Bruselas ha dejado claro que el deterioro democrático en Guatemala no pasará desapercibido. La Unión Europea (UE) mantiene vigente un régimen sancionatorio específico contra personas e instituciones guatemaltecas señaladas de socavar el Estado de derecho y la democracia. Estas medidas se enmarcan en una estrategia más amplia para preservar los valores fundamentales en sus relaciones exteriores.
La UE ha impuesto desde enero de 2024 un régimen de sanciones dirigido específicamente a Guatemala, en respuesta a lo que describe como un «deterioro profundo del Estado de derecho» y ataques sistemáticos contra la democracia. Esta decisión no fue tomada a la ligera. Según el comunicado oficial, la UE siguió de cerca el proceso electoral de 2023 y observó con preocupación las acciones emprendidas por actores institucionales para deslegitimar los resultados.
La Misión de Observación Electoral de la UE, desplegada durante los comicios, concluyó que no hubo fraude. A pesar de ello, algunas de las personas hoy sancionadas insistieron en promover acusaciones infundadas, contribuyendo a lo que Bruselas considera una desestabilización institucional. Por ello, el Consejo de la Unión Europea —el órgano que reúne a los ministros de los 27 Estados miembros— acordó por unanimidad sancionar a cinco figuras clave del Ministerio Público (MP), incluida la fiscal general María Consuelo Porras, y el juez Fredy Orellana.
Unión Europea renueva sanciones contra Porras y sus aliados hasta 2026 por socavar la democracia
La más reciente inclusión es la de Ricardo Méndez-Ruiz, presidente de la organización de ultraderecha Fundación contra el Terrorismo (FCT); el representante de la misma, Raúl Falla Ovalle; la organización, señalada de promover persecuciones políticas contra ex operadores de justicia; y el juez Jimi Bremer. Los tres hombres vetados por EE. UU. bajo la Lista Engel desde años atrás.
A continuación, algunos de los puntos que la Unión Europea explica al respecto de las sanciones y que subraya en una hoja informativa sobre su decisión:
¿QUÉ SANCIONA EXACTAMENTE LA UE?
Las sanciones no se dirigen contra el país o su población, sino contra personas y entidades específicas responsables de acciones que, a juicio del Consejo, atentan contra la democracia y el Estado de derecho. Entre las conductas sancionables figuran la persecución de funcionarios públicos involucrados en el proceso electoral, el uso indebido del aparato judicial contra autoridades electas, la represión de periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia independientes.
El régimen también contempla sanciones por infracciones financieras graves, como la malversación de fondos públicos o la exportación ilícita de capitales. Además, se pueden sancionar a personas asociadas con quienes ya figuran en la lista, aseveran.
¿A QUIÉNES AFECTAN LAS SANCIONES?
Las medidas restrictivas implican la prohibición de entrada y tránsito en territorio europeo, así como el congelamiento de fondos y activos dentro de la UE. Igualmente, se impide que las personas sancionadas reciban fondos o beneficios económicos desde Europa. Las sanciones son públicas y pueden consultarse en el Diario Oficial de la UE, según la información oficial.
¿CÓMO SE DECIDE A QUIÉN SANCIONAR?
El proceso de inclusión en el régimen sancionatorio es meticuloso. Según el comunicado, inicia con una propuesta elaborada por la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, basada en información proporcionada por uno o varios Estados miembros. Posteriormente, se somete a revisión por distintos órganos técnicos del Consejo antes de ser aprobado por unanimidad.
Estas medidas son revisadas anualmente. En diciembre de 2024, el Consejo decidió extender por un año más la vigencia del régimen sancionatorio, al constatar que las conductas que motivaron su adopción persisten.
UN PATRÓN REGIONAL
Guatemala no es el único país latinoamericano sujeto a sanciones europeas. Desde 2019, Nicaragua enfrenta medidas similares dirigidas a 21 personas y tres entidades. Venezuela está sujeta a un régimen sancionatorio desde 2017, con 69 personas en la lista. Haití también ha sido objeto de sanciones desde 2022, siguiendo una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. A nivel global, la UE aplica regímenes similares a países como Rusia, Irán, Corea del Norte y la República Democrática del Congo.
¿SE PUEDE APELAR?
Sí. Las personas sancionadas pueden presentar una solicitud de reconsideración ante el Consejo de la Unión Europea o interponer un recurso ante el Tribunal General de la UE. Mientras tanto, las sanciones siguen en vigor y su aplicación es supervisada por la Comisión Europea, explican.
UNA SEÑAL POLÍTICA FIRME
“La UE utiliza las sanciones para promover la paz, apoyar la democracia y los derechos humanos y defender el Derecho internacional”, recuerda el comunicado. Las medidas adoptadas en el caso de Guatemala forman parte de una estrategia coherente para proteger los principios democráticos, incluso en contextos complejos como el guatemalteco.
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