atribuye a «represalias» del MP como motivo de su detención por la FECI
NOMBRAMIENTO BAJO SOSPECHA
Martínez habría presumido, ante sus compañeros, que su nombramiento como jefa del Archivo General fue una recompensa directa por haber denunciado a los magistrados titulares del TSE. “Ese puesto lo merece mi jefecita”, habría dicho en alusión a Alfaro, según testimonios recogidos por la fiscalía.
Pese a desempeñar un cargo que requiere título en bibliotecología, Martínez no cumplía con ese requisito. El juez Orellana señaló incluso irregularidades en su documento académico: su título data del 31 de octubre de 1999, pero el sello de la Contraloría General de Cuentas es anterior, del 28 de octubre.
En una última línea de acusación, la fiscal Morales aseguró que Martínez fue utilizada para responder en redes sociales contra la FECI durante el aseguramiento de las cajas electorales, lo que se interpretó como un intento por blindar mediáticamente a la magistrada Alfaro.
Angelita Martínez, sindicalista del TSE pide disculpas por decir que es testigo protegida
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