La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó al Sindicato de Trabajadores de la Educación (STEG), que lidera Joviel Acevedo, poner fin a los bloqueos y ocupaciones que mantiene desde mayo en distintas sedes del Ministerio de Educación. La orden se da tras rechazar una apelación presentada por el sindicato y constituye un revés a la estrategia de presión ejercida contra la titular de la cartera, Anabella Giracca, a quien exigen la firma de un nuevo pacto colectivo.
El sindicato, que desde hace dos décadas ejerce una poderosa influencia en el sistema educativo, ha sido señalado por el propio presidente, Bernardo Arévalo, de promover un acuerdo que otorgaría beneficios desproporcionados a su dirigente, a quien describió como un “cuasi ministro”. La postura del Gobierno de Arévalo marca una ruptura con la relación tradicional entre el Ejecutivo y el STEG, que durante sucesivos gobiernos gozó de privilegios y recursos sin mayor fiscalización, pese a una sanción que EE. UU. impuso a Acevedo por corrupción.
En su fallo, la Corte exige al sindicato cesar de inmediato “las amenazas de medidas de hecho relacionadas con el cierre, ocupación y permanencia dentro de las Direcciones Departamentales de Educación de la República de Guatemala”. El objetivo, según el alto tribunal, es restablecer el acceso pleno del personal a sus labores, permitir la atención administrativa y garantizar que la ciudadanía pueda realizar los trámites correspondientes en esas dependencias.
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La resolución advierte, además, que el derecho a la manifestación no puede ejercerse en detrimento del derecho a la educación de miles de estudiantes. Por tanto, las acciones de protesta del sindicato no deben interferir en la prestación del servicio público.
Las medidas dictadas por la Corte estarán vigentes mientras se resuelve de manera definitiva la acción constitucional planteada contra el STEG.
La resolución fue emitida y firmada este 14 de julio por la presidenta de la CC, Leyla Lemus, junto a los magistrados titulares Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa Escribá y Héctor Hugo Pérez Aguilera. También participó la magistrada suplente Claudia Paniagua, quien integró el pleno en sustitución de Nester Vásquez, ausente en la sesión.
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DERECHOS VIOLENTADOS RECLAMADOS
La decisión de la alta Corte responde a los hechos expuestos por la Procuraduría General de la Nación (PGN), que actúa como representante legal del Estado en este proceso. En su argumentación, la PGN alegó que el sindicato ha vulnerado varios derechos constitucionales, entre ellos la libertad de locomoción, el acceso a los servicios públicos y, principalmente, el derecho a la educación.
“El postulante estima vulnerados los derechos de libertad de acción y de locomoción, a la educación, a la continuidad en la prestación de servicios públicos y al libre acceso a las dependencias del Estado”, expuso la PGN, en nombre del Ministerio de Educación. A su juicio, la amenaza de cierre y paralización de las Direcciones Departamentales de Educación a nivel nacional constituye una “situación gravosa” que afecta directamente los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
La Procuraduría también advirtió que el sindicato ha invocado la figura de “asamblea permanente” sin que esta esté contemplada en el pacto colectivo vigente, lo cual considera ilegal. Además, señaló que tomar medidas de hecho, como la ocupación de instalaciones públicas, no es la vía legítima para resolver diferencias, y que los sindicatos deben recurrir a los canales institucionales, priorizando el diálogo y la paz.
