Juez no llega y se suspende audiencia que definiría reabrir caso por filtraciones de ¡Yes, Master! en caso contra González

Diego España

Por segunda vez, el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal suspendió la audiencia en la que se definiría si se reabre la investigación por la filtración de información en el proceso judicial que el Ministerio Público (MP) tramita en contra de Claudia González, exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El caso que originó esta denuncia permanece bajo reserva judicial, una figura autorizada por el juez Jimi Bremer, sancionado internacionalmente.

González fue detenida en agosto de 2023, acusada de abuso de autoridad por investigar a la exmagistrada Blanca Stalling, aunque al momento de los hechos no ostentaba un cargo público, sino que integraba un organismo internacional. La abogada ha representado legalmente a fiscales que se encuentran en el exilio y que han denunciado una persecución política impulsada por la fiscal general María Consuelo Porras.

El proceso penal contra González se ha desarrollado en estricta confidencialidad, amparado en la reserva judicial, un mecanismo que ha sido criticado por su uso discrecional en casos de criminalización para evitar la exposición de acusaciones con fundamentos débiles. El juez Bremer —quien anteriormente ordenó investigar a periodistas del extinto diario elPeriódico— avaló dicha reserva, prohibiendo a los involucrados compartir información sobre lo discutido en audiencias.

Sin embargo, resoluciones y datos del caso han sido filtrados y divulgados por la cuenta anónima ¡Yes, Master! en la red social X. Esta cuenta, identificada como parte de un netcenter afín a sectores de impunidad, ha publicado información sensible proveniente de fuentes internas del MP y del Organismo Judicial.

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SUSPENDIDA POR SEGUNDA VEZ

La audiencia programada para el 8 de julio fue suspendida debido a que el juez Israel Zelada se encontraba convaleciente y ausente del juzgado. En la diligencia se discutiría la oposición a la desestimación de la denuncia presentada por González por la filtración de datos reservados. La abogada y su defensa argumentan que el caso no debe cerrarse, como pretende la Fiscalía.

“La denuncia incluía hechos ilícitos, pero el Ministerio Público decidió desestimarla. Nos opusimos y es la segunda vez que la audiencia se suspende. La han reprogramado hasta septiembre de este año”, explicó la abogada defensora de González a la prensa.
Asimismo, criticó que la Fiscalía haya tardado dos meses en una investigación “poco eficaz, deficiente, que no condujo a ninguna verdad histórica”.

González también manifestó su frustración por lo que considera un doble rasero en la actuación del MP. “La justicia no es igual para todos. El Ministerio Público actúa de forma selectiva, decide qué casos cerrar y cuáles no. En mi caso se violó la reserva judicial y no están haciendo nada”, denunció.

La exjefa de la CICIG apuntó directamente a la cuenta ¡Yes, Master! como una de las responsables de difundir resoluciones confidenciales. “A las cuatro de la tarde esa cuenta ya estaba publicando. ¿Cómo es posible que ¡Yes, Master! tenga acceso a expedientes judiciales?”, cuestionó, en alusión a una resolución que fue publicada en esa cuenta apenas minutos después de ser emitida.

OTRO CASO CONTRA ¡YES, MASTER!

En enero de 2024, el magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, Rony López, denunció que una embajada acreditada en el país había alertado sobre un plan para asesinarlo, presuntamente orquestado por el crimen organizado. Coincidentemente, la cuenta ¡Yes, Master! publicó en al menos tres ocasiones los lugares donde el togado se encontraba, exponiendo su ubicación de forma sistemática.

López presentó una denuncia formal contra el perfil anónimo para que el MP investigara si existía un vínculo entre esa cuenta y estructuras criminales. En un memorial, advirtió que no podía acudir a las instalaciones del ente encargado de la persecución penal mientras el secretario general del MP, Ángel Pineda, continuara en ese cargo debido a los posibles conflictos de interés y señalamientos de estar detrás de la cuenta.

La denuncia no avanzó. El MP la desestimó, pero el magistrado se opuso ante un juzgado penal. La jueza a cargo ordenó reactivar la investigación ante la falta de diligencias realizadas por la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia. También instruyó al MP a designar un fiscal especial para garantizar la imparcialidad del proceso. Sin embargo, en una publicación anterior de La Hora, la institución confirmó que no acataría esa disposición.

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